17-05-2017

Las fosas del gobierno de Graco en Morelos

Jaime Luis Brito

 

Tetelcingo “representa la confirmación de que el Estado también tiene sus fosas clandestinas”, dice Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Al menos aquí, en este poblado de Cuautla, la Fiscalía local cavó varias, donde depositó irregularmente más de 100 cuerpos. Es una “práctica común” de todas las fiscalías del país, dicen las propias autoridades, sin embargo, ello no implica que eso sea legal. En medio de la ardua labor de exhumar e identificar estos cuerpos, se tejen historias de mujeres que pasaron de ser amas de casa, comerciantes o trabajadoras domésticas, a buscadoras de sus propios hijos.

Ante la incapacidad, ineficiencia o complicidad de los aparatos de seguridad pública y procuración de justicia, estas mujeres, y en muchos casos, hombres, ciudadanos de a pie, han tenido que asumir un papel que nunca pidieron. Sus rostros representan el surgimiento de una nueva sociedad civil que se organiza ante la tragedia. Como en durante los terremotos de 1985 en la Ciudad de México, pero ahora en todo el país y contra un sismo que parece interminable, el de la violencia irracional que se multiplica por todo el país.

Durante la apertura de las fosas, además de los equipos técnico periciales de la Fiscalía local, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal, hubo un grupo de madres y familiares que tuvieron que colocarse sus trajes Tybek, de los que usan los peritos y registraron minuciosamente todo lo ocurrido en las fosas.

Fundamental para el caso de las fosas de Tetelcingo, ha sido la labor de María Concepción Hernández Hernández, madre de Oliver Wenceslao, un comerciante de Cuautla que fue secuestrado y asesinado por la delincuencia en 2013, y luego sepultado ilegalmente junto con los otros cuerpos en estas fosas. Junto con su hermana Amalia, luego de recuperar el cuerpo de su hijo, en diciembre de 2014, comenzaron una batalla legal y civil para lograr que estas fosas fueran reabiertas y que se identifique quiénes son los demás cadáveres.

María es una mujer de 55 años. Nació en Cuautla y nunca imaginó lo que ocurriría después del 24 de mayo de 2013, cuando su hijo fue privado de la libertad y luego asesinado. “Jamás imaginé que esto pasaría. Pero la fuerza me la da mi hijo, porque yo amo demasiado a mis hijos, por eso estoy aquí (en Tetelcingo), porque no puedo dejar de pensar en lo que estarán pasando las mamás de las personas que están en las fosas”, dijo en un receso de los trabajos de exhumación.

Metida en su traje blanco, debajo porta una playera blanca con la imagen de su hijo a quien ha nombrado “portavoz de los desaparecidos”. Lleva una gorra que le cubre parte del rostro, su mirada es tímida. Durante la entrevista, varias veces voltea a otro lado. No puede contener las lágrimas cuando recuerda a su hijo, menos aún cuando narra lo que ha pasado. Al inicio de la charla pide que no le pregunte nada de lo que pasa en las fosas. No quiere dar información que ponga en riesgo la diligencia.

Ella es parte del equipo que va registrando las condiciones en las que va saliendo cuerpos de la fosa. Uno de los coordinadores de la UAEM, le había comentado al reportero que María Concepción no estaría directamente en las fosas. Sin embargo, a pesar de que admite que muchas veces tiene miedo, “sé que no soy valiente”, levantó la mano y no se ha perdido ninguna parte del proceso.

Cuenta que su familia se dedica a la venta de pollo y carnitas en Cuautla. Que es un negocio heredado de sus padres y que ahora continúan sus hijos. Tres generaciones dedicándose al comercio. “Estudié hasta el cuarto semestre de Medicina en la UNAM, pero después me casé y dejé la carrera”. Nunca imaginó que pudiera estar en la primera línea al abrir las fosas.

Cuando se le pregunta por qué lo hace, se le nubla la mirada. Cuenta que su hijo Oliver Wenceslao era “como cuchillito de palo” cuando estaba vivo , y ahora, “me habla, me dice, ‘ya vieron lo del oficio’, ‘ya presionaron a esta autoridad’, así era y así sigue siendo. Me habla a través de las ideas que tengo. Es el vocero de los desaparecidos, por eso luchamos hasta que se abrieran las fosas. Ahora esperamos que todas las personas que están ahí, encuentren a sus familias”.

Esta mujer, menuda, con cabello cano, se presentó en el campo El Maguey, a principios de mayo de 2016, para acompañar al rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez y al poeta Javier Sicilia, quienes dieron a conocer que un juez ordenaba la apertura de las fosas. El lugar estaba acordonado y con sellos de la Fiscalía. Sin embargo, Vera y Sicilia los atravesaron, para dar el anuncio desde dentro de ese perímetro. María Concepción hizo lo mismo, igual que otras personas.

Eso le costó que el gobierno de Graco Ramírez la acusara, junto a los demás, de sabotaje y ultrajes a la autoridad. No es la primera vez que ocurre. Una víctima que durante más de dos años fue revictimizada y luego criminalizada por las autoridades que deciden no hacer su trabajo. “Si me meten a la cárcel, pues nada más te pido que me lleves unos cigarritos. No fumo, pero puedo aprender”, dice con sorna cuando se le pregunta al respecto.

Aunque el gobierno se comprometió a retirar la denuncia, no queda claro en qué estatus se encuentra. En el colmo de los absurdos, durante la excavación de las fosas, el 23 de mayo, primer día de las diligencias, después de varias horas de trabajo de la retroexcavadora, las autoridades cayeron en la cuenta que se habían equivocado. Las fosas estaban justo a un lado de ese hoyo que tomó todo el día cavar. “¿Qué te digo? Es el colmo. Y todavía se atreven a decir que no hay irregularidades”, mueve la cabeza en señal negativa, mientras se acomoda el traje, en unos minutos reiniciarán los trabajos de exhumación.

 

La joven buscadora

 

Tranquilina Hernández Lagunas es madre de Mireya Montiel Hernández, una joven que el 13 de septiembre de 2014, tenía 18 años. Ese día, acompañó a su novio, pero éste la dejó en la calle sola por un momento y cuando regresó ya no estaba. Desde entonces su mamá comenzó la búsqueda incansable. En abril de 2016, conociendo el caso de las fosas de Tetelcingo, acudió a un juez y le solicitó que instruyera a la Fiscalía local para que la UAEM participara en la exhumación e identificación de los cuerpos, como su representante. Lo logró. En mucho, la exhumación fue gracias a su intuición.

De mirada clara, es una mujer joven, soltera, que a pesar de su tragedia conserva el buen humor. Su vida ha cambiado de manera radical. Antes de ese día, su preocupación principal era llevar el sustento a sus dos hijas, Mireya y una menor de 13 años que estudia la secundaria. Se desempeñaba como trabajadora doméstica “en casas de judíos”. Sin embargo, desde que desapareció su hija, dejó de trabajar y emprendió su búsqueda. Hoy en día, recicla periódicos y hace artesanías y utilitarios para “irse sosteniendo”.

