Las fosas del gobierno de Graco en Morelos

Jaime Luis Brito

 

Tetelcingo “representa la confirmación de que el Estado también tiene sus fosas clandestinas”, dice Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Al menos aquí, en este poblado de Cuautla, la Fiscalía local cavó varias, donde depositó irregularmente más de 100 cuerpos. Es una “práctica común” de todas las fiscalías del país, dicen las propias autoridades, sin embargo, ello no implica que eso sea legal. En medio de la ardua labor de exhumar e identificar estos cuerpos, se tejen historias de mujeres que pasaron de ser amas de casa, comerciantes o trabajadoras domésticas, a buscadoras de sus propios hijos.

Ante la incapacidad, ineficiencia o complicidad de los aparatos de seguridad pública y procuración de justicia, estas mujeres, y en muchos casos, hombres, ciudadanos de a pie, han tenido que asumir un papel que nunca pidieron. Sus rostros representan el surgimiento de una nueva sociedad civil que se organiza ante la tragedia. Como en durante los terremotos de 1985 en la Ciudad de México, pero ahora en todo el país y contra un sismo que parece interminable, el de la violencia irracional que se multiplica por todo el país.

Durante la apertura de las fosas, además de los equipos técnico periciales de la Fiscalía local, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal, hubo un grupo de madres y familiares que tuvieron que colocarse sus trajes Tybek, de los que usan los peritos y registraron minuciosamente todo lo ocurrido en las fosas.

Fundamental para el caso de las fosas de Tetelcingo, ha sido la labor de María Concepción Hernández Hernández, madre de Oliver Wenceslao, un comerciante de Cuautla que fue secuestrado y asesinado por la delincuencia en 2013, y luego sepultado ilegalmente junto con los otros cuerpos en estas fosas. Junto con su hermana Amalia, luego de recuperar el cuerpo de su hijo, en diciembre de 2014, comenzaron una batalla legal y civil para lograr que estas fosas fueran reabiertas y que se identifique quiénes son los demás cadáveres.

María es una mujer de 55 años. Nació en Cuautla y nunca imaginó lo que ocurriría después del 24 de mayo de 2013, cuando su hijo fue privado de la libertad y luego asesinado. “Jamás imaginé que esto pasaría. Pero la fuerza me la da mi hijo, porque yo amo demasiado a mis hijos, por eso estoy aquí (en Tetelcingo), porque no puedo dejar de pensar en lo que estarán pasando las mamás de las personas que están en las fosas”, dijo en un receso de los trabajos de exhumación.

Metida en su traje blanco, debajo porta una playera blanca con la imagen de su hijo a quien ha nombrado “portavoz de los desaparecidos”. Lleva una gorra que le cubre parte del rostro, su mirada es tímida. Durante la entrevista, varias veces voltea a otro lado. No puede contener las lágrimas cuando recuerda a su hijo, menos aún cuando narra lo que ha pasado. Al inicio de la charla pide que no le pregunte nada de lo que pasa en las fosas. No quiere dar información que ponga en riesgo la diligencia.

Ella es parte del equipo que va registrando las condiciones en las que va saliendo cuerpos de la fosa. Uno de los coordinadores de la UAEM, le había comentado al reportero que María Concepción no estaría directamente en las fosas. Sin embargo, a pesar de que admite que muchas veces tiene miedo, “sé que no soy valiente”, levantó la mano y no se ha perdido ninguna parte del proceso.

Cuenta que su familia se dedica a la venta de pollo y carnitas en Cuautla. Que es un negocio heredado de sus padres y que ahora continúan sus hijos. Tres generaciones dedicándose al comercio. “Estudié hasta el cuarto semestre de Medicina en la UNAM, pero después me casé y dejé la carrera”. Nunca imaginó que pudiera estar en la primera línea al abrir las fosas.

Cuando se le pregunta por qué lo hace, se le nubla la mirada. Cuenta que su hijo Oliver Wenceslao era “como cuchillito de palo” cuando estaba vivo , y ahora, “me habla, me dice, ‘ya vieron lo del oficio’, ‘ya presionaron a esta autoridad’, así era y así sigue siendo. Me habla a través de las ideas que tengo. Es el vocero de los desaparecidos, por eso luchamos hasta que se abrieran las fosas. Ahora esperamos que todas las personas que están ahí, encuentren a sus familias”.

Esta mujer, menuda, con cabello cano, se presentó en el campo El Maguey, a principios de mayo de 2016, para acompañar al rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez y al poeta Javier Sicilia, quienes dieron a conocer que un juez ordenaba la apertura de las fosas. El lugar estaba acordonado y con sellos de la Fiscalía. Sin embargo, Vera y Sicilia los atravesaron, para dar el anuncio desde dentro de ese perímetro. María Concepción hizo lo mismo, igual que otras personas.

Eso le costó que el gobierno de Graco Ramírez la acusara, junto a los demás, de sabotaje y ultrajes a la autoridad. No es la primera vez que ocurre. Una víctima que durante más de dos años fue revictimizada y luego criminalizada por las autoridades que deciden no hacer su trabajo. “Si me meten a la cárcel, pues nada más te pido que me lleves unos cigarritos. No fumo, pero puedo aprender”, dice con sorna cuando se le pregunta al respecto.

Aunque el gobierno se comprometió a retirar la denuncia, no queda claro en qué estatus se encuentra. En el colmo de los absurdos, durante la excavación de las fosas, el 23 de mayo, primer día de las diligencias, después de varias horas de trabajo de la retroexcavadora, las autoridades cayeron en la cuenta que se habían equivocado. Las fosas estaban justo a un lado de ese hoyo que tomó todo el día cavar. “¿Qué te digo? Es el colmo. Y todavía se atreven a decir que no hay irregularidades”, mueve la cabeza en señal negativa, mientras se acomoda el traje, en unos minutos reiniciarán los trabajos de exhumación.

 

La joven buscadora

 

Tranquilina Hernández Lagunas es madre de Mireya Montiel Hernández, una joven que el 13 de septiembre de 2014, tenía 18 años. Ese día, acompañó a su novio, pero éste la dejó en la calle sola por un momento y cuando regresó ya no estaba. Desde entonces su mamá comenzó la búsqueda incansable. En abril de 2016, conociendo el caso de las fosas de Tetelcingo, acudió a un juez y le solicitó que instruyera a la Fiscalía local para que la UAEM participara en la exhumación e identificación de los cuerpos, como su representante. Lo logró. En mucho, la exhumación fue gracias a su intuición.

De mirada clara, es una mujer joven, soltera, que a pesar de su tragedia conserva el buen humor. Su vida ha cambiado de manera radical. Antes de ese día, su preocupación principal era llevar el sustento a sus dos hijas, Mireya y una menor de 13 años que estudia la secundaria. Se desempeñaba como trabajadora doméstica “en casas de judíos”. Sin embargo, desde que desapareció su hija, dejó de trabajar y emprendió su búsqueda. Hoy en día, recicla periódicos y hace artesanías y utilitarios para “irse sosteniendo”.

Su vida ha dado un vuelco. Antes de la desaparición de su hija nunca había pensado en participar en algún espacio público. Desde que eso ocurrió, no sólo hizo posible la apertura de las fosas de Tetelcingo, si no que incluso, desde 2016, esta mujer forma parte de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos que intervino en Veracruz y otros estados. Su fuerza se nota cuando habla. “No sé si voy a encontrar a mi hija aquí (en Tetelcingo), porque yo la sigo buscando en vida. Pero debo tener los pies en la tierra, aunque mi esperanza es que continúe viva y no se encuentre aquí”, dice mientras sus ojos café claro se nublan.

Pero cómo fue que se convirtió en buscadora. “Me fui juntando con otras mamás. Entendí que la desaparición de mi hija no es la única, que existen muchas que andan como yo, buscando hasta debajo de las piedras. Un día supe que había una capacitación para buscar en fosas. Es muy difícil aceptar que la hija de uno puede estar en una fosa. Uno quiere pensar que las va a encontrar en vida. Pero de todos modos fui”, cuenta.

“Me enseñaron como rascar la tierra, como usar la pala y el pico. Me enseñaron cómo es el olor cuando hay gente enterrada. Aprendí. Ya después vino la Brigada (Nacional) y primero pensé que no podría ir, por mi otra niña. Pero mi familia me ha apoyado mucho. Saben que es algo que tengo que hacer. Así que terminé yendo a Veracruz”. Y siente miedo. “Miedo, miedo real, lo he sentido en Veracruz, aquí en Morelos, no es miedo, es más bien rabia, dolor, tristeza”.

Ataviada con su traje Tybek con el logo de la UAEM en la espalda, Tranquilina se puso en el filo de las fosas, registrando cada detalle que observó. Uno a uno los cuerpos fueron saliendo y ella escuchó, registró, observó. “No tengo estudios (terminó la secundaria), pero la verdad, a algunos de los peritos de la Fiscalía, les podríamos enseñar su trabajo”, dice divertida. Para el cuarto día de exhumación, se le veía cansada. Tenía unas ojeras que le rodean los ojos, pero no se “raja”. “Tenemos que seguir. Las personas que están en las fosas no son basura, no son animales, hay que apurarnos y sacarlos a todos de ahí”, dice a pesar de que la diligencia puede tomar otros 15 días.

“El dolor que siento, es el mismo que tienen otras madres, otras personas, otras familias. Yo quiero contribuir a buscar a otras personas. Traje esa lona con la cara de mi hija (señala), la puse ahí, porque quiero que si sale en las cámaras (de televisión), quizás alguien la haya visto y me avise. Pero también quiero que si ella ve las imágenes, se dé cuenta de que la estoy buscando, de que a pesar del tiempo, no he dejado de buscarla, de extrañarla”, explica Lina, como la llaman sus amigos. Se le cae su celular. “¡Ese teléfono! Ya no lo quiero, siempre se me cae”, sonríe, lo levanta, se despide y regresa a trabajar.

Muchas otras historias se tejen en Tetelcingo. Junto a las carpas de la UAEM, una ambulancia sirve para la toma de muestras. Unas 40 personas han venido, porque oyeron en algún lado que en estos días, en que se abren las fosas, también están elaborando de manera gratuita el perfil genético de los familiares. Con el rostro triste, con el dolor vivo en la mirada, hombres y mujeres jóvenes y viejos, con la fotografía de sus seres queridos desaparecidos, todos van contando su historia, la mil veces repetida, la mil veces ignorada.

Al fondo, se escucha la máquina excavadora. Camarógrafos y fotógrafos se pelean un lugar sobre la pipa de la UAEM que les sirve de andamio en el límite del perímetro. Otros más se acomodan entre las rejas de seguridad. Las madres miran con esperanza la escena. La máquina ha exhumado a un cuerpo más. Mientras unas cantan la Oda a la alegría, pintan un hermoso mural sobre papel; otras se apuran a darle la bienvenida al cuerpo que ha sido rescatado del abismo. “¿A qué hora salió?” Luego atan la cartulina al perímetro. Fecha, hora y número de cuerpo: “Bienvenido, tu grito ahogado de dolor será mi fuerza. Somos el eco de tu voz. No he dejado de buscarte, ese pedazo de mi corazón que me hace falta. No me daré por vencida hasta tenerte en casa”. En el oriente, el Popocatépetl revienta, mientras, otra fumarola.

 

Las fosas

 

A un metro de un camino de saca, en el predio El Maguey, ubicado en el ejido de Tetelcingo, al norte de Cuautla, Morelos, se encuentran las fosas clandestinas del gobierno de Graco Ramírez. Ni siquiera la propia fiscalía sabía exactamente dónde estaban, cuántos cuerpos había. Nada. Hoy, después de las exhumaciones, son sólo unos montículos de tierra que se pierden en medio de la maleza.

