A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
A LA SOCIEDAD MORELENSE
A LA OPINIÓN PÚBLICA

En mi carácter de académico y rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), denuncio que estoy siendo objeto de una campaña de desprestigio y persecución política por parte del gobierno del estado de Morelos, que encabeza el perredista Graco Ramírez.

Esta campaña es producto de la posición ético política que he asumido a lo largo de mi gestión como rector de la UAEM, la cual ha molestado al gobernador y a aquellos que se han sentido aludidos por mi posicionamiento crítico ante el acontecer político social de nuestro estado, particularmente en lo relativo a la violencia, la inseguridad, la pobreza, los ecocidios y la constante violación de derechos humanos, sociales y colectivos de comunidades y pueblos.

Acompañando de una propaganda mediática se me fabricó el delito de peculado y, recientemente, a mí y a mi esposa se nos fabricó el delito de enriquecimiento ilícito. En ambos casos, se integraron carpetas de investigación que se judicializaron sin darme el derecho, de conformidad con el debido proceso, a conocer y desvirtuar las falsas imputaciones.

Lo más preocupante es que, en relación con el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, a mi y a mi esposa, se nos giró una orden de cateo y aprensión la madrugada del pasado sábado 11 de noviembre y, en esta semana se ha sugerido, en algunos medios, que podría existir un delito más por lavado de dinero debido a que, dicen, los ingresos registrados en nuestras cuentas bancarias no se corresponden como nuestras percepciones salariales.

De este modo, se configura claramente una persecución política, ya que se me fabrica un delito, se integra una carpeta, se me niega el acceso, se judicializa y, sin citarme para poder desvirtuar los señalamientos, se ordena mi aprehensión y, ahora, la de mi esposa. Esto con el propósito de anular mis derechos políticos para contender por un cargo de elección popular en las próximas elecciones, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente en la materia, en el supuesto caso de que así lo decidiera.

Todo ello, impulsando por una autoridad de facto que deberían ser sancionada penalmente, según especialistas, por violentar la Constitución, ya que su nombramiento fue anterior a las disposiciones legales en la materia en el contexto nacional; me refiero a Juan Salazar Núñez, nombrado ilegal e ilegítimamente, por el Congreso del estado de Morelos, como fiscal anticorrupción.

Por respeto a mi esposa, a mis hijas, a mi familia y a la de mi esposa, que también es mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, a mis estudiantes y a quienes han depositado su confianza en mi, a continuación hago la siguiente aclaración.

Producto de una larga vida de trabajo honrado, mi esposa y yo contamos actualmente con el siguiente patrimonio:

1. La casa que habitamos; la cual está ubicada en el Desarrollo Paraíso Country Club, en el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Adquirimos esta casa en diciembre de 2016, por un monto de $6,400,000.00, de los cuales dimos un enganche de $2,560,000.00 con recursos provenientes de la venta de nuestra anterior vivienda; el resto, lo estamos pagando a la inmobiliaria en mensualidades con nuestros salarios.

2. Un Departamento; el cual se encuentra ubicado en el Fraccionamiento Sitio del Sol, en el municipio de Cuautla, Morelos, y que adquirimos en agosto de 2013 por un monto de $850,000.00, mismos que empezamos a pagar con nuestros salarios desde el 1 de agosto de 2011, ya que lo adquirimos en preventa. Actualmente se encuentra en venta para ayudarnos a pagar las mensualidades de nuestra vivienda.

3. Un departamento; el cual se encuentra ubicado en la colonia Atlacomulco, en el municipio de Cuernavaca, Morelos, y que adquirí para mis hijas en octubre de este año por un monto de $1,425,000.00, aplicando mi subcuenta de vivienda en el INFONAVIT, a través de un crédito COFINAVIT.

4. Un vehículo SEAT Ibiza, dos puertas, que adquirí en 2016 por un monto de $232,500.00, con un crédito que ya fue liquidado.

Como se puede ver, el valor total de nuestro patrimonio es de $8,907,500.00 de los cuales aún debemos la cantidad de $3,635,000.00. Además, mi esposa y yo contamos con un ahorro en nuestras cuentas bancarias de alrededor de $500,000.00 producto de nuestros salarios y de nuestra percepción por concepto del Sistema Nacional de Investigadores.

En relación con nuestras cuentas bancarias, quiero enfatizar que todos los registros que se reflejan, no provenientes de nuestros salarios, son producto de las operaciones crediticias y de compraventa, legalmente efectuadas y de las cuales tenemos toda la documentación que las sustenta.

Para contar con lo que tenemos, no es necesario participar en actividades ilícitas. Mi actividad laboral de 30 años y la de mi esposa, de 25 años de trabajo, que trasciende a los cargos que actualmente desempeñamos como funcionarios en la universidad, es la única fuente de nuestro ahorro y patrimonio; lo cual puedo demostrar, voluntariamente, ante los tribunales sin que libren una orden de aprehensión violentando nuestras garantías y derechos humanos.

Espero y confío que esto ayude a aclarar que no soy un delincuente, que no me he robado nada, y que no he deshonrado mi compromiso como universitario y como ciudadano.

También espero que esto ayude a esclarecer que el problema financiero de la institución que represento no es producto de un desfalco, como de manera dolosa se quiere hacer creer, sino de problemas estructurales no atendidos por el estado; los cuales se podrían resolver si tan solo el gobierno del estado pagara el adeudo que tendría con la universidad por casi mil millones de pesos al cierre de este ejercicio, ya que no ha entregado completo el 2.5% del presupuesto total de egresos del estado, como está obligado a hacerlo por mandato constitucional. Lo cual, también puedo demostrar con las propias cuentas públicas que el gobierno de Graco Ramírez ha entregado al Congreso del estado de Morelos.

Atentamente 
Por una humanidad culta

Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector de la UAEM

16 de noviembre de 2017