Conmemoramos hoy el 50 Aniversario de la Autonomía otorgada a nuestra universidad el 22 de noviembre de 1967, luego de una ardua y persistente lucha librada por los universitarios de la entonces Universidad del Estado de Morelos, orgullosos herederos de gestas autonómicas como la Reforma Universitaria de Córdova, Argentina en 1919 y la de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1929, entre otras muchas.

Al conmemorar esta fecha histórica, no sólo evocamos con gratitud y reconocimiento la gesta libertaria y valerosa de quienes participaron y promovieron la promulgación de nuestra Ley Orgánica como Universidad Autónoma, sino también a todas y todos los universitarios que a lo largo de estas cinco décadas han contribuido a fortalecer los valores y prácticas intrínsecas que sustentan el legítimo derecho de la comunidad universitaria a gobernarse a sí misma, a decidir por sí misma, y sólo por sí misma, su devenir histórico.

La Autonomía ha sido desde entonces el nutriente esencial en la vida de nuestra Universidad. Ejercerla ha implicado el compromiso indeclinable de construir por nosotros mismos el proyecto histórico institucional que a diario forjamos a través de nuestro quehacer académico, científico, cultural y social, en favor de la sociedad morelense a la cual nos debemos, particularmente de los jóvenes que representan la razón de ser de nuestra institución.

Autonomía Universitaria y universidad pública es un binomio constitucional indisoluble que implica la irrevocable atribución de darse a sí misma, a través de sus órganos colegiados competentes, las normas necesarias para hacer efectiva la defensa de esos derechos como prerrequisito para llevar a cabo sus fines y sus funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura, tanto como para participar libre, responsable y solidariamente en la vida colectiva de su entorno social.

Es la vida colegiada universitaria, en tanto conformadora de su voluntad colectiva, el valor más representativo de la garantía constitucional de la autonomía, cuyo ejercicio pleno es lo que le da su vigencia efectiva, entendida como el emprendimiento de la propia comunidad universitaria, por conservarla, resignificarla y defenderla a cada momento, ante los amagos de quienes se empeñan desde el poder y la necropolítica en acotar, reducir o suprimir su acción transformadora y libertaria.

Por ello, enriquecer, consolidar y defender la autonomía conquistada es hoy nuestro mayor desafío. De la manera en que lo encaremos dependerá la viabilidad de nuestra universidad y, por tanto, la posibilidad de seguir construyendo nuestro proyecto universitario autónomo. En este sentido, debemos asumir un posicionamiento ético y político de compromiso con las bases sociales, pues es justo este posicionamiento lo que posibilita a la universidad la generación de conocimiento científico y humanístico socialmente relevante y pertinente, tanto como de saberes crítico reflexivos y propositivos en diálogo permanente con otros saberes dedicados al bienestar humano compartido.

Los retos que hoy nos plantea una realidad en la cual las instituciones del Estado pierden credibilidad y legitimidad, realidad en la que prevalecen múltiples formas de alienación, violencia demencial, desigualdad y degradación, provocadas por la ausencia del Estado de derecho, el ansia de lucro, la corrupción y la impunidad, exigen de los universitarios una mayor participación solidaria junto a las comunidades y sus organizaciones, es decir, el ejercicio pleno de esa autonomía que nos fue legada y que estamos obligados a heredar a las futuras generaciones de universitarios.

Son retos complejos que no podemos rehuir ni soslayar si queremos contribuir a la construcción de mejores futuros para los jóvenes y próximas generaciones, si queremos enriquecer el sentido fundamental de la autonomía que es garantizarnos la libertad de constituirnos en protagonistas de nuestra propia historia individual y colectiva.

Son retos que nos obligan a reconocer, pensar y recrear la alteridad y la interculturalidad desde una lógica incluyente de vida social más compartida y respetuosa, que nos define como una humanidad inmersa en múltiples contextos histórico culturales. Hoy la Autonomía Universitaria tiene que ser un marco de referencia para resignificar el ethos universitario a fin de consolidarnos como una institución diversa y plural que impulsa desde nuestra especificidad universitaria un verdadero diálogo de saberes transdisciplinares y colectivos.

Se trata de una Autonomía Universitaria entendida como auténtica expresión de lucha democrática y emancipadora al lado de los movimientos sociales de resistencia activa que hoy enfrentan, al igual que la universidad pública en general y la nuestra en particular, los renovados embates de los beneficiarios del modelo económico neoliberal prevaleciente, cuya única razón de ser es la rentabilidad que obtienen de la expoliación del ser humano y de los espacios convivenciales en los que se sustentan las autonomías comunitarias. 

Asumir esta lucha es uno de los ejes sustanciales de la responsabilidad social de las universidades públicas autónomas. Responsabilidad que implica, entre otras cosas, garantizar la formación integral, transdisciplinar y contextual de sus jóvenes estudiantes; comprometerse con las causas liberadoras de quienes viven en carne propia los horrores de la violencia, la marginación, la exclusión y la explotación; y asumir un compromiso solidario con las víctimas de la cruenta y atroz barbarie que nos lastima a todos sin distinción, en lo más humano de nuestra dignidad y nuestra consciencia.

Hoy que el Estado reduce su compromiso político de asegurar el sostenimiento de las universidades públicas, presionándolas para que se “comercialicen” y se sometan a los vaivenes del mercado, éstas han entrado automáticamente en crisis institucional. Lo que está detrás de esta política es un amplio proyecto cultural global destinado a transformar el bien público universitario en un mercado de servicios educativos.

El objetivo último es poner fin a la democratización del acceso a la universidad y a la formación crítica transformadora que ella provoca. La transformación de la educación superior en una mercancía es un objetivo en marcha y comprender este horizonte es esencial para entender e intensificar la lucha por la Autonomía Universitaria, puesto que ésta constituye el único espacio de independencia política desde el cual es posible oponerse a dicho proyecto global.

Frente a la amenaza de este proyecto, la universidad pública está obligada a resignificar académica, ética y políticamente sus funciones sustantivas. Implica preguntarnos seriamente qué es prioritario investigar, para qué y para quienes, qué conocimientos son socialmente pertinentes, qué formación es la que queremos impulsar para nuestros jóvenes. Preguntas que solamente podremos responder si disponemos de autonomía y la ejercemos plenamente.

Asumir el carácter eminentemente popular y democrático que, por definición, tiene la universidad pública, es lo que le permitirá consolidar su autonomía y fortalecer su legitimidad social. Con ello garantizará su viabilidad y permanencia como espacio generador de alternativas de investigación, formación, extensión y organización con la sociedad, que contribuyan a la comprensión y solución colectiva de los problemas sociales, nacionales y globales que exigen atención urgente en este momento histórico. De este tamaño es nuestro desafío.

No permitamos que nuestra Autonomía Universitaria sea vulnerada. Sigamos construyéndola y defendiéndola con la misma fuerza y dignidad colectivas con que lo hicieron quienes nos la han legado. No los defraudemos.

¡Viva la UAEM! ¡Viva la Autonomía Universitaria!

Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable

Ciudad Universitaria, 22 de noviembre de 2017.