El panteón, es un campo abierto. Limitado al este por una barranca por la que corre un riachuelo, y al sur y al oeste por unos campos de sorgo. El límite norte es un camino de terracería. Es la comunidad de Tetelcingo, que desde hace años luchar por ganar su autonomía de Cuautla y convertirse en el primer municipio indígena de Morelos.

Ahí se encontraron las dos fosas clandestinas que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos utilizó en 2014 para depositar cadáveres, supuestamente desconocidos y no reclamados por nadie. De acuerdo con el video proporcionado por la familia Hernández Hernández, en esas fosas se encontraron el 9 de diciembre de 2014, 150 cadáveres embalados en plástico PVC y, algunos, muy pocos, con una botella de plástico PET con algún tipo de identificación.

Oliver Wenceslado Rodríguez Hernández fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en la colonia Ampliación Gabriel Tepepa, de Cuautla por cuatro sujetos, mientras recogía a sus hijos de las escuela. Con base en la versión de testigos se abrió la carpeta de investigación CT-UIAE/83/2013 por el delito de desaparición de persona.

El 3 de junio de ese mismo año, es decir, 10 días después, su cuerpo fue encontrado en el barranco de los Papayos, en el municipio de Ayala, al sur de Cuautla. El cadáver fue levantado y se abrió una carpeta de investigación con número CT-UIDD-A/1791/2013, por el delito de homicidio. En esa carpeta se consigna que el cadáver estaba sin identificar.

Después de revisar las pertenencias del cuerpo, se encuentra una credencial y se establece que era Rodríguez Hernández. Sin embargo, con ayuda de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, se realiza una prueba de ADN, con su mamá, María Concepción Hernández Hernández, misma que establece “un 99.99 por ciento de probabilidad” de identificación.

Sin embargo, autoridades de la fiscalía sugirieron a la madre de Oliver que no reclamara el cadáver, sino que permitiera que se hicieran otros peritajes. Cita Concepción Hernández a la entonces subprocuradora de la Zona Oriente, Liliana Guevara Monroy: “es necesario realizar más periciales al cadáver, por lo que era importante que no me entregaran en esos momentos para asegurar las pruebas y evitar que los responsables salieran libres”.

La familia dio su anuencia para que el cuerpo siguiera en la Subprocuraduría Regional Oriente, que unos meses después se convirtió en la Fiscalía Regional Oriente, en Cuautla. Había dos carpetas de investigación, una por secuestro, la otra por homicidio, ambas acumuladas en el mismo caso. La investigación continuó, supuestamente.

Y según relata la madre, en una reunión el 4 de diciembre de 2014, prácticamente un año y medio después de hallado el cadáver, el encargado de la Fiscalía regional, José Manuel Serrano Salmerón, admitió ante la familia que el cadáver de su hijo había sido enviado a una fosa común.

El funcionario informó además que tenía conocimiento que el cadáver había sido inhumado en esa fosa el 28 de marzo de 2014, es decir, nueves meses antes de que la familia se enterara de esto. Concepción Hernández afirma que ella confió todo el tiempo en que el cuerpo de su hijo estaba en las cámaras frigoríficas de la Fiscalía Regional, sin embargo, según el propio Serrano Salmerón, habrían sido el entonces fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado, hoy delegado de la PGR en Durango; y la directora general de servicios periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira, quienes habían ordenado la inhumación de 150 cadáveres, entre ellos el de Oliver Wenceslao.

Todo esto fue realizado en un predio que no cuenta con permiso sanitario correspondiente para la inhumación de cadáveres, y sin enviar oficios de aviso o solicitud de dichos permisos. De hecho, existen los oficios del ayuntamiento de Cuautla, en los que se expresa que no existe ni aviso ni solicitud de ningún tipo. El ayuntamiento que encabezó el perredista Jesús González Otero afirma que no tenía conocimiento ni oficial ni extraoficial de que se hubieran inhumado 150 cuerpos en ese predio de Tetelcingo.

El día 9 de diciembre de 2014, la Fiscalía finalmente accedió a entregar el cuerpo. Para ello, familiares acudieron a presenciar, no sin resistencia del personal de la fiscalía, la diligencia en la que se exhumaron los 150 cadáveres entre ellos el de Oliver Wenceslao, mismo que fue entregado a la familia. Al término de la diligencia, l148 cuerpos restantes fueron devueltos a las fosas, en las mismas condiciones legales, sin permiso. El cuerpo de una maestra secuestrada en Yautepec, fue reconocido por un perito y de una vez fue dejado fuera y supuestamente devuelto a su familia.

Desde ese día, la familia de María Concepción y Amalia comenzaron una batalla legal para conseguir que los demás cuerpos pudieran ser devueltos a sus familias. “Hay 150 familias allá afuera buscando a esas personas, no es justo que estén ahí”, argumentaba María. Por ello, movieron cielo, mar y tierra para conseguirlo.

En octubre de 2015, ambas conocieron el Programa de Atención a Víctimas de la UAEM. Desde ahí se vincularon con organizaciones civiles y redes de colectivos que conformaron un grupo de presión para obligar al gobierno de Morelos a abrir las fosas, acreditar a un grupo de peritos independientes y tomar muestras de identificación de los cuerpos.

El 20 de noviembre de ese año, con el acompañamiento del rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez y del poeta Javier Sicilia, sostuvieron una reunión con el secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz Medina. La reunión fue un fracaso, no sólo porque en principio el fiscal Javier Pérez Durón no se presentó de inicio, si no porque después de escuchar a las familias presentes, los funcionarios de gobierno les hicieron creer que firmarían una minuta de acuerdos. Aunque después de varias horas, los dejaron ahí, sin llegar a nada.

La reunión comenzó pasadas las 5 de la tarde, con representantes de colectivos de víctimas de al menos 10 estados del país, entre ellos Morelos, Guerrero, Coahuila y Tamaulipas. Sin embargo, por parte del gobierno sólo estaba el secretario de Gobierno. Luego de guardar un minuto de silencio y de hacer las presentaciones correspondientes, el rector Vera Jiménez preguntó a Quiroz Medina, por qué no estaba presente el fiscal.

A ese cuestionamiento, se sumó Sicilia y Amalia Hernández: “Nos quedaremos aquí el tiempo que sea necesario, el que sea, hasta que llegue el fiscal”, advirtió indignada y secundada por los 60 representantes de colectivos presentes en la reunión. “Es una grosería que el fiscal no esté en esta mesa, exigimos respuesta”, señalaron.

La reunión se interrumpió por más de 40 minutos, hasta que Pérez Durón arribó. Se reinició la reunión y el fiscal dio respuestas genéricas a los cuestionamientos de los familiares, pero no dejó contentos a los presentes. Luego el secretario y el fiscal, se fueron.

Las negociaciones entre los familiares y funcionarios menores se extendieron hasta las 2 de la mañana del sábado 21. Al final, se rompió el diálogo y no hubo frutos. De ahí, las familias decidieron ir al siguiente nivel. Pues interpretaron eso como “una burla”. 

En conferencia de prensa, ese sábado por la mañana, en la ofrenda de Palacio de Gobierno, los familiares de las víctimas, acompañados por el rector y Sicilia, advirtieron que acudirían a la PGR para demandarle atraer el caso de las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos.

Además, advirtieron que acudirían a organismos internacionales de defensa de los derechos humanos para su intervención en el caso y coadyuvar junto a la UAEM, en el esclarecimiento de lo ocurrido en las fosas clandestinas ubicadas en Tetelcingo, Morelos, al norte de Cuautla. E incluso, advirtieron que en caso de no ser escuchados, como ocurrió con el gobierno de Morelos, ellos mismos abrirían las fosas y comprobar la identidad de los cuerpos, con la ayuda de la Universidad.

El lunes siguiente, las organizaciones y familiares sostuvieron una reunión con el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Plascencia, quien se comprometió a atraer el caso. Al día siguiente se emitió un comunicado que formalizó el procedimiento que incluía la demanda de que el gobierno del estado impusiera medidas cautelares para proteger la zona.

De acuerdo con el comunicado de prensa, la CNDH giró oficios al secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina y al fiscal Javier Pérez Durón, para que “se otorguen medidas cautelares que permitan garantizar la vida e integridad física de las señoras María Concepción Hernández Fernández y Amalia Alejandra Hernández Fernández, madre y tía de Oliver”.

También solicitó que se brinden medidas cautelares para garantizar la preservación del predio El Maguey, así “como mantener el registro que contenga la identificación de personas que intervengan en la cadena de custodia y de quienes están autorizados para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios de lo sucedido”.

El miércoles 25 de noviembre, el segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama López, encabezó una visita al panteón clandestino de Tetelcingo, para conocer el terreno de las fosas clandestinas, al tiempo que emplazó a la fiscalía regional para que le permita conocer el expediente del caso Oliver Wenceslao.

En entrevista, Guadarrama López dijo que el motivo de su presencia era iniciar el proceso de atracción del caso para recabar los informes necesarios para que la Comisión pueda tomar medidas y una decisión al respecto.

En enero de 2016, la fiscalía admitió que no contaba con todas las pruebas de identificación de los cuerpos inhumados clandestinamente en Tetelcingo. Ante diputados locales, que lo citaron a comparecer, Pérez Durón aceptó que la dependencia “extravió” los estudios de ADN de más de 40 cadáveres, por lo que, por primera vez, reconoció que debería exhumar una vez más los cuerpos, para realizarles los exámenes de identificación.

“Vamos a hacer la exhumación correspondiente para que aquellos cuerpos que no cuentan con el perfil genético o que periciales no los tiene, no exista ninguna duda. Vamos a tomar el perfil genético de alrededor de 40, que no los hemos encontrado. No sé si mañana o pasado llegue el coordinador de servicios periciales o el genetista y me diga licenciado ya los encontré”, sostuvo.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas de desaparición, acompañadas de la UAEM, avanzaron y sostuvieron varias reuniones con autoridades federales. Una de ellas al menos, fue celebrada con la participación de la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, quien se comprometió a llevar adelante la exhumación de los cuerpos y los procesos para su identificación.

Sin embargo, no fue sino hasta que un juez de control del Poder Judicial de Morelos, ordenó a la Fiscalía General de Morelos notificar “de manera personal” a Tranquilina Hernández Lagunas, madre de una joven desaparecida, “el día y la hora” en que se abrirán las fosas clandestinas, “para que participe activamente con sus expertos de la UAEM en la identificación humana de los cadáveres”.

En conferencia de prensa, el rector Vera Jiménez y Javier Sicilia, acompañados de María Concepción Hernández, madre de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, desafiaron el operativo policiaco que montó el gobierno del estado e ingresaron no sólo al panteón irregular de esa comunidad, sino incluso el cordón que guarda el lugar donde se encuentran las fosas, para desde ahí dar a conocer esta información.

Vera Jiménez dijo que es “agraviante que las víctimas hayan tenido que recurrir al auxilio judicial ante la negativa de la Fiscalía General del Estado de Morelos y de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos a reconocer el derecho de las víctimas a participar en las diligencias y ser asistidas por sus expertos, tal como lo mandata la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos”.

Sicilia por su parte, exigió a la Fiscalía a acatar la instrucción judicial, y que no intente combatirla legalmente. “La Fiscalía debe convertirse en un verdadero representante social al servicio de las víctimas y no del gobierno”. 