Su vida ha dado un vuelco. Antes de la desaparición de su hija nunca había pensado en participar en algún espacio público. Desde que eso ocurrió, no sólo hizo posible la apertura de las fosas de Tetelcingo, si no que incluso, desde 2016, esta mujer forma parte de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos que intervino en Veracruz y otros estados. Su fuerza se nota cuando habla. “No sé si voy a encontrar a mi hija aquí (en Tetelcingo), porque yo la sigo buscando en vida. Pero debo tener los pies en la tierra, aunque mi esperanza es que continúe viva y no se encuentre aquí”, dice mientras sus ojos café claro se nublan.

Pero cómo fue que se convirtió en buscadora. “Me fui juntando con otras mamás. Entendí que la desaparición de mi hija no es la única, que existen muchas que andan como yo, buscando hasta debajo de las piedras. Un día supe que había una capacitación para buscar en fosas. Es muy difícil aceptar que la hija de uno puede estar en una fosa. Uno quiere pensar que las va a encontrar en vida. Pero de todos modos fui”, cuenta.

“Me enseñaron como rascar la tierra, como usar la pala y el pico. Me enseñaron cómo es el olor cuando hay gente enterrada. Aprendí. Ya después vino la Brigada (Nacional) y primero pensé que no podría ir, por mi otra niña. Pero mi familia me ha apoyado mucho. Saben que es algo que tengo que hacer. Así que terminé yendo a Veracruz”. Y siente miedo. “Miedo, miedo real, lo he sentido en Veracruz, aquí en Morelos, no es miedo, es más bien rabia, dolor, tristeza”.

Ataviada con su traje Tybek con el logo de la UAEM en la espalda, Tranquilina se puso en el filo de las fosas, registrando cada detalle que observó. Uno a uno los cuerpos fueron saliendo y ella escuchó, registró, observó. “No tengo estudios (terminó la secundaria), pero la verdad, a algunos de los peritos de la Fiscalía, les podríamos enseñar su trabajo”, dice divertida. Para el cuarto día de exhumación, se le veía cansada. Tenía unas ojeras que le rodean los ojos, pero no se “raja”. “Tenemos que seguir. Las personas que están en las fosas no son basura, no son animales, hay que apurarnos y sacarlos a todos de ahí”, dice a pesar de que la diligencia puede tomar otros 15 días.

“El dolor que siento, es el mismo que tienen otras madres, otras personas, otras familias. Yo quiero contribuir a buscar a otras personas. Traje esa lona con la cara de mi hija (señala), la puse ahí, porque quiero que si sale en las cámaras (de televisión), quizás alguien la haya visto y me avise. Pero también quiero que si ella ve las imágenes, se dé cuenta de que la estoy buscando, de que a pesar del tiempo, no he dejado de buscarla, de extrañarla”, explica Lina, como la llaman sus amigos. Se le cae su celular. “¡Ese teléfono! Ya no lo quiero, siempre se me cae”, sonríe, lo levanta, se despide y regresa a trabajar.

Muchas otras historias se tejen en Tetelcingo. Junto a las carpas de la UAEM, una ambulancia sirve para la toma de muestras. Unas 40 personas han venido, porque oyeron en algún lado que en estos días, en que se abren las fosas, también están elaborando de manera gratuita el perfil genético de los familiares. Con el rostro triste, con el dolor vivo en la mirada, hombres y mujeres jóvenes y viejos, con la fotografía de sus seres queridos desaparecidos, todos van contando su historia, la mil veces repetida, la mil veces ignorada.

Al fondo, se escucha la máquina excavadora. Camarógrafos y fotógrafos se pelean un lugar sobre la pipa de la UAEM que les sirve de andamio en el límite del perímetro. Otros más se acomodan entre las rejas de seguridad. Las madres miran con esperanza la escena. La máquina ha exhumado a un cuerpo más. Mientras unas cantan la Oda a la alegría, pintan un hermoso mural sobre papel; otras se apuran a darle la bienvenida al cuerpo que ha sido rescatado del abismo. “¿A qué hora salió?” Luego atan la cartulina al perímetro. Fecha, hora y número de cuerpo: “Bienvenido, tu grito ahogado de dolor será mi fuerza. Somos el eco de tu voz. No he dejado de buscarte, ese pedazo de mi corazón que me hace falta. No me daré por vencida hasta tenerte en casa”. En el oriente, el Popocatépetl revienta, mientras, otra fumarola.

 

Las fosas

 

A un metro de un camino de saca, en el predio El Maguey, ubicado en el ejido de Tetelcingo, al norte de Cuautla, Morelos, se encuentran las fosas clandestinas del gobierno de Graco Ramírez. Ni siquiera la propia fiscalía sabía exactamente dónde estaban, cuántos cuerpos había. Nada. Hoy, después de las exhumaciones, son sólo unos montículos de tierra que se pierden en medio de la maleza.

El panteón, es un campo abierto. Limitado al este por una barranca por la que corre un riachuelo, y al sur y al oeste por unos campos de sorgo. El límite norte es un camino de terracería. Es la comunidad de Tetelcingo, que desde hace años luchar por ganar su autonomía de Cuautla y convertirse en el primer municipio indígena de Morelos.

Ahí se encontraron las dos fosas clandestinas que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos utilizó en 2014 para depositar cadáveres, supuestamente desconocidos y no reclamados por nadie. De acuerdo con el video proporcionado por la familia Hernández Hernández, en esas fosas se encontraron el 9 de diciembre de 2014, 150 cadáveres embalados en plástico PVC y, algunos, muy pocos, con una botella de plástico PET con algún tipo de identificación.

Oliver Wenceslado Rodríguez Hernández fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en la colonia Ampliación Gabriel Tepepa, de Cuautla por cuatro sujetos, mientras recogía a sus hijos de las escuela. Con base en la versión de testigos se abrió la carpeta de investigación CT-UIAE/83/2013 por el delito de desaparición de persona.

El 3 de junio de ese mismo año, es decir, 10 días después, su cuerpo fue encontrado en el barranco de los Papayos, en el municipio de Ayala, al sur de Cuautla. El cadáver fue levantado y se abrió una carpeta de investigación con número CT-UIDD-A/1791/2013, por el delito de homicidio. En esa carpeta se consigna que el cadáver estaba sin identificar.

Después de revisar las pertenencias del cuerpo, se encuentra una credencial y se establece que era Rodríguez Hernández. Sin embargo, con ayuda de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, se realiza una prueba de ADN, con su mamá, María Concepción Hernández Hernández, misma que establece “un 99.99 por ciento de probabilidad” de identificación.

