A la opinión pública

A la sociedad morelense

A los familiares y organizaciones de víctimas de desaparición

En medio de una crisis humanitaria sin precedentes, en la que la violencia y la criminalidad se replican en la muerte, las fosas clandestinas de Tetelcingo dan cuenta del horror en el que se encuentra sumido nuestro estado. Así como la represión injustificada de las llamadas autodefensas y la desaparición de su vocera Adelaida Marcelino Mateos en el estado de Morelos. En el país la muerte se replica entre otros muchos hechos, en la brutal represión del movimiento magisterial del estado de Oaxaca, con la que pretenden conculcar los derechos de los profesores.

El 28 de marzo de 2014, fecha en la que el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu decretaba públicamente el 28 de marzo como el Día Estatal de las Víctimas, se reportó, y cito: la “sepultura de 150 cuerpos en el panteón de Tetelcingo”, cierro la cita, por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos a cargo de Rodrigo Dorantes Salgado, según la tarjeta informativa de la Dirección de la Policía Preventiva Municipal, Mando Único de Cuautla.

Entre esos cuerpos se encontraba el de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández que, a pesar de estar plenamente identificado por su familia, fue desaparecido e inhumado de manera ilegal y clandestina en esas fosas.

En diciembre de ese mismo año, la familia de Oliver, al enterarse de manera extraoficial de esa acción criminal, obligó a las autoridades a exhumarlo y a que se lo entregaran.

El 9 de diciembre de 2014, la Fiscalía de Morelos abrió las fosas y exhumó los cuerpos para entregar el de Oliver Wenceslao y el de una persona más que también fue reclamado por su familia, la cual no quiere ser identificada. 

A partir de ese momento, la familia hizo públicos esos hechos e inició una lucha de 11 meses para que los demás cuerpos fueran exhumados, identificados y entregados a sus familiares. Es importante resaltar que esta lucha emprendida por la familia de Oliver fue acompañada por otras familias de víctimas, no sólo del estado, sino de otras entidades.

En mayo de 2015, la familia de Oliver Wenceslao informó mediante oficio al gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, la existencia de estas fosas clandestinas y de la inhumación ilegal de los cuerpos. Sin embargo, el mandatario minimizó los hechos y, una vez que la denuncia salió a la luz pública, aseguró que todo cumplía con la legalidad.

El 20 noviembre de 2015, familiares de víctimas y organizaciones de diversas partes del país, solicitaron una reunión con las autoridades estatales, a través del Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a la que asistieron el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina, el fiscal general del estado Javier Pérez Durón y el director de Derechos Humanos del gobierno del estado, Ariel Homero López Rivera, para exigir la exhumación e identificación de los cuerpos ubicados en las fosas de Tetelcingo. Su respuesta fue de indiferencia y desprecio.

Siguiendo esta política de negación, en entrevista con el periodista Jorge Ramos, de la cadena Univisión, el 6 de diciembre de 2015, el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu afirmó: “Es solamente una fosa que es común, que es legal… Que se encuentra en un panteón de Tetelcingo, Cuautla. Y están vinculados todos los cadáveres a carpetas de investigación (…) Existe la identidad criminal, huellas, ADN para poder saber quiénes están ahí en calidad de desconocidos porque no están identificados por los familiares”.

El fiscal Javier Pérez Durón, en la comparecencia ante el Congreso de Morelos, ocurrida el 26 de noviembre de 2015, había declarado que se encontraban 116 cuerpos en dos fosas ubicadas en Tetelcingo, 107 con carpetas de investigación y los 11 restantes sin ellas. Además, “de acuerdo con la Coordinación General de Servicios Periciales, sólo contaban con 44 perfiles útiles, resultados de genética”.

Frente a la desconfianza generada por las contradicciones entre el gobernador y el fiscal, las familias de las víctimas acudieron en varias ocasiones ante las autoridades del gobierno federal exigiendo que se abrieran las fosas con la participación de peritos independientes nombrados por ellas, para esclarecer los hechos.