La conferencia de prensa estaba citada a las 10 de la mañana. La prensa local y algunos enviados de la Ciudad de México, llegaron puntuales. A las 10:30 horas, el rector, el poeta y los familiares, avanzaron acompañados de cámaras de fotografía y video. Ya habían cruzado la primera banda, donde un policía les abrió paso. Pero faltaba otra más, color rojo. La pasaron y los policías quisieron cerrar el paso a la prensa. “Que pasen sólo los que van a hablar”, dijo un oficial al mando.

Pero fue imposible detener al grupo de más de 30 personas. Avanzaron dos metros más hasta alcanzar la estructura tubular y con bandas de la policía, además de sellos oficiales de la Fiscalía, que circundaban el área donde supuestamente se encontraban las fosas. Vera Jiménez y Sicilia no se detuvieron, agachándose pasaron por debajo de las bandas e ingresaron junto con María Concepción Hernández, Angélica Rodríguez, madre de Viridiana, joven desaparecida en 2002 y también comisionada de atención a víctimas en Morelos; el coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, Roberto Villanueva Guzmán; y el coordinador de la Comisión de Identificación Humana, Iván Martínez Duncker.

Los policías levantaron la voz y corrieron a tratar de impedir que el grupo mencionado llegara hasta el sitio donde están las fosas. Sin embargo, Sicilia les paró el alto: “Vamos a pasar, comandante. No se oponga, porque vamos a pasar a cómo dé lugar. Nosotros no vamos a dañar el lugar, no vamos a hacerle nada a las fosas. Sólo queremos dar un mensaje de justicia y dignidad”. Eso terminó por desarmar metafóricamente a los policías, quienes no tuvieron más que dejarlos.

Fue el único momento de tensión. A un costado del lugar de las fosas, apenas unos dos metros, se observaba un montículo de tierra y una fosa más. En medio de la tensión, el rector Vera Jiménez, dijo a los policía, “no venimos a estorbarles, tampoco a dañar las fosas. Ustedes deberían cuidar mejor el lugar. Hemos visto que el gobierno ya trajo maquinaria pesada para comenzar trabajos quién sabe de qué”, advirtió señalando un montículo de tierra y una retroexcavadora junto a las fosas.

Enseguida, dio lectura al documento en el que se informó que la Fiscalía está obligada a garantizar el derecho de al menos una víctima, la señora Tranquilina Hernández, a estar presente en la inhumación de los cuerpos y además, que los expertos de la UAEM “participen activamente” en la identificación humana de los mismos e insistieron en que la apertura de la fosas y la identificación de más de 100 cuerpos depositados en las mismas, no debía estar a cargo de la Fiscalía, pues sería “juez y parte”.

Ese mismo día, la fiscal regional oriente de Morelos, Montserrat Castañeda Delgado, presentó una denuncia por incumplimiento de funciones, ejercicio indebido de servicio público, sabotaje, quebrantamiento de sellos y ultraje de autoridad, contra dos policías de Cuautla, el poeta Sicilia, el rector Alejandro Vera, el doctor Iván Martínez Duncker, así como María Concepción Hernández.

La denuncia fue presentada alrededor de las 4 de la tarde del lunes, y la “actora” fue la propia fiscal regional oriente, quien “por mi propio derecho”, presentó la querella, porque el 12 de mayo de 2016, los denunciados y otras personas más, cruzaron el perímetro establecido por las autoridades de Morelos, alrededor, supuestamente, de las fosas en Tetelcingo.

En entrevista, Javier Sicilia, aseguró que existe una “incongruencia” total de parte de las autoridades, porque “por un lado estamos dialogando en torno al asunto de las fosas de Tetelcingo y toda la criminalidad que ello encierra, y por el otro, este gobierno está criminalizando a los defensores de los derechos humanos y a las propias víctimas”.

Informó que el fiscal Pérez Durón recibió los reclamos de las víctimas y de los denunciados, en la reunión ocurrida en la PGR, y por otro lado, que el fiscal se disculpó públicamente, quien “aseguró que la denunciante, actuó de motu propio, y ofreció una disculpa pública a los denunciados”, sostuvo Sicilia Zardaín.

La fiscalía se comprometió a desistirse de la denuncia y a sobreseer la misma, para así terminar con la persecución en este caso de los defensores de los derechos humanos y de las familias de víctimas de la desaparición. Sin embargo, nunca quedó claro el estatus de esa denuncia.

Y así, a la fuerza, el gobierno de Morelos debió abrir las fosas con la presencia de las instancias federales y de los peritos independientes de la UAEM, representantes en este caso de las familias de las víctimas.

 

 

II

 

23 de mayo

A las 6:22 de la mañana del 23 de mayo de 2016, familiares de víctimas, integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y universitarios de Morelos, iniciaron un ritual religioso previo al inicio de la diligencia para abrir las fosas clandestinas de Tetelcingo.

Sin embargo, los representantes de la Fiscalía General de Morelos y elementos del Mando Único, iniciaron una serie de acciones dilatorias, como el intento por tapar la visibilidad del lugar donde se encuentra la fosa, lo que provocó roses y tensiones con los representantes de los medios de comunicación. En algún momento, un elemento de la Fiscalía y dos agentes del Mando Único jalonearon y empujaron a un corresponsal, provocando revuelo, discusiones y gritos. Unos 300 elementos del Mando Único formaron un cinturón alrededor del predio El Maguey, donde se ubican las fosas.

Después de varias discusiones, ambas partes, la Fiscalía, los representantes de las familias de víctimas y los enlaces institucionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), acordaron que sólo se taparían dos lados de la carpa y se dejarían dos más descubiertos. Entonces, la Fiscalía mandó traer la maquinaria para comenzar la excavación, lo que provocó un nuevo retraso de la diligencia.

A lo largo de prácticamente todo el día, reporteros y sobre todo, fotógrafos y camarógrafos, tuvieron una serie de roces y tensiones con elementos de la Policía del Mando Único, así como del personal de la Fiscalía. Los representantes de los medios de comunicación buscaron todo el día el mejor lugar para hacer tomas o tomar fotografías, mientras que los funcionarios obstaculizaron lo más que pudieron.

Además, los incumplimientos de la Fiscalía eran evidentes. No hubo ni agua potable, usaron la de una pipa que proporcionó de la UAEM. No construyeron canaletas para desalojar el agua que se utilizará para lavar los cuerpos. Tampoco instalaron una carpa para circundar la fosa, sino que colocaron sólo una lona que luego intentaron recubrir con plástico negro. Las familias reclamaron todo al fiscal en una reunión pública que celebraron al medio día.

Al lugar, llegó un trascabo con restos de barro en la mano mecánica que se utiliza para excavar. Entonces las víctimas exigieron que la Fiscalía cumpliera el acuerdo de proveer de la maquinaria idónea para realizar esta labor, o sea una máquina que contara con las condiciones de inocuidad y además que tuviera cubiertas las puntas, para evitar que se causaran daños a los cuerpos.

La molestia llegó a tal punto que las familias amenazaron con abrir las fosas “con sus propias manos”, sin embargo, el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, se comunicó vía telefónica con el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, y con el fiscal Javier Pérez Durón para instarlos a acudir al lugar. A las 11:00, el fiscal se comprometió a asistir “en cuanto fuera posible” a Tetelcingo.

Mientras tanto, el poeta Javier Sicilia, entabló comunicación telefónica con el fiscal de Derechos Humanos de la PGR, Éber Omar Betanzos, a quien informó de la situación en la zona. El funcionario federal se comprometió a llevar a cabo las llamadas necesarias para agilizar el procedimiento.

Socorro Tlapala Becerro, dueño del predio El Maguey donde se ubican las fosas, se mostró molesto por tanto movimiento. Al momento de la llegada, había tres patrullas del Mando Único y dos camionetas pick up de la Fiscalía, pero con el equipo de la UAEM, comenzó a verse mucho movimiento en la zona. No obstante, Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la máxima casa de estudios, le explicó que todo era equipo para utilizarse en la diligencia y para darle cierta comodidad de espacio a las más de 40 personas representantes de las familias de víctimas y de los 100 reporteros y fotógrafos en el área.

Seis horas y media después de la cita, comenzó a la excavación, con un acto simbólico, donde María Concepción y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao, respectivamente, y el propio fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, dieron las paladas iniciales de tierra.

A las 12 del día, el fiscal, éste se presentó en el lugar. De inmediato comenzó una reunión entre el fiscal y los familiares de las víctimas, misma que se planeó a puerta cerrada, pero finalmente, debió celebrarse como pública, pues la carpa donde se sentaron fue invadida por decenas de reporteros, camarógrafos y fotógrafos que enmarcaron el encuentro en el que se destrabaron las tensiones.

El fiscal pidió a los presentes permitir el ensanchamiento del perímetro de seguridad. Las víctimas accedieron de inmediato. Luego pidió disculpas públicamente por no haber conseguido la maquinaria idónea para llevar la excavación. Valentina Peralta, de Eslabones por los Derechos Humanos, le dijo claramente: “Mira Javier, ese no es problema, las madres de las víctimas y los presentes estamos dispuestos a hacerlo con las manos, si es necesario”.

Esto se convirtió en un acuerdo. Así que salieron y comenzaron a palear. No obstante, dos horas después, a las 2:30 de la tarde, regresó el trascabo que se había retirado a las 11 de la mañana. Y comenzó a excavar, trabajó que duró más de una hora. Hasta las 3:15 de la tarde, todavía no se había encontrado ningún cuerpo, pero los trabajos seguían.

A las 2:40 de la tarde, se presentó el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina al lugar, saludó al rector de la UAEM, a Valentina Peralta, y se dio la media vuelta y se fue. A regañadientes ofreció algunas declaraciones a los medios de comunicación, y continuó con el discurso de que el gobierno del estado está dispuesto a llevar adelante la diligencia en calma y “apegados a la verdad y al Estado de derecho”.

En un hecho que provocó incredulidad e hilaridad por momentos, en medio del ambiente tráfico que se formó alrededor de las fosas, cuando la máquina llevaba tres metros de profundidad en su trabajo de apertura de las fosas, el personal de la Fiscalía se dio cuenta de que los cuerpos no estaban ahí, sino a los lados, en dos fosas.

A las 4 de la tarde, Villanueva Guzmán del Programa de Atención a Víctimas, informó que la Fiscalía “se equivocó, pues ni siquiera sabe dónde se encuentran las fosas”. Javier Sicilia estalló entre divertido y molesto. Con sorna afirmó que esto demuestra “que tenemos una fiscalía de mierda, no puede ser. Y todavía se atreven a decir que todo está en orden”.

Así que los propios trabajadores de la Fiscalía tuvieron que abrir el primer perímetro, pues la máquina excavadora había colocado la tierra extraída de la fosa fallida sobre el lugar donde realmente se encuentran los cuerpos. La maquina tuvo que hacer trabajo doble y comenzó a cava en los lugares que, ahora sí, contendrían los más de 100 cuerpos inhumados clandestinos en 2014.

A las 5 de la tarde, la máquina por fin dio con los cuerpos. Once horas después de haber iniciado el procedimiento, por fin, los equipos técnicos de peritos de las cuatro instituciones involucradas tuvieron a la vista los cuerpos. Sin embargo, por la hora y las condiciones climáticas, pues una ligera lluvia cubría la zona de Cuautla, se acordó cubrir los cuerpos con 30 centímetros de tierra, para comenzar con el procedimiento de exhumación de los cuerpos hasta el día siguiente a las 6 de la mañana.

En conferencia de prensa, Abimelec Morales, coordinador del equipo pericial de la UAEM, informó que a las 5 de la tarde fue encontrado el primer cuerpo, ubicado a una profundidad de 3 metros con 26 centímetros, aunque en la fosa donde se ubican los cuerpos correspondientes a la Fiscalía Regional Oriente. “Es inquietante que la Fiscalía no sabía dónde estaban las fosas”, afirmó.