Sin embargo, autoridades de la fiscalía sugirieron a la madre de Oliver que no reclamara el cadáver, sino que permitiera que se hicieran otros peritajes. Cita Concepción Hernández a la entonces subprocuradora de la Zona Oriente, Liliana Guevara Monroy: “es necesario realizar más periciales al cadáver, por lo que era importante que no me entregaran en esos momentos para asegurar las pruebas y evitar que los responsables salieran libres”.

La familia dio su anuencia para que el cuerpo siguiera en la Subprocuraduría Regional Oriente, que unos meses después se convirtió en la Fiscalía Regional Oriente, en Cuautla. Había dos carpetas de investigación, una por secuestro, la otra por homicidio, ambas acumuladas en el mismo caso. La investigación continuó, supuestamente.

Y según relata la madre, en una reunión el 4 de diciembre de 2014, prácticamente un año y medio después de hallado el cadáver, el encargado de la Fiscalía regional, José Manuel Serrano Salmerón, admitió ante la familia que el cadáver de su hijo había sido enviado a una fosa común.

El funcionario informó además que tenía conocimiento que el cadáver había sido inhumado en esa fosa el 28 de marzo de 2014, es decir, nueves meses antes de que la familia se enterara de esto. Concepción Hernández afirma que ella confió todo el tiempo en que el cuerpo de su hijo estaba en las cámaras frigoríficas de la Fiscalía Regional, sin embargo, según el propio Serrano Salmerón, habrían sido el entonces fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado, hoy delegado de la PGR en Durango; y la directora general de servicios periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira, quienes habían ordenado la inhumación de 150 cadáveres, entre ellos el de Oliver Wenceslao.

Todo esto fue realizado en un predio que no cuenta con permiso sanitario correspondiente para la inhumación de cadáveres, y sin enviar oficios de aviso o solicitud de dichos permisos. De hecho, existen los oficios del ayuntamiento de Cuautla, en los que se expresa que no existe ni aviso ni solicitud de ningún tipo. El ayuntamiento que encabezó el perredista Jesús González Otero afirma que no tenía conocimiento ni oficial ni extraoficial de que se hubieran inhumado 150 cuerpos en ese predio de Tetelcingo.

El día 9 de diciembre de 2014, la Fiscalía finalmente accedió a entregar el cuerpo. Para ello, familiares acudieron a presenciar, no sin resistencia del personal de la fiscalía, la diligencia en la que se exhumaron los 150 cadáveres entre ellos el de Oliver Wenceslao, mismo que fue entregado a la familia. Al término de la diligencia, l148 cuerpos restantes fueron devueltos a las fosas, en las mismas condiciones legales, sin permiso. El cuerpo de una maestra secuestrada en Yautepec, fue reconocido por un perito y de una vez fue dejado fuera y supuestamente devuelto a su familia.

Desde ese día, la familia de María Concepción y Amalia comenzaron una batalla legal para conseguir que los demás cuerpos pudieran ser devueltos a sus familias. “Hay 150 familias allá afuera buscando a esas personas, no es justo que estén ahí”, argumentaba María. Por ello, movieron cielo, mar y tierra para conseguirlo.

En octubre de 2015, ambas conocieron el Programa de Atención a Víctimas de la UAEM. Desde ahí se vincularon con organizaciones civiles y redes de colectivos que conformaron un grupo de presión para obligar al gobierno de Morelos a abrir las fosas, acreditar a un grupo de peritos independientes y tomar muestras de identificación de los cuerpos.

El 20 de noviembre de ese año, con el acompañamiento del rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez y del poeta Javier Sicilia, sostuvieron una reunión con el secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz Medina. La reunión fue un fracaso, no sólo porque en principio el fiscal Javier Pérez Durón no se presentó de inicio, si no porque después de escuchar a las familias presentes, los funcionarios de gobierno les hicieron creer que firmarían una minuta de acuerdos. Aunque después de varias horas, los dejaron ahí, sin llegar a nada.

La reunión comenzó pasadas las 5 de la tarde, con representantes de colectivos de víctimas de al menos 10 estados del país, entre ellos Morelos, Guerrero, Coahuila y Tamaulipas. Sin embargo, por parte del gobierno sólo estaba el secretario de Gobierno. Luego de guardar un minuto de silencio y de hacer las presentaciones correspondientes, el rector Vera Jiménez preguntó a Quiroz Medina, por qué no estaba presente el fiscal.

A ese cuestionamiento, se sumó Sicilia y Amalia Hernández: “Nos quedaremos aquí el tiempo que sea necesario, el que sea, hasta que llegue el fiscal”, advirtió indignada y secundada por los 60 representantes de colectivos presentes en la reunión. “Es una grosería que el fiscal no esté en esta mesa, exigimos respuesta”, señalaron.

La reunión se interrumpió por más de 40 minutos, hasta que Pérez Durón arribó. Se reinició la reunión y el fiscal dio respuestas genéricas a los cuestionamientos de los familiares, pero no dejó contentos a los presentes. Luego el secretario y el fiscal, se fueron.

Las negociaciones entre los familiares y funcionarios menores se extendieron hasta las 2 de la mañana del sábado 21. Al final, se rompió el diálogo y no hubo frutos. De ahí, las familias decidieron ir al siguiente nivel. Pues interpretaron eso como “una burla”. 

En conferencia de prensa, ese sábado por la mañana, en la ofrenda de Palacio de Gobierno, los familiares de las víctimas, acompañados por el rector y Sicilia, advirtieron que acudirían a la PGR para demandarle atraer el caso de las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos.

Además, advirtieron que acudirían a organismos internacionales de defensa de los derechos humanos para su intervención en el caso y coadyuvar junto a la UAEM, en el esclarecimiento de lo ocurrido en las fosas clandestinas ubicadas en Tetelcingo, Morelos, al norte de Cuautla. E incluso, advirtieron que en caso de no ser escuchados, como ocurrió con el gobierno de Morelos, ellos mismos abrirían las fosas y comprobar la identidad de los cuerpos, con la ayuda de la Universidad.

El lunes siguiente, las organizaciones y familiares sostuvieron una reunión con el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Plascencia, quien se comprometió a atraer el caso. Al día siguiente se emitió un comunicado que formalizó el procedimiento que incluía la demanda de que el gobierno del estado impusiera medidas cautelares para proteger la zona.

De acuerdo con el comunicado de prensa, la CNDH giró oficios al secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina y al fiscal Javier Pérez Durón, para que “se otorguen medidas cautelares que permitan garantizar la vida e integridad física de las señoras María Concepción Hernández Fernández y Amalia Alejandra Hernández Fernández, madre y tía de Oliver”.