El 9 de mayo, los familiares de las víctimas de desaparición, los representantes de sus organizaciones y de la UAEM, se reunieron para tratar el tema con Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Luis Raúl González Pérez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Jaime Rochín del Rincón de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En el encuentro las autoridades manifestaron su apoyo a las familias de las víctimas de desaparición, para garantizar la participación de sus peritos.

No obstante, la Fiscalía General del estado de Morelos anunció que exhumaría los cuerpos únicamente con la participación de autoridades federales, haciendo caso omiso a las demandas de las familias de las víctimas sustentadas en la Ley General de Víctimas y en la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de las Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos.

Por ello, la señora Tranquilina Hernández Lagunas, madre de Mireya Montiel Hernández, víctima de desaparición en el estado de Morelos, solicitó el auxilio de un juez de control del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, quien instruyó a la Fiscalía General del estado de Morelos, incorporar la participación activa de los peritos de la UAEM designados por la víctima.

La Fiscalía General del estado de Morelos se negó a realizar la comparecencia de los peritos de la UAEM designados por la víctima y reiteró su amenaza de abrir las fosas el día 11 de mayo sólo con la participación de las autoridades federales. Ante lo cual, las familias de víctimas, los representantes de sus organizaciones y de la UAEM, se presentaron pacíficamente en las fosas para dar a conocer, en una conferencia de prensa, el contenido de la resolución judicial. Asimismo la señora Tranquilina Hernández Lagunas solicitó la intervención del juez de control, el cual ordenó al Ministerio Público que se realizara de inmediato la comparecencia de sus peritos designados.

La respuesta de la Fiscalía General del estado de Morelos fue una denuncia penal en contra de la madre de Oliver Wenceslao, María Concepción Hernández Hernández; del rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez; del coordinador de la Comisión Científica de Identificación Humana de la UAEM, Iván Martínez Duncker, del fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia y de dos policías del Mando Único de Cuautla, que no nos reprimieron.

El 17 de mayo, en las instalaciones de la PGR se acordó que las fosas se abrirían con la participación conjunta de los peritos de la UAEM, de la propia PGR, de la División Científica de la Policía Federal y de la Fiscalía General del estado de Morelos, con la observación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como de familiares y organizaciones de víctimas de desaparición. En esta reunión participó también el secretario de Gobierno del estado de Morelos, Matías Quiroz Medina, quien se comprometió, junto con el fiscal general Javier Pérez Durón, a retirar la denuncia penal antes mencionada, lo cual hasta la fecha no se ha cumplido.

Del 23 de mayo al 3 de junio de 2016, se llevó a cabo el proceso de apertura de las fosas. Como resultado de esta diligencia, según lo observado por las víctimas y las organizaciones que participaron en ella, se reporta lo siguiente:

1. Se encontraron 117 cuerpos enterrados como basura en dos fosas que no se encontraron localizadas con precisión en donde suponía la Fiscalía, entre los cuerpos se encontraron los de tres menores de edad. Lo que suma un cuerpo más a los 116 que, según la Fiscalía, había enterrados en las fosas de Tetelcingo. Se encontraron, además, nueve bolsas con 12 restos de otros cuerpos, de los cuales no existía registro alguno y a los que se les abrió carpeta de investigación. Todos los cuerpos exhumados corresponden a delitos cometidos entre 2010 y 2013.
2. Hay una diferencia entre los 117 cuerpos y los 150 que se inhumaron el 28 de marzo de 2014, según la tarjeta informativa de la Dirección de la Policía Preventiva Municipal, Mando Único de Cuautla. Los cuerpos restantes, presumiblemente estarían depositados en una tercera fosa, de acuerdo con el expediente de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández y con la mencionada tarjeta informativa.
3. De los 117 cuerpos exhumados, 34 no tenían o no estaban vinculados a carpeta de investigación alguna, por lo que se les asignó un número de carpeta de investigación en esa diligencia. Lo que contradice contundentemente lo afirmado y que sigue afirmando públicamente el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu desde el 6 de diciembre de 2015 e insistió junto con el fiscal Javier Pérez Durón desde el 26 de noviembre de 2015 cuando rindió un informe al respecto.
4. Algunos cuerpos no tenían la necropsia de ley; otros más habían sido mutilados y/o presentaban huellas de malos tratos, inhumanos y degradantes. Otros presentaban heridas por proyectil de arma de fuego; otros de ellos, conservaban sus ropas y pertenencias personales que son fundamentales para su identificación y la persecución del delito y cuyas evidencias habían sido sepultadas junto con los cuerpos. 
5. Es importante mencionar también que se encontraron cuerpos identificados con nombre y apellidos, de los cuales se conocía su procedencia. La Fiscalía nunca ha informado qué acciones llevó a cabo para dar con el paradero de sus familias.
6. Los cuerpos se re inhumaron en el panteón Jardines del Recuerdo del municipio de Cuautla, en condiciones que determinó la Fiscalía General del estado de Morelos y a ellos corresponderá responder si los protocolos forenses se cumplieron o no. Nuestra participación fue únicamente acompañar el traslado de los cuerpos y verificar que los mismos fueran depositados en los espacios establecidos.