Después de un largo día de trabajo, el especialista de la UAEM, dijo “la verdad, varias veces pensamos que no había cuerpos. Parece una broma, pero después de cavar y cavar y darse cuenta de que no estaban ahí (en la fosa fallida), comenzamos a pensar con inquietud que ya no estaban ahí”.

En tanto, Valentina Peralta, de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, denunció que la Fiscalía elaboró una relatoría de lo que ocurrió a lo largo del día, en la que establecía que comenzaron a trabajar a las 5:50 de la mañana y que los retrasos fueron culpa “de nosotros”, es decir, de las víctimas, pues “activistas de organizaciones civiles invadieron la zona de trabajo”.

A las 6 de la tarde, prácticamente se bajó la cortina. Mientras que un funeral acompañado de mariachi y cohetones enmarcó las últimas actividades de levantamiento de aparatos y maquinaria puesta para la diligencia. Con las notas del Rey y las Golondrinas, las autoridades y los equipos periciales, acompañados de los familiares de víctimas se retiraron del lugar.

 

24 de mayo.

A las 12:23 horas del martes 24 de mayo de 2016, una camilla colgante atada a un trascabo exhumó el cuerpo número uno de las fosas. Algunos familiares de víctimas mostraron alegría y de hecho, colocaron una cartulina en la dejaron constancia de ella: “Sabes que te extrañamos en casa. Sin ti nada era igual. Exhumación cuerpo 1. Bienvenido a tu identidad”. Y acompañaron el mensaje con la fecha y la hora de la exhumación, así como el dibujo de un corazón.

La dilación de los trabajos de exhumación continuó. Por ejemplo, por la noche, la policía amplió cinco metros el perímetro de seguridad, provocando la molestia tanto de las familias como de los reporteros gráficos, quienes solicitaron a la UAEM, que colocara la pipa en el límite de las rejas de seguridad para que sirviera de andamio a los fotógrafos y camarógrafos.

En conferencia de prensa, los familiares denunciaron “con profunda indignación, el incumplimiento, por parte de la Fiscalía del Estado de Morelos, de los acuerdos establecidos en función de los protocolos internacionales en materia forense”, particularmente, porque “no proveyeron la maquinaria para descubrir las fosas y cavar las canaletas que permitan drenar el agua con la que deben ser lavados cuerpos; la maquinaria para extraer los cuerpos de las fosas no es la adecuada, ya que al tratar de utilizar un trascabo los peritos consideraron que se podrían alterar las evidencias y lastimar los cuerpos; y pretendieron cerrar con plásticos oscuros el escenario de trabajo para impedir que los familiares de las víctimas y los medios de comunicación atestiguaran la diligencia, contraviniendo la obligatoriedad de la transparencia”. 

Reiteraron que las autoridades “no tenía la ubicación exacta de las fosas ni la profundidad en la que se encuentran los cuerpos. Esto confirma, una vez más, que se trata de fosas clandestinas en las que presumiblemente se configuran crímenes de lesa humanidad”. Y luego expresaron un llamado a que el gobierno de Morelos “no continúen obstruyendo la diligencia y faciliten las condiciones para que esta se desarrolle con transparencia y oportunidad, en aras de hacerles una justicia pronta y expedita a las víctimas de la violencia y a sus familiares”.

Mientras tanto, la Fiscalía emitió un comunicado en el que asegura que no hubo error el lunes en la excavación de la primera fosa, porque “la excavación la llevó a cabo un arqueólogo de la Procuraduría General de la República, la cual tuvo que hacer por etapas, porque al utilizar maquinaria se tiene que hacer con mucho cuidado para no maltratar los cuerpos. El arqueólogo, capa por capa, va vigilando y haciendo sus mediciones para llegar a la capa final donde están los cuerpos”.

Citando al coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía, Samuel Nava Vázquez, el documento señala que “el único error del lunes fue desinformar, dado que la población merece respeto y, para ello, es necesario informar con certeza, seguridad y profesionalismo sobre los procedimientos que los especialistas de cuatro diferentes instancias realizan en la zona de trabajo del panteón de Tetelcingo”.

Además, informaron que Socorro Tlapala Becerro, dueño del predio El Maguey, declaró al Ministerio Público hace tiempo que “no son dos fosas clandestinas, si no que son tres y que la otra se encontraría en una parte del terreno que se encuentra bardeado”. El predio de referencia, se ubica a unos 500 metros de las fosas donde se hacen los trabajos este martes y de acuerdo con vecinos también es utilizado como panteón. Unos meses más tarde, en octubre, Proceso confirmó la existencia de esa tercera fosa en Tetelcingo.

Justo ese martes 24 de mayo se cumplieron tres años de que privaron de la libertad y asesinaron a Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, comerciante de Cuautla, cuyo cuerpo fue inhumado clandestinamente en las fosas clandestinas en Tetelcingo en marzo de 2014, a pesar de estar plenamente identificado por su familia.

En el segundo día de la diligencia en las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos, fueron exhumados apenas cuatro cadáveres, debido a que continuaron las acciones dilatorias de las autoridades de Morelos.

Fue a partir de las 12:23 horas del medio día, los trabajos parecieron adquirir fluidez, tomando algo así como 45 minutos para cada uno de los cuerpos desde el momento en que el trascabo exhumaba el cadáver con su mano mecánica, en la que fue atada una camilla forense. Para las 4:30 de la tarde, el cuarto cuerpo había sido subido a la camioneta del Servicio Médico Forense de la Fiscalía que los llevaría al panteón privado Jardines del Recuerdo, ubicado a unos 15 kilómetros, en la autopista a Oaxaca, también en Cuautla.

A las 4:50, la camioneta arrancó con dirección al panteón privado. A las 5:04 llegó y comenzó la colocación de los cuatro cuerpos en las gavetas. María Concepción y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao acompañaron y atestiguaron la inhumación de los cuerpos, lo mismo que el fiscal Javier Pérez Durón.

La inhumación se dio de manera lenta, bajo el siguiente procedimiento: uno de los peritos leía el número que tenía asignado cada cuerpo, luego se bajaba de la camioneta y se colocaba en una tabla con correas, enseguida se bajaba en la primera fosa y se colocaba en la gaveta correspondiente. Todo quedó registrado en video y los medios de comunicación estuvieron trabajando a una distancia de unos diez metros. Los cuerpos fueron colocados en la fosa denominada A1, gavetas 1, 2, 3 y 4.

Mientras tanto, en Tetelcingo, en conferencia de prensa, Juan Valdivia y Abimelec Morales, del equipo forense de la UAEM, rindieron un informe a las 5:15 de la tarde, respecto de lo ocurrido en el día. Valdivia informó que fueron cuatro cuerpos los exhumados, confirmó que se estuvieron extrayendo restos de guantes, cubrebocas, botellas, trajes Tyvek, de los utilizados por los peritos.

Mientras tanto, Abimelec Morales, informó que los cuerpos exhumados uno de ellos no se contaban con carpeta de investigación ni con ningún número de identificación ni nada, lo que de suyo representa una “seria irregularidad”. Sostuvo que eran cadáveres “necropciados, artículados”, y que la manera de embalarlos “deja mucho que desear, sólo era un plástico negro, no se apegaba a los protocolos”.

“Me atrevo a decir que el lugar (las fosas) fue alterado porque no hubo el procedimiento correcto de no contaminar la escena. Desde el respeto a la dignidad del cadáver y no ir arrojando lo que va quedando. No sabemos si quedaron así en la primera inhumación (28 de marzo de 2014) o en la segunda inhumación (9 de diciembre de 2014)”, sostuvo.

Señaló que no es confiable decir a simple vista si los cuerpos corresponden a hombres o mujeres, pues esto debe ser corroborado por las pruebas genéticas. “Fue una actividad sin cuidado ni protocolo, y deja mucho qué desear”, aseguró.

Los cuerpos de la primera fosa, la que corresponde a la zona oriente de Morelos, fueron encontrados sin ningún acomodo. Tranquilina Hernández, mamá de una joven desaparecida en 2014, y quien lograra que un juez le ordenara a la Fiscalía la apertura de las fosas, dijo con amargura al medio día: “La verdad es que los cuerpos estaban acomodos sin ningún orden, a la buena de Dios, como basura”.

Mientras tanto en Cuernavaca, el Congreso del Estado, aprobó por unanimidad, de los 20 diputados presentes de todos los partidos políticos, una auditoría a las finanzas de la UAEM, lo que ha sido interpretado como una “revancha política” por las acciones que está realizando en relación con las fosas clandestinas de Tetelcingo.

 

25 de mayo.

El tercer día en las fosas clandestinas de Tetelcingo fueron exhumados 11 cuerpos a los que se les tomó la muestra odontológica y ósea para ser identificados. Van 15 en total, de los cuáles, según el equipo de peritos de la UAEM, tres cuerpos no tienen carpeta de investigación, además de que uno de ellos estaba mutilado.

Los 15 cuerpos exhumados este miércoles fueron llevados en dos camionetas a las gavetas construidas por la Fiscalía de Morelos, en el Panteón privado Jardines del Recuerdo, donde hay espacio para 250 cuerpos distribuidos de 10 en 10. La primera camioneta se fue alrededor de las 2 de la tarde, mientras que los trabajos se detuvieron a las 5 de la tarde, y minutos después se fue la segunda camioneta.

Los trabajos tomaron un mejor ritmo, pero las altas temperaturas que se alcanzaron en Tetelcingo, pasando los 35 grados, y sumado a que el personal pericial que está usando trajes Tybek, bajo la lona y la propia carga de trabajo, hace que se acumule el cansancio, lo que hizo que se redujera el tiempo de la exhumación.

De acuerdo con los peritos, aquellos cuerpos que tienen carpeta de investigación, incluyen en el embalaje una botella vacía de plástico pet, de las que originalmente tienen agua o refresco de cola, y dentro de ella un cartón con el número de carpeta. Sin embargo, de los 11 cuerpos exhumados este miércoles, hubo uno que tenía la botella, pero ésta no tenía nada dentro. Mientras los peritos de la UAEM contaron un segundo cuerpo sin carpeta, las autoridades de la Fiscalía aseguraron que sí tiene carpeta, pero que el cartón con el número “se destruyó por el paso del tiempo”.

 

De Ayotzinapa a Tetelcingo

 

Pasadas las 2 de la tarde, al lugar acudió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien fuera tres veces candidato a la Presidencia de la República, ahora impulsor del proyecto Por México Hoy, quien en compañía del rector Jesús Alejandro Vera Jiménez y de Javier Sicilia. El experredista se solidarizó con las víctimas y brindó el apoyo a la UAEM y la labor que realiza. Después pidió castigo para los responsables.

En conferencia de prensa, dijo que los crímenes de las fosas clandestinas de Tetelcingo son comparables a los de Ayotzinapa, y que tienen responsables con nombres y apellidos dentro de la administración de Graco Ramírez, mismos que tienen que ser castigados.

“Desafortunadamente muchos creímos que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pensamos que era el último de esta dimensión, no sólo el número y las condiciones cualitativas en que se dio, desafortunadamente estamos viendo que no es el último. Que están casos como los de Tetelcingo, que seguramente hay otros en el estado de Morelos. Yo simplemente reitero lo que ya comenté, que existe la obligación de las autoridades, tanto locales como federales, de llevar la investigación a fondo y de sancionar en su caso a los responsables, trátese de quien se trate, pues los responsables tienen nombres y apellidos”, reclamó.