También solicitó que se brinden medidas cautelares para garantizar la preservación del predio El Maguey, así “como mantener el registro que contenga la identificación de personas que intervengan en la cadena de custodia y de quienes están autorizados para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios de lo sucedido”.

El miércoles 25 de noviembre, el segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama López, encabezó una visita al panteón clandestino de Tetelcingo, para conocer el terreno de las fosas clandestinas, al tiempo que emplazó a la fiscalía regional para que le permita conocer el expediente del caso Oliver Wenceslao.

En entrevista, Guadarrama López dijo que el motivo de su presencia era iniciar el proceso de atracción del caso para recabar los informes necesarios para que la Comisión pueda tomar medidas y una decisión al respecto.

En enero de 2016, la fiscalía admitió que no contaba con todas las pruebas de identificación de los cuerpos inhumados clandestinamente en Tetelcingo. Ante diputados locales, que lo citaron a comparecer, Pérez Durón aceptó que la dependencia “extravió” los estudios de ADN de más de 40 cadáveres, por lo que, por primera vez, reconoció que debería exhumar una vez más los cuerpos, para realizarles los exámenes de identificación.

“Vamos a hacer la exhumación correspondiente para que aquellos cuerpos que no cuentan con el perfil genético o que periciales no los tiene, no exista ninguna duda. Vamos a tomar el perfil genético de alrededor de 40, que no los hemos encontrado. No sé si mañana o pasado llegue el coordinador de servicios periciales o el genetista y me diga licenciado ya los encontré”, sostuvo.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas de desaparición, acompañadas de la UAEM, avanzaron y sostuvieron varias reuniones con autoridades federales. Una de ellas al menos, fue celebrada con la participación de la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, quien se comprometió a llevar adelante la exhumación de los cuerpos y los procesos para su identificación.

Sin embargo, no fue sino hasta que un juez de control del Poder Judicial de Morelos, ordenó a la Fiscalía General de Morelos notificar “de manera personal” a Tranquilina Hernández Lagunas, madre de una joven desaparecida, “el día y la hora” en que se abrirán las fosas clandestinas, “para que participe activamente con sus expertos de la UAEM en la identificación humana de los cadáveres”.

En conferencia de prensa, el rector Vera Jiménez y Javier Sicilia, acompañados de María Concepción Hernández, madre de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, desafiaron el operativo policiaco que montó el gobierno del estado e ingresaron no sólo al panteón irregular de esa comunidad, sino incluso el cordón que guarda el lugar donde se encuentran las fosas, para desde ahí dar a conocer esta información.

Vera Jiménez dijo que es “agraviante que las víctimas hayan tenido que recurrir al auxilio judicial ante la negativa de la Fiscalía General del Estado de Morelos y de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos a reconocer el derecho de las víctimas a participar en las diligencias y ser asistidas por sus expertos, tal como lo mandata la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos”.

Sicilia por su parte, exigió a la Fiscalía a acatar la instrucción judicial, y que no intente combatirla legalmente. “La Fiscalía debe convertirse en un verdadero representante social al servicio de las víctimas y no del gobierno”. 

La conferencia de prensa estaba citada a las 10 de la mañana. La prensa local y algunos enviados de la Ciudad de México, llegaron puntuales. A las 10:30 horas, el rector, el poeta y los familiares, avanzaron acompañados de cámaras de fotografía y video. Ya habían cruzado la primera banda, donde un policía les abrió paso. Pero faltaba otra más, color rojo. La pasaron y los policías quisieron cerrar el paso a la prensa. “Que pasen sólo los que van a hablar”, dijo un oficial al mando.

Pero fue imposible detener al grupo de más de 30 personas. Avanzaron dos metros más hasta alcanzar la estructura tubular y con bandas de la policía, además de sellos oficiales de la Fiscalía, que circundaban el área donde supuestamente se encontraban las fosas. Vera Jiménez y Sicilia no se detuvieron, agachándose pasaron por debajo de las bandas e ingresaron junto con María Concepción Hernández, Angélica Rodríguez, madre de Viridiana, joven desaparecida en 2002 y también comisionada de atención a víctimas en Morelos; el coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, Roberto Villanueva Guzmán; y el coordinador de la Comisión de Identificación Humana, Iván Martínez Duncker.

Los policías levantaron la voz y corrieron a tratar de impedir que el grupo mencionado llegara hasta el sitio donde están las fosas. Sin embargo, Sicilia les paró el alto: “Vamos a pasar, comandante. No se oponga, porque vamos a pasar a cómo dé lugar. Nosotros no vamos a dañar el lugar, no vamos a hacerle nada a las fosas. Sólo queremos dar un mensaje de justicia y dignidad”. Eso terminó por desarmar metafóricamente a los policías, quienes no tuvieron más que dejarlos.

Fue el único momento de tensión. A un costado del lugar de las fosas, apenas unos dos metros, se observaba un montículo de tierra y una fosa más. En medio de la tensión, el rector Vera Jiménez, dijo a los policía, “no venimos a estorbarles, tampoco a dañar las fosas. Ustedes deberían cuidar mejor el lugar. Hemos visto que el gobierno ya trajo maquinaria pesada para comenzar trabajos quién sabe de qué”, advirtió señalando un montículo de tierra y una retroexcavadora junto a las fosas.

Enseguida, dio lectura al documento en el que se informó que la Fiscalía está obligada a garantizar el derecho de al menos una víctima, la señora Tranquilina Hernández, a estar presente en la inhumación de los cuerpos y además, que los expertos de la UAEM “participen activamente” en la identificación humana de los mismos e insistieron en que la apertura de la fosas y la identificación de más de 100 cuerpos depositados en las mismas, no debía estar a cargo de la Fiscalía, pues sería “juez y parte”.

Ese mismo día, la fiscal regional oriente de Morelos, Montserrat Castañeda Delgado, presentó una denuncia por incumplimiento de funciones, ejercicio indebido de servicio público, sabotaje, quebrantamiento de sellos y ultraje de autoridad, contra dos policías de Cuautla, el poeta Sicilia, el rector Alejandro Vera, el doctor Iván Martínez Duncker, así como María Concepción Hernández.

La denuncia fue presentada alrededor de las 4 de la tarde del lunes, y la “actora” fue la propia fiscal regional oriente, quien “por mi propio derecho”, presentó la querella, porque el 12 de mayo de 2016, los denunciados y otras personas más, cruzaron el perímetro establecido por las autoridades de Morelos, alrededor, supuestamente, de las fosas en Tetelcingo.

En entrevista, Javier Sicilia, aseguró que existe una “incongruencia” total de parte de las autoridades, porque “por un lado estamos dialogando en torno al asunto de las fosas de Tetelcingo y toda la criminalidad que ello encierra, y por el otro, este gobierno está criminalizando a los defensores de los derechos humanos y a las propias víctimas”.

