La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fija su postura de cara a la recomendación 48/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Morelos del gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, ubicadas en Tetelcingo, comunidad de Cuautla.

1.- Reconocemos la decidida participación de los colectivos y organizaciones de familiares de víctimas de la violencia y la guerra contra las drogas, quienes acompañaron el proceso para hacer posible la apertura de las fosas, exhumación de los cuerpos y la toma de muestras genéticas. En particular, ha sido fundamental la participación de las hermanas María Concepción y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao.

2.- Reconocemos la participación e intervención de la CNDH para lograr la sinergia entre instituciones federales, estatales y autónomas académicas, así como organizaciones de la sociedad civil para la apertura de las fosas, exhumación de los cuerpos y la toma de muestras genéticas.

3.- Reconocemos la importante disposición y participación de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la División Científica de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para supervisar los trabajos de apertura de las fosas y para tomar muestras e identificar los perfiles genéticos de los 119 cuerpos exhumados.

4.- Reconocemos asimismo, la participación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la federación, cuya presencia ha posibilitado que se pueda sistematizar la experiencia y se diseñe un modelo de trabajo con participación de instituciones de distintos ámbitos y niveles.

5.- La recomendación de la CNDH confirma que las fosas “irregulares”, no son un “error garrafal”, si no que son muy similares a las que cava la delincuencia organizada por todo el país. Las fosas son clandestinas, pues tienen “condiciones de clandestinidad”, como lo señala el personal de la CNDH.

6.- En las fosas clandestinas de Tetelcingo, no hay sólo “irregularidades” en la inhumación de al menos 119 cuerpos. La recomendación de la CNDH deja en claro que lo ocurrido en Tetelcingo configura delitos que deben ser investigados, procesados, juzgados y sancionados.

7.- De hecho, la cadena de funcionarios involucrados en los crímenes cometidos en las fosas clandestinas de Tetelcingo alcanzan todos los niveles de mando. De acuerdo con la recomendación de la CNDH, al menos 42 servidores y ex servidores públicos deben ser investigados y, en su caso, procesados, juzgados y sancionados con apego a la ley.

8.- Sin embargo, en las fosas clandestinas de Tetelcingo y los crímenes que se derivan de ellas, hay distintas responsabilidades que van de aquellos funcionarios que participaron directamente en el traslado e inhumación clandestina de los cuerpos, pasando por quienes ordenaron y permitieron que se hiciera, así como la responsabilidad política que avaló estas acciones con mentiras y medias verdades.

9.- El gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu no escapa a esta responsabilidad. De hecho, el mandatario es el principal responsable, no sólo porque ha sido en su gobierno que se confirma que el Estado cava sus propias fosas clandestinas, si no porque incluso al saber que existían, nunca permitió que esto se transparentara e intentó a toda costa mantener ocultos los crímenes que se derivan de Tetelcingo. Sus declaraciones desde octubre de 2015, que se hizo público el asunto, hasta hoy, tienen como objetivo minimizar lo ocurrido y deslindarse de los delitos que ahí se cometieron. Algunas de sus declaraciones son verdaderas burlas a las familias de las víctimas.

10.- El gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, como lo establece la recomendación de la CNDH, violó el derecho de acceso a la justicia en la modalidad de inadecuada procuración de justicia y el derecho a la verdad.

11.- El hecho de que la CNDH confirme que a 47 cuerpos se les debieron abrir carpetas de investigación nuevas, que 21 cuerpos no tenían ningún dato para poder ser identificado, que había varios cuerpos que no tenían necropsia de ley, confirma que existen crímenes que la justicia no puede dejar impunes.

12.- La CNDH confirmó que existen 21 cuerpos que estaban claramente identificados y que fueron depositados en las fosas clandestinas del gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu en Tetelcingo a pesar de ello. Esto podría configurar el delito de desaparición forzada y debe ser juzgado y castigado.

13.- Al menos cuatro cuerpos ya fueron reclamados por sus familias. Los dos primeros en diciembre de 2014, Oliver Wenceslao y una maestra de Yautepec. Los otros dos, derivado de las diligencias de mayo-junio de este año. Si las organizaciones de las víctimas, si la insistencia de la UAEM, esto no hubiera sido posible. Teníamos razón en exigir que se abrieran las fosas.

14.- Las familias de las víctimas, las organizaciones defensoras de derechos humanos y el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos no pueden estar equivocados, la labor de la UAEM en el caso Tetelcingo fue fundamental para la posibilidad de la justicia para las víctimas.

15.- Graco Luis Ramírez Garrido Abreu es el principal responsable de lo que ocurrió en Tetelcingo y la labor de la UAEM lo ha incomodado profundamente, por ello sus persistentes intentos por desacreditarla, dividirla y asfixiarla económicamente. Graco protagoniza una venganza porque la UAEM develó sus crímenes en Tetelcingo.

16.- No olvidamos que diversas versiones de habitantes de Morelos e investigaciones periodísticas confirman que existe una tercera fosa clandestina en Tetelcingo, así como otras más en Jojutla y otros municipios de Morelos. El gobierno federal en coordinación con los familiares de las víctimas y de la mano de la UAEM, debe realizar la preservación de los lugares, la apertura de dichas fosas y la exhumación de los cuerpos, así como el procesamiento y castigo de esos crímenes.

17.- La UAEM reitera su disposición y convicción de trabajar del lado de las víctimas y sus familias en la defensa de sus derechos y en la construcción de condiciones que les garanticen la justicia.

Por una humanidad culta

Una Universidad socialmente responsable

Ciudad Universitaria, 9 de octubre de 2016.