Se abstuvo de evaluar el gobierno de Graco Ramírez, pues “eso corresponde a los morelenses”. El excandidato a la Presidencia acudió a Morelos a presentar su proyecto de nuevo constituyente a Cuernavaca y luego se presentó en las fosas clandestinas de la Fiscalía.

En tanto, luego de que el Congreso del Estado aprobará el martes por la noche una auditoría a las finanzas de la UAEM, el rector Vera Jiménez, comparó a los diputados locales con ganado ovino al votar “en fast track, en asuntos generales y sin discusión” a favor de realizar esta revisión a las finanzas universitarias.

“Bienvenida la auditoría, esos dos ejercicios ya nos los auditaron a nivel local y federal. Si quieren revisarlos de nuevo, no nos incomoda. Pero nos parece que es literalmente un linchamiento contra mi administración. Es lamentable que un Congreso se encuentre de rodillas, y que actúe sin preocuparse por las víctimas, por los crímenes. Porque qué bien que ahora están dignificando los cuerpos, pero no nos olvidemos que fue esta administración que encabeza Graco Ramírez, la que basurizó los cuerpos, que los trató como basura, que los entregó al olvido. Es muy penoso que los diputados en lugar de preocuparse ante el hallazgo del día de ayer de que había un cuerpo sin carpeta de investigación, lo cual es un crimen. Es preocupante que ni siquiera se pronuncien. Que no hayan llamado a cuentas al fiscal anterior que tienen premiado en Durango como delegado de la PGR”.

Y fue más allá, dijo que es necesario llamar a cuentas a Graco Ramírez, “que siempre negó los hechos y que con su silencio lo único que hizo fue encubrir a los criminales, fue negligente, porque no mandó a investigar los hechos cuando el sabía, yo se lo dije personalmente, las víctimas se lo dijeron en noviembre pasado y no hizo nada. Así que hay negligencia criminal. Me parece que también obstruyó la justicia a favor de las víctimas. Ojalá el Congreso llame al gobernador a cuentas”.

 

Sainete del ombudsman

 

En tanto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Arturo Olivares Brito, fue increpado por los familiares de víctimas porque fue hasta este miércoles que se presentó en Tetelcingo. Al término de una conferencia de prensa con el fiscal de Morelos, en la que aseguraron que los trabajos se están llevando conforme a derecho, se trabó en una discusión con familiares de víctimas, quienes le reclamaron su falta de voluntad para el trabajo.

Las víctimas insistieron en que la fiscalía está obstaculizando la labor de la UAEM, Olivares Brito, tomó la palabra y desdeñó el trabajo de la casa de estudios de la que es egresado y catedrático. Eso provocó tensión con las familias y con Javier Sicilia. El ombudsman calentó más la situación cuando dijo molesto: “La Universidad debería hacer extensión, su trabajo, en lugar de estar aquí. Y tú (dirigiéndose a Sicilia) te aprovechas de las víctimas”.

Sicilia reviró que la CEDH no hace nada. “Estamos haciendo tu trabajo. No trabajas, no defiendes nada, no hay defensa de los derechos humanos. Nos deberías agradecer al menos”, le espetó. Olivares Brito manoteó y trató de defenderse. Las madres de las víctimas se arremolinaron en torno de ambos.

Entonces, Iván Martínez Duncker, de la Comisión de Identificación Humana, Roberto Villanueva Guzmán, del Programa de Atención a Víctimas y Roberto Ochoa, del Centro de Extensión de la UAEM, encararon a Olivares Brito para advertirle que no podía descalificar el trabajo de la máxima casa de estudios. Para entonces la tensión se había generalizado, el fiscal abandonó ese lugar, mientras que el ombudsman poco faltó para que se liara a golpes con Villanueva Guzmán.

Un asistente de la fiscalía empujó y dio un codazo a una mujer familiar de víctima de desaparición, lo que aumentó más la tensión. Los gritos y reclamos de las víctimas de un lado y la respuesta airada del titular de la CEDH convirtió aquello en una gresca. Tuvo que venir el fiscal Pérez Durón a rescatarlo. De la mano lo sacó de en medio de la gente y luego, prácticamente lo instruyó para que se subiera a su vehículo y se fuera. Todo en medio de los gritos y reclamos de las víctimas.

 

26 de mayo.

El fiscal regional de la zona oriente, Rafael Ávila, confirmó que entre los cuerpos exhumados entre el martes y este jueves, 29 en total, uno de ellos no tenían la necropsia de ley. Señaló que ahí mismo se le practicó y que se determinó que murió por traumatismo craneoencefálico. Lo dijo de manera natural, como si ello no entrañara una de las irregularidades más graves de las fosas.

En entrevista, después de haber culminado los trabajos de la jornada del jueves, el funcionario informó que se habían exhumado 14 cuerpos sólo este día y sumados a los 15 de los días anteriores, hacen un total de 29, lo que permitirá acortar los tiempos que lleve la diligencia.

Dijo que el tiempo se ha acordado porque se han comenzado a aplicar los protocolos. Se le preguntó entonces sobre el tiempo de la diligencia y respondió: “Con el tiempo, las personas están mejor organizadas, entonces hay una mayor organización y una mejor coordinación y se le avanza realmente. Pero además, a veces hay escenarios, por ejemplo, donde se presenta en este caso una persona que no tiene necropsia, pues se le practica en ese momento y pues el tiempo por cadáver se va a 30-40 minutos”.

- ¿Cuántos cadáveres hay hasta ahora sin necropsia?

- Ahorita es uno. Ahorita es sólo uno. De acuerdo con lo que dijeron los médicos legistas que practicaron la necropsia en ese momento, se determinó que murió por una lesión craneoencefálica. Vamos. Es lo que encontramos en ese momento -respondió.

Con ello no sólo se confirma que existe varios cuerpos, que no se ha precisado el número, que no cuentan con carpeta de investigación, lo que representa una ilegalidad, si no que además, ahora se confirma que uno de los cuerpos, exhumados en la jornada de ese miércoles, no contaba, a la hora de ser inhumado clandestinamente en las fosas de Tetelcingo, con la necropsia de ley.

 

27 de mayo.

Ese viernes se exhumaron 16 cuerpos de las fosas de Tetelcingo, llegando a 45 en lo que va de la semana. La primera fosa que se intervino es la correspondiente a la Fiscalía Regional Oriente, misma que según los datos oficiales, contiene 54 cuerpos.

En tanto, el diputado Javier Bolaños Aguilar (PAN), así como los senadores Fidel Demécidis Hidalgo (PRD) y Lizbeth Hernández Lecona (PRI), acudieron a presentar su solidaridad a los familiares de víctimas de desaparición, quienes les exigieron hacer algo, lo que sea, para resolver esta situación, castigar a los responsables y que Tetelcingo no se vuelva a repetir.

En conferencia de prensa, acompañados del rector de la UAEM, Bolaños Aguilar convocó a los legisladores, a las víctimas y a la sociedad en general, a convocar a una campaña de firmas para pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigue los hechos y castigue a los responsables, por crímenes de lesa humanidad.

“Traigo un documento dirigido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos donde le pedimos que considere esto que está ocurriendo en Tetelcingo como crimen de lesa humanidad, entre ellos el de la desaparición forzada, pues al ocultar cuerpos en fosas clandestinas, puede configurar como crimen de esta naturaleza”, informó.

El documento fue entregado al rector y éste dijo que se discutirá con las víctimas, para luego determinar qué se hará en consecuencia. Dijo que se debe considerar que termine la exhumación de los cuerpos y luego el informe de los especialistas, para que exista evidencia real de “lo que sospechamos, que las fosas están plagadas de ilegalidades y que puede configurarse el crimen de lesa humanidad”.

Por su parte, el senador Demédicis Hidalgo, informó que presentó con evidencias de al menos dos personas que tienen familiares desaparecidos. Esto se presentará a la Secretaría de Gobernación, para darle mayor transparencia a lo que ocurra y se obtenga de las fosas. Propuso que se conforme una comisión de la verdad integrada por “los morelenses más honorables”, para conocer qué fue realmente lo que pasó en Tetelcingo y castigar a los responsables.

En tanto que la senadora priísta Hernández Lecona, aseguró que “estamos haciendo la solicitud formal al gobierno federal para que entre la Marina, pedimos que entre el Ejército. Un programa de evaluación del gobierno de Morelos, que si no puede, que se vaya. Estamos comprometidos a apoyar la causa hasta donde tenga que parar”.

Los tres legisladores se comprometieron a apoyar económicamente la alimentación y los traslados de las víctimas que han venido desde diversas partes del estado de Morelos. El rector pidió que se gestione un presupuesto de 10 millones de pesos para consolidar el programa de Identificación Humana de la UAEM, que permita garantizar el procesamiento de las pruebas de las decenas de víctimas que se han acercado a la máxima casa de estudios a lo largo de los meses pasados.

En su oportunidad, Valentina Peralta, de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, demandó a los legisladores impulsar reformas que obliguen a las universidades a seguir el modelo de la UAEM, que incorpore a su currícula cambios para responder a una realidad con la que no pueden las instituciones del Estado. Que incorporen programas de atención a víctimas e identificación humana en sus estructuras y que formen profesionistas en los diferentes temas.

 

28 de mayo.

En el sexto día de trabajo de las fosas de Tetelcingo, se concluyó con la exhumación de 53 cuerpos, encontrando una diferencia de un cuerpo de más, si se toman como válidos los números oficiales de la Fiscalía General de Morelos.

Proceso publicó en noviembre, el contenido de dos fichas informativas firmadas por los peritos que realizaron la diligencia de inhumación el 28 de marzo de 2014. En esos documentos se establece que son fosas y que en la primera se inhumaron 54 cuerpos correspondientes a la entonces Subprocuraduría de la Región Oriente (Cuautla), mientras que en la otra, se inhumaron 64 correspondientes a la Subprocuraduría Metropolitana (Cuernavaca).

En diciembre de 2014, cuando la familia Hernández Hernández exigió la exhumación de los cuerpos para recuperar el cadáver de su hijo Oliver Wenceslao, fue entregado; pero también, fue recuperado el de una profesora, quien habría sido secuestrada y asesinada, además de inhumada igualmente, de manera ilegal, en las fosas.

Así que según los números oficiales había 54 cuerpos en la fosa correspondiente a la región oriente, pero en diciembre de 2014, fueron rescatados dos, el de Oliver y el de la profesora, quedando en 52 el número de cadáveres. Sin embargo, ese sábado fueron exhumados 53, un cuerpo más de los esperados según la fiscalía.

No obstante, el fiscal general Javier Pérez Durón, explicó que “seguramente” a la hora de que todos los cuerpos sean exhumados de ambas fosas, se alcanzará el número de 116, que son los cuerpos que supuestamente fueron reinhumados en diciembre de 2014. En todo caso, después de seis días, el cuerpo número 53 fue exhumado de la fosa a las 11:45 de este sábado. Al final de las diligencias de todos modos hubo un cuerpo “de más” en total.

Al terminar esta parte de los trabajos, por acuerdo de la Fiscalía con las víctimas, se realizó una excavación de metro y medio en esa misma fosa para comprobar que ya no hay más cuerpos.

 

29 de mayo.

Ese domingo, sólo se hicieron posos de sondeo para asegurarse de que no hubiera más cuerpos en la primera fosa y se comenzó a escarbar en la segunda fosa, hasta que fueron encontrados los cuerpos y todo quedó listo para reiniciar la exhumación el lunes.

 

30 de mayo.