Informó que el fiscal Pérez Durón recibió los reclamos de las víctimas y de los denunciados, en la reunión ocurrida en la PGR, y por otro lado, que el fiscal se disculpó públicamente, quien “aseguró que la denunciante, actuó de motu propio, y ofreció una disculpa pública a los denunciados”, sostuvo Sicilia Zardaín.

La fiscalía se comprometió a desistirse de la denuncia y a sobreseer la misma, para así terminar con la persecución en este caso de los defensores de los derechos humanos y de las familias de víctimas de la desaparición. Sin embargo, nunca quedó claro el estatus de esa denuncia.

Y así, a la fuerza, el gobierno de Morelos debió abrir las fosas con la presencia de las instancias federales y de los peritos independientes de la UAEM, representantes en este caso de las familias de las víctimas.

 

 

II

 

23 de mayo

A las 6:22 de la mañana del 23 de mayo de 2016, familiares de víctimas, integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y universitarios de Morelos, iniciaron un ritual religioso previo al inicio de la diligencia para abrir las fosas clandestinas de Tetelcingo.

Sin embargo, los representantes de la Fiscalía General de Morelos y elementos del Mando Único, iniciaron una serie de acciones dilatorias, como el intento por tapar la visibilidad del lugar donde se encuentra la fosa, lo que provocó roses y tensiones con los representantes de los medios de comunicación. En algún momento, un elemento de la Fiscalía y dos agentes del Mando Único jalonearon y empujaron a un corresponsal, provocando revuelo, discusiones y gritos. Unos 300 elementos del Mando Único formaron un cinturón alrededor del predio El Maguey, donde se ubican las fosas.

Después de varias discusiones, ambas partes, la Fiscalía, los representantes de las familias de víctimas y los enlaces institucionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), acordaron que sólo se taparían dos lados de la carpa y se dejarían dos más descubiertos. Entonces, la Fiscalía mandó traer la maquinaria para comenzar la excavación, lo que provocó un nuevo retraso de la diligencia.

A lo largo de prácticamente todo el día, reporteros y sobre todo, fotógrafos y camarógrafos, tuvieron una serie de roces y tensiones con elementos de la Policía del Mando Único, así como del personal de la Fiscalía. Los representantes de los medios de comunicación buscaron todo el día el mejor lugar para hacer tomas o tomar fotografías, mientras que los funcionarios obstaculizaron lo más que pudieron.

Además, los incumplimientos de la Fiscalía eran evidentes. No hubo ni agua potable, usaron la de una pipa que proporcionó de la UAEM. No construyeron canaletas para desalojar el agua que se utilizará para lavar los cuerpos. Tampoco instalaron una carpa para circundar la fosa, sino que colocaron sólo una lona que luego intentaron recubrir con plástico negro. Las familias reclamaron todo al fiscal en una reunión pública que celebraron al medio día.

Al lugar, llegó un trascabo con restos de barro en la mano mecánica que se utiliza para excavar. Entonces las víctimas exigieron que la Fiscalía cumpliera el acuerdo de proveer de la maquinaria idónea para realizar esta labor, o sea una máquina que contara con las condiciones de inocuidad y además que tuviera cubiertas las puntas, para evitar que se causaran daños a los cuerpos.

La molestia llegó a tal punto que las familias amenazaron con abrir las fosas “con sus propias manos”, sin embargo, el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, se comunicó vía telefónica con el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, y con el fiscal Javier Pérez Durón para instarlos a acudir al lugar. A las 11:00, el fiscal se comprometió a asistir “en cuanto fuera posible” a Tetelcingo.

Mientras tanto, el poeta Javier Sicilia, entabló comunicación telefónica con el fiscal de Derechos Humanos de la PGR, Éber Omar Betanzos, a quien informó de la situación en la zona. El funcionario federal se comprometió a llevar a cabo las llamadas necesarias para agilizar el procedimiento.

Socorro Tlapala Becerro, dueño del predio El Maguey donde se ubican las fosas, se mostró molesto por tanto movimiento. Al momento de la llegada, había tres patrullas del Mando Único y dos camionetas pick up de la Fiscalía, pero con el equipo de la UAEM, comenzó a verse mucho movimiento en la zona. No obstante, Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la máxima casa de estudios, le explicó que todo era equipo para utilizarse en la diligencia y para darle cierta comodidad de espacio a las más de 40 personas representantes de las familias de víctimas y de los 100 reporteros y fotógrafos en el área.

Seis horas y media después de la cita, comenzó a la excavación, con un acto simbólico, donde María Concepción y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao, respectivamente, y el propio fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, dieron las paladas iniciales de tierra.

A las 12 del día, el fiscal, éste se presentó en el lugar. De inmediato comenzó una reunión entre el fiscal y los familiares de las víctimas, misma que se planeó a puerta cerrada, pero finalmente, debió celebrarse como pública, pues la carpa donde se sentaron fue invadida por decenas de reporteros, camarógrafos y fotógrafos que enmarcaron el encuentro en el que se destrabaron las tensiones.

El fiscal pidió a los presentes permitir el ensanchamiento del perímetro de seguridad. Las víctimas accedieron de inmediato. Luego pidió disculpas públicamente por no haber conseguido la maquinaria idónea para llevar la excavación. Valentina Peralta, de Eslabones por los Derechos Humanos, le dijo claramente: “Mira Javier, ese no es problema, las madres de las víctimas y los presentes estamos dispuestos a hacerlo con las manos, si es necesario”.

Esto se convirtió en un acuerdo. Así que salieron y comenzaron a palear. No obstante, dos horas después, a las 2:30 de la tarde, regresó el trascabo que se había retirado a las 11 de la mañana. Y comenzó a excavar, trabajó que duró más de una hora. Hasta las 3:15 de la tarde, todavía no se había encontrado ningún cuerpo, pero los trabajos seguían.

A las 2:40 de la tarde, se presentó el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina al lugar, saludó al rector de la UAEM, a Valentina Peralta, y se dio la media vuelta y se fue. A regañadientes ofreció algunas declaraciones a los medios de comunicación, y continuó con el discurso de que el gobierno del estado está dispuesto a llevar adelante la diligencia en calma y “apegados a la verdad y al Estado de derecho”.

En un hecho que provocó incredulidad e hilaridad por momentos, en medio del ambiente tráfico que se formó alrededor de las fosas, cuando la máquina llevaba tres metros de profundidad en su trabajo de apertura de las fosas, el personal de la Fiscalía se dio cuenta de que los cuerpos no estaban ahí, sino a los lados, en dos fosas.

A las 4 de la tarde, Villanueva Guzmán del Programa de Atención a Víctimas, informó que la Fiscalía “se equivocó, pues ni siquiera sabe dónde se encuentran las fosas”. Javier Sicilia estalló entre divertido y molesto. Con sorna afirmó que esto demuestra “que tenemos una fiscalía de mierda, no puede ser. Y todavía se atreven a decir que todo está en orden”.