Más allá de los resultados de la diligencia en Tetelcingo, y a pesar de que el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu afirmó, en un video difundido en las redes sociales, que su gobierno “dio legalidad” y “corrigió las fallas de forensia (sic)” en las fosas de Tetelcingo, en realidad el gobierno de Morelos se vio obligado a abrir las fosas por la lucha de las familias de víctimas que se dio en el terreno jurídico y de la defensa de sus derechos.

En conclusión:

1. El gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu mintió con respecto a la legalidad y número de fosas, así como al hecho de que todos los cadáveres tenían carpetas de investigación. Insistió en que todo se encontraba de acuerdo con la legalidad y con los protocolos establecidos. Al hacerlo, incurrió en delitos de encubrimiento, negligencia y obstrucción de la justicia. Por ello, el mandatario y todos los funcionarios involucrados en la comisión de estos delitos, deben ser investigados y sancionados conforme a derecho, y se debe garantizar la justicia restaurativa a las víctimas. 
2. Todo esto, además, podría configurar delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, mismos que también deben ser investigados y sancionados por organismos internacionales.
3. Dado que algunas de las personas exhumadas de las fosas fueron víctimas de delitos, la labor de la fiscalía aún no ha concluido: debe investigar los hechos, poner a disposición de un juez a los responsables y garantizar que se haga justicia verdadera.
4. Las aberraciones del gobierno del estado de Morelos evidenciadas en la diligencia de Tetelcingo, hacen imprescindible el que se apliquen protocolos forenses con estándares internacionales para erradicarlas.
5. En las fosas de Tetelcingo no se cometió “un error garrafal”, como afirmó el gobernador el pasado 17 de junio, sino actos criminales al inhumar personas, ilegalmente y en fosas clandestinas, sin cumplir con los protocolos para la identificación humana. Por ello, es imperativo que la Fiscalía General del estado realice acciones para identificar a cada una de estas personas y entregarlas a sus familias. 
6. Por nuestra parte seguiremos trabajando para procesar las muestras y facilitar la identificación de los cuerpos exhumados, realizar los trabajos de investigación criminalística y asesorar a los familiares de víctimas en materia legal para que procedan en el ámbito local, nacional, internacional conforme a sus intereses a efecto de que se les haga justicia.

La conducta sistemática del Estado que favorece la desaparición de personas, se repite en Jojutla, donde se encuentran varias fosas en el panteón de la colonia Pedro Amaro, en las que, según testimonios de vecinos, ex autoridades y reporteros, se han llevado a cabo inhumaciones desde hace más de 10 años.

Estas fosas, y otras más que se encuentran a lo largo y ancho del estado de Morelos, deben ser intervenidas al igual que las de Tetelcingo como lo declaró el fiscal Javier Pérez Durón. Se lo debemos a las víctimas, se lo debemos a sus familiares, nos lo debemos todos.

El paradigma de seguridad pública y procuración de justicia, impuesto autoritariamente en nuestro estado, tal como lo observamos en la represión reciente que la policía del Mando Único cometió en contra de las autodefensas, es un modelo fracasado. Es tiempo de construir un paradigma ciudadano de seguridad y de procuración de justicia en Morelos y en México.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Por una humanidad culta

Una Universidad socialmente responsable

Cuernavaca, Morelos, 22 de junio de 2016.