Uno de los cuerpos exhumados de las fosas tenía los datos de identificación en la tarjeta que lo acompañaba en el embalaje, o la carpeta de investigación correspondiente los contenía, según lo que se pudo observar este lunes desde el perímetro de seguridad.

Y es que una perito de la Fiscalía se encarga de “cantar” la hora de exhumación de los cuerpos y de los traslados de una mesa a otra, así como del número de carpeta de investigación correspondiente, en su caso. Y fue ella la que  “cantó” los datos, mismos que a veces son audibles hasta el perímetro donde se encuentran los representantes de la prensa y las familias.

Según los datos ofrecidos de manera involuntaria, se trata de una mujer que habría muerto en el municipio de Temixco, al sur de Cuernavaca, y que llevaría por nombre “Angélica”. La pregunta es obligada: si ya tenía los datos de identificación, ¿por qué no se hizo nada por localizar a sus familiares y entregarlo?

Ese lunes, los trabajos comenzaron la exhumación de los cuerpos de la fosa B, la que corresponde a la zona metropolitana de Cuernavaca. El primer cuerpo de esta fosa fue exhumado a las 11:28 de la mañana y concluyeron con el cuerpo número 15 a las 5:27 de la tarde. Fueron 15 ese día, sumados a los 53 de la fosa A.

En tanto, cuatro observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acudieron al predio El Maguey, para comenzar a documentar el caso.

Y aunque se negaron a hacer declaraciones, en la reconstrucción de las versiones de quienes participaron en reuniones privadas se encontró que el caso, les parece paradigmático por dos circunstancias: porque son fosas clandestinas del gobierno de Graco Ramírez y porque hay un modelo de trabajo en el que participan los familiares de las víctimas, la UAEM e instancias federales y locales.

Los “oficiales de derechos humanos” de la ONU, sostuvieron reuniones con familiares de víctimas de desaparición, en la que también estuvo presente el poeta Javier Sicilia; también se reunieron por separado con los fiscales regional oriente Rafael Ávila López y el general del estado Javier Pérez Durón.

Más tarde, los observadores se enfundaron en trajes tivek y fueron testigos de varias de las exhumaciones del día. Enseguida, se reunieron con el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez. En el preámbulo de la reunión, saludaron el esfuerzo de las familias y la máxima casa de estudios por trabajar juntos en una circunstancia tan adversa. También abordaron el asunto de la denuncia de la Fiscalía contra María Concepción Hernández, madre de Oliver Wenceslao, del rector y del propio Sicilia.

En tanto, integrantes de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos acudieron a Tetelcingo a brindar su solidaridad con las víctimas. En un pronunciamiento leído a unos metros de las fosas, condenaron “la creciente violencia que se pasea por el territorio de Morelos está impactando en todos los espacios de la vida cotidiana de la población, tanto en escuelas como en centros de trabajo, las calles o los lugares de esparcimiento y deporte; esto viene a agravar, la ya de por sí, difícil situación que vivimos en las comunidades, barrios y colonias, sobre todo en los pueblos originarios de nuestra entidad”.

El vocero de la Asamblea, Saúl Roque Morales, informó del “respaldo total” a la UAEM y en particular al rector Vera Jiménez; condenaron la auditoría anunciada por el Congreso local a la máxima casa de estudios. A las víctimas les ofrecieron respaldo y solidaridad: “Nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas, sepan que su lucha es nuestra lucha, ¡no están solos!”

 

Osorio Chong y abucheo a Graco

 

En tanto, en Cuernavaca, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acompañó a Graco Ramírez en la inauguración del llamado parque lineal Chapultepec, mismo que se encuentra entre la capital del estado y el municipio de Jiutepec. Al evento acudieron también los alcaldes Cuauhtémoc Blanco Bravo y José Manuel Agüero Tovar.

Durante el evento, el funcionario federal fue abordado por la prensa sobre el caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo. Flanqueado por un Graco Ramírez con cara de piedra, Osorio Chong dijo que “el proceso se está llevando con transparencia, no hay nada que ocultar y quienes quieran participar lo harán, o lo hacen, apegados a derecho”. En relación a la justicia, aseguró que si hay responsables serán castigados conforme a derecho.

En medio de su discurso, Osorio Chong dijo que la inseguridad ha bajado en la entidad desde que el gobierno federal trabaja de la mano del estatal que encabeza Graco Ramírez. No obstante, entre la gente presente comenzaron a escucharse voces de desaprobación que culminaron con el grito de “fuera Graco, fuera Graco”. El secretario de Gobernación pidió a los presentes “evitar la confrontación y sumar para resolver los problemas”.

En tanto, el Consejo Universitario de la UAEM aprobó por unanimidad un pronunciamiento respecto de las fosas de Tetelcingo y la auditoría ordenada por el Congreso local. “Hoy, la UAEM está participando activamente en la identificación de los 150 cuerpos depositados como basura en dichas fosas, en 2014, abriendo así la posibilidad de que los familiares de las víctimas se reencuentren con sus seres queridos y de que, finalmente, se haga la justicia a las víctimas de esta atrocidad”.

No obstante, “asumirse como una universidad socialmente responsable en estos términos, molesta a los poderes dominantes y a las partidocracias que quisieran ver una universidad acrítica, sumisa, ciega y sorda ante la realidad, sometida a los criterios del mercado y, sobre todo, cómplice de la tiranía  responsable de la crisis humanitaria que agobia a las y los morelenses”. 

 

31 de mayo.

El rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, demandó al gobierno federal que se deslinde de Graco Ramírez en el tema de las fosas clandestinas de Tetelcingo, “no queremos un pacto de impunidad, queremos castigo a los criminales, a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad”.

Frente a las fosas, acompañado de los escritores y periodistas Juan Villoro y Javier Sicilia, el académico recordó que Graco Ramírez, en su momento, convocó a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para cerrar filas en torno a Ángel Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero, en el contexto de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, el 26 de septiembre de 2014.

“La federación debe llamar a otra cosa, debe enviar un mensaje diferente y que se deslinde (de los criminales) y que permita que sean juzgados, porque de no ser así, nos encontraremos frente a procesos de descomposición más acelerada”, sostuvo. Porque, “¿quién puede demostrar que varios (cuerpos) de los que están ahí en las fosas, no fueron muertos por la propia policía del Mando Único?”, dijo.

“Desacreditó rotundamente todo lo que ha dicho el gobernador y sus cómplices, y lo culpo por todos los crímenes que aquí (en las fosas de Tetelcingo) se cometieron. Y que ese Congreso ovino lo llame, lo juzgue políticamente por estos crímenes. No tienen información, porque no han estado aquí en las fosas de Tetelcingo. Exigimos justicia para esos cuerpos que fueron tirados como basura y que seguramente a partir de esta exhumación sus familias los van a encontrar. Gracias a las víctimas. Gracias a que un juez ordenó esto”, demandó.

En tanto, Juan Villoro, quien acudió a las fosas clandestinas de Tetelcingo, a anunciar la próxima presentación del libro El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en Morelos, comparó a Graco Ramírez, con el “Gesticulador de Rodolfo Usigli, que es un personaje que se dedica a tratar de transformar la realidad a través de sus declaraciones, de lo que dice y hacer justamente lo contrario. Creo que Rodolfo hizo un traje a la medida de muchos políticos mexicanos y, desgraciadamente, Graco es uno de ellos. El saco le quedó muy bien”.

Luego hizo un reconocimiento al trabajo realizado por la UAEM, “muchas gentes piensan que las Universidades deben ser claustros aislados de la sociedad y de la comunidad. Sin embargo, creo que la principal enseñanza que nos ha dejado la educación pública en México es que las buenas universidades y el conocimiento, se dejan penetrar por la sociedad y que ninguno de sus problemas le son ajenos. En el 68 el rector Barros Sierra supo entender que la Universidad pasaba por una afrenta nacional y que debía dar un ejemplo ético a todo el país. Y cuando el gobierno empezó a reprimir a los estudiantes y a los maestros, el rector Barros Sierra encabezó la manifestación que luego se conocía como la manifestación del rector. Creo que el rector dejó un ejemplo muy elevado que hoy vemos repetirse en Morelos”.

Por su parte, Javier Sicilia dijo que el libro El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, es una obra hecha por muchas plumas, entre ellas la de Villoro, que es quien escribió el epílogo, pero representa una recuperación crítica del movimiento que nació en Cuernavaca, el 28 de marzo de 2011, cuando fue asesinado su hijo Juan Francisco, con otras siete personas.

“Vamos anunciar un libro que tiene mucho que ver con esto que vivimos en Tetelcingo. Es un libro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (…) al inicio del gobierno de Graco Ramírez, que prometió muchas cosas, tomó el camino, que terminó por traicionar, de las víctimas. Y ofreció un dinero al Movimiento por la Paz, no a mi, para la realización de este libro. Se hizo este libro, se publicó. Con muchos autores para una evaluación crítica y después lo publicó. Este libro, que fue financiado por esta administración en una buena parte, ahora lo acusa frente a las fosas de Tetelcingo”, dijo.

Hizo énfasis en que si bien Graco, al principio, en su discurso apoyó el movimiento y se solidarizó con las víctimas, es decir, “tomó el camino de las víctimas”, después, con sus hechos, durante su administración, el gobernador de Morelos “se convirtió en su principal victimario. Traicionó a las víctimas y traicionó su discurso”.

Ese martes, al filo de las 6 de la tarde, concluyeron los trabajos con la exhumación de 16 cuerpos, siendo el día en que más cadáveres se han extraído de las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Morelos. Con estos 16 cuerpos, se llegó a 84 exhumados en los primeros nueve días de trabajo.

En tanto, que Pablo Romo, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, acudió a las fosas y condenó que el propio Estado tenga sus fosas clandestinas. Hizo un llamado para castigar a los responsables “del horror de Tetelcingo” y porque sean identificados los más de 100 cuerpos que ahí se encuentran.

Por su parte, los miembros de la Junta de Gobierno de la UAEM, secundaron al Consejo Universitario, que este lunes cerrara filas en torno a los trabajos en Tetelcingo y a las víctimas. Respaldaron las acciones universitarias y condenaron los crímenes que se cometen en Morelos.

Mientras tanto, se informó en Cuernavaca, que el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina, se reunió con los oficiales de derechos humanos representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Como parte de los trabajos que han desarrollado los observadores de la ONU, se reunieron para intercambiar puntos de vistas sobre el asunto de las fosas clandestinas de Tetelcingo.

A pesar de que ese lunes el secretario de Gobierno no pudo aclarar por qué estaban en Tetelcingo los observadores de la ONU, este martes, Matías Quiroz Medina, declaró que el gobierno de Morelos fue el primero en “pedir” que Naciones Unidas intervenga en el caso Tetelcingo, para transparentar y abrir el asunto.

 

1º de junio.

El padre Alejandro Solalinde comparó al gobierno de Graco Ramírez con el de Enrique Peña Nieto y aseguró que Tetelcingo se puede comparar con Ayotzinapa, porque tanto a nivel federal como en Morelos, las autoridades “se quisieron confeccionar su verdad histórica, alterando los procedimientos, cometiendo irregularidades”, por lo que, el mandatario de Morelos, debe ser sometido a juicio político.

En entrevista durante su visita al predio de las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos en Tetelcingo, sostuvo que “Graco se opuso a toda costa a develar la verdad y por más que están obstaculizando la verdad, saldrá a la luz”, y “por ello, una persona opaca y tramposa como él, debe ser sometida a juicio político”.