Así que los propios trabajadores de la Fiscalía tuvieron que abrir el primer perímetro, pues la máquina excavadora había colocado la tierra extraída de la fosa fallida sobre el lugar donde realmente se encuentran los cuerpos. La maquina tuvo que hacer trabajo doble y comenzó a cava en los lugares que, ahora sí, contendrían los más de 100 cuerpos inhumados clandestinos en 2014.

A las 5 de la tarde, la máquina por fin dio con los cuerpos. Once horas después de haber iniciado el procedimiento, por fin, los equipos técnicos de peritos de las cuatro instituciones involucradas tuvieron a la vista los cuerpos. Sin embargo, por la hora y las condiciones climáticas, pues una ligera lluvia cubría la zona de Cuautla, se acordó cubrir los cuerpos con 30 centímetros de tierra, para comenzar con el procedimiento de exhumación de los cuerpos hasta el día siguiente a las 6 de la mañana.

En conferencia de prensa, Abimelec Morales, coordinador del equipo pericial de la UAEM, informó que a las 5 de la tarde fue encontrado el primer cuerpo, ubicado a una profundidad de 3 metros con 26 centímetros, aunque en la fosa donde se ubican los cuerpos correspondientes a la Fiscalía Regional Oriente. “Es inquietante que la Fiscalía no sabía dónde estaban las fosas”, afirmó.

Después de un largo día de trabajo, el especialista de la UAEM, dijo “la verdad, varias veces pensamos que no había cuerpos. Parece una broma, pero después de cavar y cavar y darse cuenta de que no estaban ahí (en la fosa fallida), comenzamos a pensar con inquietud que ya no estaban ahí”.

En tanto, Valentina Peralta, de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, denunció que la Fiscalía elaboró una relatoría de lo que ocurrió a lo largo del día, en la que establecía que comenzaron a trabajar a las 5:50 de la mañana y que los retrasos fueron culpa “de nosotros”, es decir, de las víctimas, pues “activistas de organizaciones civiles invadieron la zona de trabajo”.

A las 6 de la tarde, prácticamente se bajó la cortina. Mientras que un funeral acompañado de mariachi y cohetones enmarcó las últimas actividades de levantamiento de aparatos y maquinaria puesta para la diligencia. Con las notas del Rey y las Golondrinas, las autoridades y los equipos periciales, acompañados de los familiares de víctimas se retiraron del lugar.

 

24 de mayo.

A las 12:23 horas del martes 24 de mayo de 2016, una camilla colgante atada a un trascabo exhumó el cuerpo número uno de las fosas. Algunos familiares de víctimas mostraron alegría y de hecho, colocaron una cartulina en la dejaron constancia de ella: “Sabes que te extrañamos en casa. Sin ti nada era igual. Exhumación cuerpo 1. Bienvenido a tu identidad”. Y acompañaron el mensaje con la fecha y la hora de la exhumación, así como el dibujo de un corazón.

La dilación de los trabajos de exhumación continuó. Por ejemplo, por la noche, la policía amplió cinco metros el perímetro de seguridad, provocando la molestia tanto de las familias como de los reporteros gráficos, quienes solicitaron a la UAEM, que colocara la pipa en el límite de las rejas de seguridad para que sirviera de andamio a los fotógrafos y camarógrafos.

En conferencia de prensa, los familiares denunciaron “con profunda indignación, el incumplimiento, por parte de la Fiscalía del Estado de Morelos, de los acuerdos establecidos en función de los protocolos internacionales en materia forense”, particularmente, porque “no proveyeron la maquinaria para descubrir las fosas y cavar las canaletas que permitan drenar el agua con la que deben ser lavados cuerpos; la maquinaria para extraer los cuerpos de las fosas no es la adecuada, ya que al tratar de utilizar un trascabo los peritos consideraron que se podrían alterar las evidencias y lastimar los cuerpos; y pretendieron cerrar con plásticos oscuros el escenario de trabajo para impedir que los familiares de las víctimas y los medios de comunicación atestiguaran la diligencia, contraviniendo la obligatoriedad de la transparencia”. 

Reiteraron que las autoridades “no tenía la ubicación exacta de las fosas ni la profundidad en la que se encuentran los cuerpos. Esto confirma, una vez más, que se trata de fosas clandestinas en las que presumiblemente se configuran crímenes de lesa humanidad”. Y luego expresaron un llamado a que el gobierno de Morelos “no continúen obstruyendo la diligencia y faciliten las condiciones para que esta se desarrolle con transparencia y oportunidad, en aras de hacerles una justicia pronta y expedita a las víctimas de la violencia y a sus familiares”.

Mientras tanto, la Fiscalía emitió un comunicado en el que asegura que no hubo error el lunes en la excavación de la primera fosa, porque “la excavación la llevó a cabo un arqueólogo de la Procuraduría General de la República, la cual tuvo que hacer por etapas, porque al utilizar maquinaria se tiene que hacer con mucho cuidado para no maltratar los cuerpos. El arqueólogo, capa por capa, va vigilando y haciendo sus mediciones para llegar a la capa final donde están los cuerpos”.

Citando al coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía, Samuel Nava Vázquez, el documento señala que “el único error del lunes fue desinformar, dado que la población merece respeto y, para ello, es necesario informar con certeza, seguridad y profesionalismo sobre los procedimientos que los especialistas de cuatro diferentes instancias realizan en la zona de trabajo del panteón de Tetelcingo”.

Además, informaron que Socorro Tlapala Becerro, dueño del predio El Maguey, declaró al Ministerio Público hace tiempo que “no son dos fosas clandestinas, si no que son tres y que la otra se encontraría en una parte del terreno que se encuentra bardeado”. El predio de referencia, se ubica a unos 500 metros de las fosas donde se hacen los trabajos este martes y de acuerdo con vecinos también es utilizado como panteón. Unos meses más tarde, en octubre, Proceso confirmó la existencia de esa tercera fosa en Tetelcingo.

Justo ese martes 24 de mayo se cumplieron tres años de que privaron de la libertad y asesinaron a Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, comerciante de Cuautla, cuyo cuerpo fue inhumado clandestinamente en las fosas clandestinas en Tetelcingo en marzo de 2014, a pesar de estar plenamente identificado por su familia.

En el segundo día de la diligencia en las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos, fueron exhumados apenas cuatro cadáveres, debido a que continuaron las acciones dilatorias de las autoridades de Morelos.

Fue a partir de las 12:23 horas del medio día, los trabajos parecieron adquirir fluidez, tomando algo así como 45 minutos para cada uno de los cuerpos desde el momento en que el trascabo exhumaba el cadáver con su mano mecánica, en la que fue atada una camilla forense. Para las 4:30 de la tarde, el cuarto cuerpo había sido subido a la camioneta del Servicio Médico Forense de la Fiscalía que los llevaría al panteón privado Jardines del Recuerdo, ubicado a unos 15 kilómetros, en la autopista a Oaxaca, también en Cuautla.

A las 4:50, la camioneta arrancó con dirección al panteón privado. A las 5:04 llegó y comenzó la colocación de los cuatro cuerpos en las gavetas. María Concepción y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao acompañaron y atestiguaron la inhumación de los cuerpos, lo mismo que el fiscal Javier Pérez Durón.

La inhumación se dio de manera lenta, bajo el siguiente procedimiento: uno de los peritos leía el número que tenía asignado cada cuerpo, luego se bajaba de la camioneta y se colocaba en una tabla con correas, enseguida se bajaba en la primera fosa y se colocaba en la gaveta correspondiente. Todo quedó registrado en video y los medios de comunicación estuvieron trabajando a una distancia de unos diez metros. Los cuerpos fueron colocados en la fosa denominada A1, gavetas 1, 2, 3 y 4.

Mientras tanto, en Tetelcingo, en conferencia de prensa, Juan Valdivia y Abimelec Morales, del equipo forense de la UAEM, rindieron un informe a las 5:15 de la tarde, respecto de lo ocurrido en el día. Valdivia informó que fueron cuatro cuerpos los exhumados, confirmó que se estuvieron extrayendo restos de guantes, cubrebocas, botellas, trajes Tyvek, de los utilizados por los peritos.

Mientras tanto, Abimelec Morales, informó que los cuerpos exhumados uno de ellos no se contaban con carpeta de investigación ni con ningún número de identificación ni nada, lo que de suyo representa una “seria irregularidad”. Sostuvo que eran cadáveres “necropciados, artículados”, y que la manera de embalarlos “deja mucho que desear, sólo era un plástico negro, no se apegaba a los protocolos”.

“Me atrevo a decir que el lugar (las fosas) fue alterado porque no hubo el procedimiento correcto de no contaminar la escena. Desde el respeto a la dignidad del cadáver y no ir arrojando lo que va quedando. No sabemos si quedaron así en la primera inhumación (28 de marzo de 2014) o en la segunda inhumación (9 de diciembre de 2014)”, sostuvo.

Señaló que no es confiable decir a simple vista si los cuerpos corresponden a hombres o mujeres, pues esto debe ser corroborado por las pruebas genéticas. “Fue una actividad sin cuidado ni protocolo, y deja mucho qué desear”, aseguró.

Los cuerpos de la primera fosa, la que corresponde a la zona oriente de Morelos, fueron encontrados sin ningún acomodo. Tranquilina Hernández, mamá de una joven desaparecida en 2014, y quien lograra que un juez le ordenara a la Fiscalía la apertura de las fosas, dijo con amargura al medio día: “La verdad es que los cuerpos estaban acomodos sin ningún orden, a la buena de Dios, como basura”.

Mientras tanto en Cuernavaca, el Congreso del Estado, aprobó por unanimidad, de los 20 diputados presentes de todos los partidos políticos, una auditoría a las finanzas de la UAEM, lo que ha sido interpretado como una “revancha política” por las acciones que está realizando en relación con las fosas clandestinas de Tetelcingo.

 

25 de mayo.

El tercer día en las fosas clandestinas de Tetelcingo fueron exhumados 11 cuerpos a los que se les tomó la muestra odontológica y ósea para ser identificados. Van 15 en total, de los cuáles, según el equipo de peritos de la UAEM, tres cuerpos no tienen carpeta de investigación, además de que uno de ellos estaba mutilado.

Los 15 cuerpos exhumados este miércoles fueron llevados en dos camionetas a las gavetas construidas por la Fiscalía de Morelos, en el Panteón privado Jardines del Recuerdo, donde hay espacio para 250 cuerpos distribuidos de 10 en 10. La primera camioneta se fue alrededor de las 2 de la tarde, mientras que los trabajos se detuvieron a las 5 de la tarde, y minutos después se fue la segunda camioneta.

Los trabajos tomaron un mejor ritmo, pero las altas temperaturas que se alcanzaron en Tetelcingo, pasando los 35 grados, y sumado a que el personal pericial que está usando trajes Tybek, bajo la lona y la propia carga de trabajo, hace que se acumule el cansancio, lo que hizo que se redujera el tiempo de la exhumación.

De acuerdo con los peritos, aquellos cuerpos que tienen carpeta de investigación, incluyen en el embalaje una botella vacía de plástico pet, de las que originalmente tienen agua o refresco de cola, y dentro de ella un cartón con el número de carpeta. Sin embargo, de los 11 cuerpos exhumados este miércoles, hubo uno que tenía la botella, pero ésta no tenía nada dentro. Mientras los peritos de la UAEM contaron un segundo cuerpo sin carpeta, las autoridades de la Fiscalía aseguraron que sí tiene carpeta, pero que el cartón con el número “se destruyó por el paso del tiempo”.

 

De Ayotzinapa a Tetelcingo

 

Pasadas las 2 de la tarde, al lugar acudió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien fuera tres veces candidato a la Presidencia de la República, ahora impulsor del proyecto Por México Hoy, quien en compañía del rector Jesús Alejandro Vera Jiménez y de Javier Sicilia. El experredista se solidarizó con las víctimas y brindó el apoyo a la UAEM y la labor que realiza. Después pidió castigo para los responsables.

En conferencia de prensa, dijo que los crímenes de las fosas clandestinas de Tetelcingo son comparables a los de Ayotzinapa, y que tienen responsables con nombres y apellidos dentro de la administración de Graco Ramírez, mismos que tienen que ser castigados.

“Desafortunadamente muchos creímos que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pensamos que era el último de esta dimensión, no sólo el número y las condiciones cualitativas en que se dio, desafortunadamente estamos viendo que no es el último. Que están casos como los de Tetelcingo, que seguramente hay otros en el estado de Morelos. Yo simplemente reitero lo que ya comenté, que existe la obligación de las autoridades, tanto locales como federales, de llevar la investigación a fondo y de sancionar en su caso a los responsables, trátese de quien se trate, pues los responsables tienen nombres y apellidos”, reclamó.

Se abstuvo de evaluar el gobierno de Graco Ramírez, pues “eso corresponde a los morelenses”. El excandidato a la Presidencia acudió a Morelos a presentar su proyecto de nuevo constituyente a Cuernavaca y luego se presentó en las fosas clandestinas de la Fiscalía.

En tanto, luego de que el Congreso del Estado aprobará el martes por la noche una auditoría a las finanzas de la UAEM, el rector Vera Jiménez, comparó a los diputados locales con ganado ovino al votar “en fast track, en asuntos generales y sin discusión” a favor de realizar esta revisión a las finanzas universitarias.