Dijo que los gobiernos federal y de Morelos “son iguales, están en lo mismo, están embarrados por todas partes”. En relación a la reciente visita del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y su respaldo al gobierno de Graco Ramírez, Solalinde cuestionó “¿quién va a creer que el secretario de Gobernación es autoridad ética? ¿Quién lo va a creer?, sobre todo cuando ha sido y es el primer corruptor de México”.

Dijo que las fosas de Tetelcingo son de la Fiscalía, no de la delincuencia organizada como en otros estados, sin embargo, aseguró que esto no es diferencia. “No hay diferencia, no hay diferencia entre las autoridades y el crimen organizado. Y lo podemos ver en las elecciones del próximo domingo. Ahí podemos comprobar cómo el crimen organizado está jugando también esa elección”.

En este sentido, dijo que la sociedad civil tiene que organizarse y sacar la cara por todos, porque “la ciudadanía tiene que darse cuenta de que la clase política no solamente no funciona, no sólo es ineficiente, sino que además está coludida con el crimen organizado”.

Antes, durante la misa celebrada bajo un árbol de guamúchil que marca el límite del perímetro de las fosas, Solalinde aseguró que éstas “son producto, no del Diablo, si no de políticos sin ética, de autoridades sin moral ni ética, que son producto de la sociedad enferma en la que vivimos”. Los gobernantes, los policías, los “malosos”, pasaron por una familia, por una escuela, por una iglesia, “y no son malos, no son producto del Diablo, son gente malformada que hace el mal”.

Flanqueado por Javier Sicilia, así como madres de desaparecidos y del rector de la UAEM, les pidió unirse y continuar buscando a sus seres queridos, porque hay que demostrarles a las autoridades que es posible cambiar este país.

Luego, en conferencia de prensa, Valentina Peralta, de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, quien además fue acreditada como representante de las familias de víctimas directamente en las fosas, informó que ha habido una serie de marrullerías en el trabajo de exhumación de los cuerpos por parte de la Fiscalía, cuyos funcionarios intentan a toda costa obstaculizar el trabajo de la sociedad civil y la UAEM.

Advirtió que de la fosa han salido no sólo cuerpos, sino restos. Es decir, entre los cuerpos que fueron rescatados ese día, informó que de pronto se exhumó una bolsa que contenía 10 bolsas, una de las cuales contenía una osamenta, mientras que las otras nueve eran partes de otros cuerpos, los cuáles podrían ser amputaciones, pero también podrían ser desmembramientos practicados por criminales.

Dijo que durante esa jornada se exhumaron 10 cuerpos y 10 restos, con lo que se llegaron a 94 en total desde que iniciaron los trabajos en las fosas el lunes 23 de mayo.

 

2 de junio.

En el día 11 de la exhumación, fuentes de los equipos periciales participantes, confirmaron el hallazgo de tres cuerpos de niños de aproximadamente 6, 9 y “uno casi bebé”, entre los rescatados durante la diligencia.

“Es indignante. Son menores, indigna el trato que las autoridades dan a todos los cuerpos, en particular a estos”, dijo uno de ellos totalmente conmovido. “¿Quién puede pensar en que desaparece un niño o una niña y no lo van a buscar? ¿Cómo es posible que los hayan echado ahí bajo 50 cuerpos de adultos?”, se preguntaba indignado.

Entre los hallazgos se encontraron además otras bolsas con partes de cuerpos que no tenían carpeta de investigación ni número de control del Servicio Médico Forense. Y aunque la Fiscalía negó que esto hubiera ocurrido, el reportero puedo observar desde la distancia, una bolsa negra de la fueron extraídas alrededor de 10 bolsas más chicas de plástico color rojo.

Por cada uno de estos “restos humanos”, que no se sabe si corresponden a amputaciones de miembros realizadas en hospitales o que forman parte de otros cuerpos mutilados, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación. De hecho, hasta ahora, según información recabada entre los participantes, han sido más de 40 las carpetas de investigación que se han tenido que abrir, dado que existen cuerpos rescatados de las fosas clandestinas que no tenían o porque el número que tenían asignado simplemente “se dañó” o “se borró” por las condiciones de maltrato de los cuerpos embalajes.

Ese jueves, los trabajos concluyeron a las 5 de la tarde, con la exhumación de 15 cuerpos, además de los restos humanos rescatados, para hacer una suma total de 109, 53 de la primera fosa y 56 de la segunda, la cual oficialmente tendría 64 cuerpos. Se espera que este viernes los equipos periciales concluya con el trabajo de exhumación total.

En tanto, los representantes de los colegios de Abogados, Biólogos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Industriales, Ingenieros Agrónomos, Contadores y Administradores, acudieron a las fosas clandestinas de Tetelcingo a brindar su solidaridad con los familiares de las víctimas, a exigir al gobierno que castigue a los responsables de los delitos que se derivan de las fosas y a expresar su respaldo a la UAEM.

“Consideramos que es prioritario que las cosas se esclarezcan y que se llegue a las últimas consecuencias, no sabemos si es de este sexenio o del anterior. Deben manejarse las cosas con transparencia y que se castigue a los responsables de todas estas cosas inhumanas”, señaló el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos, José Alfredo Salgado Salgado.

Los representantes de los colegios reclamaron al gobierno del estado su insistencia en descalificar el trabajo de la máxima casa de estudios y advirtieron que su labor es defender a las víctimas y no criminalizar a sus defensores.

En su momento, el rector Vera Jiménez condenó a la diputada Hortencia Figueroa Peralta, presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, quien el miércoles, luego de una visita relámpago a las 7 de la mañana a Tetelcingo, se apresurará a deslindar al gobernador Graco Ramírez de toda responsabilidad de las fosas clandestinas.

“Quizás la diputada quiere deslindar al gobernador de los crímenes que se derivan de estas fosas, porque no hay que olvidar que en el municipio que ella gobernaba (Jojutla, 2012-2105) hay otra fosa clandestina como estas. Y vamos a ir por ella. Si se apresura a deslindar a Graco es porque se quiere deslindar ella también. Sus palabras la acusan”, asestó.

El rector condenó los intentos de la Secretaría de Salud de tratar de alarmar a la comunidad de Tetelcingo con el rumor de que la apertura de las fosas pueden generar problemas sanitarios entre los miembros de la comunidad. “Los hacemos responsables de cualquier intento de linchamiento contra miembros de la comunidad universitaria, familiares de víctimas y equipos periciales que participan en la exhumación”, concluyó. 

 

3 de junio.

A las 11:16 de la mañana de ese viernes fue exhumado el cuerpo 117, último de las fosas clandestinas. Finalmente, fueron 117 cuerpos los que se exhumaron en 12 días de trabajo. Aunque la Fiscalía General de Morelos insistió desde hace más de seis meses en que las fosas contenían 116 cuerpos, al final, fue exhumado uno más; al tiempo que el fiscal Javier Pérez Durón confirmó, en entrevista, que entre los cuerpos se encontraron los de dos niños y un feto.

En un comunicado emitido por la Fiscalía se informó que se trata de “dos menores y un no nato”, que en los tres casos existe “la carpeta de investigación original”. Se trata de un no nato hallado el 1º de diciembre de 2012, de 36 semanas de gestación, de sexo femenino; además, de una niña de siete años, cuyo cuerpo fue encontrado el 26 de diciembre de 2012, y cuya necropsia concluyó que murió por contusión en el torax.

Finalmente, el otro cuerpo es de un niño de dos años de edad, quien fue hallado en el río Apatlaco, a la altura del poblado de Alpuyeca, en el municipio de Xochitepec, Morelos. Según la necropsia, habría muerto por traumatismo craneoencefálico, y quedó como una persona desaparecida.

También se informó que fueron 12 bolsas con partes de otros cuerpos, mismos que serán colocados en una sola gaveta en el panteón privado de Cuautla Jardines del Recuerdo. De cada uno de estos restos se abrió una carpeta de investigación. Al cierra de las exhumaciones, fueron más de 40 las carpetas de investigación que se abrieron por los cuerpos que no contaban con ellas, porque los números de identificación estaban ilegibles o por los restos que fueron encontrados.

Los familiares de desaparecidos presentes en la diligencia acordaron con la Fiscalía realizar una excavación de metro y medio en el fondo de las fosas para confirmar que no haya más cuerpos, además de que se realizarán también perforaciones en las propias paredes de los hoyos para descartar que existan otras fosas aledañas. Lo cual fue hecho y las fosas finalmente fueron cubiertas en su totalidad al filo de las 6 de la tarde.

 

Ayotzinapa y Tetelcingo

 

Pasadas las 2 de la tarde, cinco padres y tres madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, acudieron al predio El Maguey, para manifestar su solidaridad con los familiares de las víctimas de desaparecidos.

Al pie de un guamúchil, en el perímetro de la fosa, los padres y madres ofrecieron una conferencia de prensa para relatar una vez más su dolor y sufrimiento por la pérdida de sus hijos y también, para condenar al gobierno de Graco Ramírez, “porque no es posible que sea la propia Fiscalía la que tenga sus fosas clandestinas y ponga ahí, sin saber quiénes son los cuerpos”.

Demandaron justicia para las personas inhumadas clandestinamente en las fosas, y luego castigo a los responsables hasta las últimas consecuencias. Luego, tuvieron una reunión con las familias de las víctimas de las fosas de Tetelcingo, en donde acordaron caminar juntos, como lo han hecho desde 2011, desde 2014, con el dolor a cuestas por la pérdida de un hijo, un hermano, un padre, un esposo.

 

III

 

En las fosas clandestinas de Tetelcingo, fueron depositados, en marzo de 2014, 118 cuerpos, de los cuales al menos 12 no tienen número de carpeta de investigación asignado, lo cual violaría protocolos y dejaría abierta la especulación, según documentos de la propia fiscalía.

Dos fichas informativas, cuyas copias obra en poder de Proceso, firmadas por peritos criminalistas y con el membrete oficial de la FGJ, dan cuenta de la diligencia ocurrida el 28 de marzo de 2014, cuando fueron inhumados estos cuerpos, “como una práctica normal que pasa en todo el país”, según confesó el recién llegado fiscal Javier Pérez Durón.

En estos dos documentos se describe la diligencia en la que se inhumaron los cuerpos, quienes participaron y cuál es la ubicación de ambas fosas. También se expone cómo fueron acomodados los cadáveres en “planos” o “camas” con número de carpeta de investigación, cuando existe. Ambos documentos cuentan con sello, firma, hora y fecha de acuse de recibo de la Fiscalía.

La ficha uno corresponde a la fosa uno, en la que se habrían depositado cuerpos “no identificados” y traídos desde el Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía Metropolitana, correspondiente a Cuernavaca; en tanto que la ficha dos corresponde a la fosa dos, en la que se depositaron cuerpos “no identificados” traídos de la propia Semefo de la Fiscalía Regional Oriente, correspondiente a Cuautla. Ambas, ubicadas en el mismo predio conocido como El Maguey, en el ejido de Tetelcingo.

La ficha uno, fue firmada por el perito en materia criminalística de campo, Nahu Abel Peñaloza López, quien informa que fue “designado para intervenir en la inhumación de cadáveres que se encuentran en la cámara frigorífica del SE.ME.FO”. Señala que el 28 de marzo de 2014, “se nos instruye por medio de la Dirección General de Servicios Periciales de la zona metropolitana que acudiéramos a las instalaciones (se supone que de la Fiscalía Metropolitana, en Cuernavaca) a las 06:30 hora para posteriormente trasladarnos al panteón Municipal (sic) de Tetelcingo ubicado en el municipio de Cuautla; Morelos”.