“Bienvenida la auditoría, esos dos ejercicios ya nos los auditaron a nivel local y federal. Si quieren revisarlos de nuevo, no nos incomoda. Pero nos parece que es literalmente un linchamiento contra mi administración. Es lamentable que un Congreso se encuentre de rodillas, y que actúe sin preocuparse por las víctimas, por los crímenes. Porque qué bien que ahora están dignificando los cuerpos, pero no nos olvidemos que fue esta administración que encabeza Graco Ramírez, la que basurizó los cuerpos, que los trató como basura, que los entregó al olvido. Es muy penoso que los diputados en lugar de preocuparse ante el hallazgo del día de ayer de que había un cuerpo sin carpeta de investigación, lo cual es un crimen. Es preocupante que ni siquiera se pronuncien. Que no hayan llamado a cuentas al fiscal anterior que tienen premiado en Durango como delegado de la PGR”.

Y fue más allá, dijo que es necesario llamar a cuentas a Graco Ramírez, “que siempre negó los hechos y que con su silencio lo único que hizo fue encubrir a los criminales, fue negligente, porque no mandó a investigar los hechos cuando el sabía, yo se lo dije personalmente, las víctimas se lo dijeron en noviembre pasado y no hizo nada. Así que hay negligencia criminal. Me parece que también obstruyó la justicia a favor de las víctimas. Ojalá el Congreso llame al gobernador a cuentas”.

 

Sainete del ombudsman

 

En tanto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Arturo Olivares Brito, fue increpado por los familiares de víctimas porque fue hasta este miércoles que se presentó en Tetelcingo. Al término de una conferencia de prensa con el fiscal de Morelos, en la que aseguraron que los trabajos se están llevando conforme a derecho, se trabó en una discusión con familiares de víctimas, quienes le reclamaron su falta de voluntad para el trabajo.

Las víctimas insistieron en que la fiscalía está obstaculizando la labor de la UAEM, Olivares Brito, tomó la palabra y desdeñó el trabajo de la casa de estudios de la que es egresado y catedrático. Eso provocó tensión con las familias y con Javier Sicilia. El ombudsman calentó más la situación cuando dijo molesto: “La Universidad debería hacer extensión, su trabajo, en lugar de estar aquí. Y tú (dirigiéndose a Sicilia) te aprovechas de las víctimas”.

Sicilia reviró que la CEDH no hace nada. “Estamos haciendo tu trabajo. No trabajas, no defiendes nada, no hay defensa de los derechos humanos. Nos deberías agradecer al menos”, le espetó. Olivares Brito manoteó y trató de defenderse. Las madres de las víctimas se arremolinaron en torno de ambos.

Entonces, Iván Martínez Duncker, de la Comisión de Identificación Humana, Roberto Villanueva Guzmán, del Programa de Atención a Víctimas y Roberto Ochoa, del Centro de Extensión de la UAEM, encararon a Olivares Brito para advertirle que no podía descalificar el trabajo de la máxima casa de estudios. Para entonces la tensión se había generalizado, el fiscal abandonó ese lugar, mientras que el ombudsman poco faltó para que se liara a golpes con Villanueva Guzmán.

Un asistente de la fiscalía empujó y dio un codazo a una mujer familiar de víctima de desaparición, lo que aumentó más la tensión. Los gritos y reclamos de las víctimas de un lado y la respuesta airada del titular de la CEDH convirtió aquello en una gresca. Tuvo que venir el fiscal Pérez Durón a rescatarlo. De la mano lo sacó de en medio de la gente y luego, prácticamente lo instruyó para que se subiera a su vehículo y se fuera. Todo en medio de los gritos y reclamos de las víctimas.

 

26 de mayo.

El fiscal regional de la zona oriente, Rafael Ávila, confirmó que entre los cuerpos exhumados entre el martes y este jueves, 29 en total, uno de ellos no tenían la necropsia de ley. Señaló que ahí mismo se le practicó y que se determinó que murió por traumatismo craneoencefálico. Lo dijo de manera natural, como si ello no entrañara una de las irregularidades más graves de las fosas.

En entrevista, después de haber culminado los trabajos de la jornada del jueves, el funcionario informó que se habían exhumado 14 cuerpos sólo este día y sumados a los 15 de los días anteriores, hacen un total de 29, lo que permitirá acortar los tiempos que lleve la diligencia.

Dijo que el tiempo se ha acordado porque se han comenzado a aplicar los protocolos. Se le preguntó entonces sobre el tiempo de la diligencia y respondió: “Con el tiempo, las personas están mejor organizadas, entonces hay una mayor organización y una mejor coordinación y se le avanza realmente. Pero además, a veces hay escenarios, por ejemplo, donde se presenta en este caso una persona que no tiene necropsia, pues se le practica en ese momento y pues el tiempo por cadáver se va a 30-40 minutos”.

- ¿Cuántos cadáveres hay hasta ahora sin necropsia?

- Ahorita es uno. Ahorita es sólo uno. De acuerdo con lo que dijeron los médicos legistas que practicaron la necropsia en ese momento, se determinó que murió por una lesión craneoencefálica. Vamos. Es lo que encontramos en ese momento -respondió.

Con ello no sólo se confirma que existe varios cuerpos, que no se ha precisado el número, que no cuentan con carpeta de investigación, lo que representa una ilegalidad, si no que además, ahora se confirma que uno de los cuerpos, exhumados en la jornada de ese miércoles, no contaba, a la hora de ser inhumado clandestinamente en las fosas de Tetelcingo, con la necropsia de ley.

 

27 de mayo.

Ese viernes se exhumaron 16 cuerpos de las fosas de Tetelcingo, llegando a 45 en lo que va de la semana. La primera fosa que se intervino es la correspondiente a la Fiscalía Regional Oriente, misma que según los datos oficiales, contiene 54 cuerpos.

En tanto, el diputado Javier Bolaños Aguilar (PAN), así como los senadores Fidel Demécidis Hidalgo (PRD) y Lizbeth Hernández Lecona (PRI), acudieron a presentar su solidaridad a los familiares de víctimas de desaparición, quienes les exigieron hacer algo, lo que sea, para resolver esta situación, castigar a los responsables y que Tetelcingo no se vuelva a repetir.

En conferencia de prensa, acompañados del rector de la UAEM, Bolaños Aguilar convocó a los legisladores, a las víctimas y a la sociedad en general, a convocar a una campaña de firmas para pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigue los hechos y castigue a los responsables, por crímenes de lesa humanidad.

“Traigo un documento dirigido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos donde le pedimos que considere esto que está ocurriendo en Tetelcingo como crimen de lesa humanidad, entre ellos el de la desaparición forzada