A la diligencia, según consta en el documento, acudieron la propia titula de Servicios Periciales de la Fiscalía en ese momento, Ana Lilia Guerrero Moreira, el coordinador regional de Servicios Periciales, Abel Ariel Ávila Arzate; el médico legisla Vicente Lozano Castro; el fotógrafo José Antonio García Brito; los auxiliares forenses Daniel Hernández Cervantes, Abiazel Gaytán Cortés y Marco Antonio Sarmiento Bandera; el arquitecto José Luis Vargas Gómez; el odontólogo forense Jaime Ariel Olivera Melo; y los peritos criminalistas de campo Erick César Dorantes Olivo y Peñaloza López, quien firma la ficha.

En el documento se ubica el predio del panteón en la calle (que es un camino de terracería) Prolongación 5 de mayo sin número. Para llegar ahí les tomó hora y media, pues se establece la llegada a las 8 de la mañana. Narra Peñaloza López: “se observó una fosa común de 3.0 x 3.0 de ancho y 4.0 metros de profundidad al sur poniente del predio por lo que el persona del SE.ME.FO. Procedió a depositar los cadáveres en este sitio, cabe destacar que los cuerpos se encontraban correctamente embalados y con su respectiva carpeta de investigación a la vista por lo cual se facilitará su ubicación para una posterior exhumación, los cadáveres en calidad de desconocidos quedaron inhumados” en la fosa descrita. En esta primera fosa, fueron colocados 64 cuerpos.

Entonces se establece que en el “primer plano”, es decir, hasta el fondo de la fosa, fueron ubicados 11 cuerpos con carpeta de investigación. Luego, fueron cubiertos con una capa de tierra. Se inició el acomodo de un “segundo plano” de 13 cuerpos identificados números de carpeta de investigación. Después de cubrirlos con tierra, fueron inhumados otros 14 cuerpos en el “tercer plano”, identificados también con carpeta. Siguiendo el orden que narra la ficha, los cuerpos fueron inhumados de acuerdo a la antigüedad en la que fueron levantados.

Luego de cubrirlos, vino el “cuarto plano”, en el que se inhumaron ocho cuerpos identificados como “desconocidos”. Enlista la ficha: Desconocido “H”, desconocido “F”, desconocido “D”, desconocido “G”, desconocido “B”, desconocido “I”, desconocido “J” y desconocido “C”. Estos cuerpos se habrían depositado sin que se haya asignado una carpeta de investigación, lo que contradice lo dicho por el perito al inicio del documento. Son ocho cuerpos, en este plano, que no tienen ninguna forma de ser identificados.

En el “quinto plano”, en la parte de la fosa más cercana a la superficie, fueron colocados 18 cuerpos. Sólo 14 tienen número de carpeta de investigación. De los cuatro restantes, uno corresponde al nombre “Pablo Gutiérrez Malpica”, acompañado de la fecha “5/junio/12”; los otros tres se enlistan como: “Donado Sin carpeta”, “Campo Dorado (donado sin carpeta)” y “Donado estudiantes”. Se admite pues que uno de estos cuerpos estaba identificado y tres más, no cuentan con número de carpeta y se hace referencia a “donaciones”. Contando los del plano anterior, serían 11 cadáveres sin carpeta y uno más, que estaría identificado. Aquí se incluyeron cuerpos de 2011, 2012 y 2013, además de la única mujer en el grupo de cuerpos inhumados ese día.

En la segunda ficha se narra de igual manera cómo ocurrió la diligencia y se enlistan los 54 cuerpos que fueron inhumados en distintos planos, llamados “camas” en este segundo documento. Esta segunda ficha fue firmada por Francisco García Caballero, quien se identifica como “Perito oficial” y su firma se acompaña de un sello con el escudo nacional y la leyenda “Procuraduría General de Justicia” de la Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente.

Este documento está dirigido a Gerson Cervantes Gurrea, coordinador regional de Servicios Periciales de Cuautla, en el que “respetuosamente me permito informar a usted, el resultado de la inhumación realizada el día de la fecha (28 de marzo de 2014), de los cadáveres que se encontraban en calidad de desconocidos de los años dos mil once, dos mil doce y dos mil trece”. Se ubica la inhumación en el mismo predio en la calle Prolongación 5 de mayo, en Tetelcingo.

Luego se enlistan los cuerpos y cómo quedaron ubicados. Aquí cuentan con una clave que hace referencia, quizás, a la ubicación dentro del Semefo y luego el número de carpeta de investigación. En la “primera cama”, en el fondo de la fosa, fueron inhumados 13 cuerpos. En la “segunda cama” fueron inhumados 14 cadáveres. En la “tercera cama” fueron inhumados 13 cuerpos. Y finalmente, en la “cuarta cama”, ubicada en la parte de la fosa más cercana a la superficie, fueron colocados 14 cadáveres. Esta segunda ficha habría sido entregada, según el sello de acuse, el 3 de abril de 2014 a las 22:30 horas, en la Coordinación Metropolitana de Servicios Periciales.

Aunque la Fiscalía ha afirmado que las fosas son “comunes”, no “clandestinas ni ilegales”, en realidad ha habido una serie de contradicciones después de que Proceso publicara en su portal, el jueves 5 de noviembre la información respecto de las fosas y un video en el que se exhibe la exhumación de uno de los cuerpos que había sido inhumado a pesar de estar plenamente identificado.

Primero, ese mismo jueves emitió un comunicado de prensa informando que se había abierto un proceso penal y administrativo para deslindar responsabilidades por la “inhumación ilegal” de cuerpos en esas fosas. Luego, el viernes 6, día en que fue ratificado fiscal, Javier Pérez Durón, éste negó que la dependencia o el gobernador tuvieran “fosas clandestinas”.

El domingo 7 de noviembre, en otro comunicado, la Fiscalía informó que estaba dispuesta a abrir las carpetas de investigación de los cuerpos inhumados en esas fosas, “a quien tenga interés público” de comprobar que no hay nada ilegal. No obstante, en conferencia de prensa este jueves 12 de noviembre, el fiscal reculó de nueva cuenta e informó que no podría “abrir” las carpetas, porque “se encontraban en periodo de integración”, esto a pesar de que algunos cuerpos, según los números aquí publicados, corresponden a 2011, hace casi cinco años.

También se informó que sí existen tres carpetas de investigación, de las cuales no se ha revelado su número, relacionadas con posibles delitos que se desprenden de haber colocado al menos dos cuerpos en esas fosas, a pesar de que estaban plenamente identificados. Uno de ellos, que ha dado pie a toda la información respecto de las fosas, es el de Oliver Wenceslao Hernández.

 

La policía de Cuautla dice que eran 150 cuerpos

 

Por otra parte, una tarjeta informativa de la policía municipal de Cuautla, fechada el 28 de marzo de 2014, afirma que en las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ubicadas en Tetelcingo, fueron depositados 150 cadáveres, no 105 como afirma el fiscal, no 118 como quedó constancia en las fichas informativas de peritos de la fiscalía, dadas a conocer por Proceso, hace una semana.

Se informa en el documento, copia del mismo obra en poder de Proceso, la “sepultura de 150 cuerpos en el Panteón de Tetelcingo”, y el nombre del dueño del predio donde se encuentran las fosas, el señor Socorro Tlapala Becerro. El delegado municipal de Tetelcingo, Artemio Balón Tenango, acudió a la diligencia, “indicando que él ya tenía conocimiento acerca de los hechos ya que había recibido una llamada del Procurador”, en ese momento, el actual delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Rodrigo Dorantes Salgado.

La tarjera fue firmada por el director de la Policía Preventiva Municipal, Mando Único, comandante Constantino Salas Martínez y está dirigida al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Mando Único, comandante Gerardo Mosqueda Ortiz, y tiene todos los membretes y sellos oficiales, así como la firma autógrafa de Salas Martínez. Se narra que a las 9 de la mañana con 29 minutos, la patrulla 082 del Mando Único, el policía segundo Humberto García Cortés, junto “con uno más”, en el Camino Antiguo a Calderón, a la altura de la calle 16 de septiembre, de la colonia Tierra Larga, ubicada en Cuautla, “interceptamos dos vehículos, del servicio Médico Forense con número económico 0212 y 0213, al mando la C. Ana Lilia Guerrero Moreira (identificada como Directora de Servicios Periciales), la cual preguntó a los suscritos que donde se encontraba el panteón de Tetelcingo, ya iba a sepultar 150 cuerpos, mismos que provenían de Cuernavaca así como de Cuautla, y que eran cuerpos los cuales no habían sido reclamados y que eran del año 2010 a la fecha”.

Según la ficha, los policías de la patrulla 082, al mando de García Cortés, guiaron el macabro convoy en el que participaron además de Guerrero Moreira, el director de Salud Municipal de Cuautla, Gonzalo Sánchez Hernández, y el propio director de la Policía Preventiva Municipal de Cuautla, Constantino Salas Martínez, quien arribó más tarde en la unidad policial 094.

“Los guiamos hasta el panteón (de Tetelcingo) ubicado en Calle 5 de Mayo entre la colonia 12 de Diciembre y colonia 19 de Febrero, percatándonos que en el panteón ya se encontraban dos fosas de un diámetro de 4 metros por 4 metros”, continúa el texto. A la llegada de Salas Martínez, misma ocurrió a las 9:40 de la mañana, a bordo de la patrulla 094, Guerrero Moreira le indicó “que los trámites se encuentran realizados con legalidad”.

A las 9:43 de la mañana de ese 28 de marzo, “arriban dos camionetas más con número económico 0201 y 0209 mismas que transportaban más cuerpos, llegando posteriormente 4 vehículos más siendo estos una camioneta de la marca Volkswagen de la marca Amarok de color blanca con placas PXN1405 de Mor-Mex, Camioneta marca Nissan tipo Tsuru de color rojo con número económico 01288, en los cuales viajan un aproximado de 15 personas todos ellos integrantes de la Procuraduría de Cuernavaca Morelos”.

Señala el documento que estas personas fueron las que bajaron los cuerpos de las diversas camionetas “para posteriormente depositarlos en las fosas que se encontraban ya en el panteón”. Luego, la ficha narra la llegada del delegado municipal de Tetelcingo, autoridad auxiliar del ayuntamiento, de nombre Artemio Balón Tenango, quien confirmó que acudió a la diligencia, pues “había recibido del Procurador el cual le había indicado que se iban a sepultar 150 cuerpos ya que el propietario del panteón de Tetelcingo de Nombre Socorro Tlapala Becerro había donado las dos fosas que iban a ser utilizadas”.

La ficha termina: “A las 10:05 hrs arriba al panteón el Director de Salud Municipal Dr. Gonzalo Sánchez Hernández con uno más a bordo de una camioneta de la marca Nissan, color blanca con razón social Servicio de Salud Municipal con número económico 01, el cual se entrevista con la Directora de Servicios Periciales la C. Ana Lilia Guerrero Moreira, indicando que todo se encontraba conforme a derecho; Por lo que procedieron a sepultar los cuerpos, finalizando a las 17:00 hrs”.

 

El informe preliminar

 

Las fosas clandestinas de Tetelcingo, son la evidencia de que el gobierno de Morelos que encabeza Graco Ramírez, da un tratamiento a los cuerpos como basura, pero además, la forma en la que fueron encontrados los cuerpos en la diligencia de mayo-junio pasados, “fueron tratados de forma similar a como lo hacen los grupos de la delincuencia organizada, particularmente los zetas”, sostiene el poeta Javier Sicilia.

“Los crímenes en las fosas de Tetelcingo no son errores, son delitos que deben ser juzgados y castigados. Porque de pronto encontramos que el Estado tiene sus propias fosas y cuando observamos las imágenes nos damos cuenta que son muy similares a las que utiliza la delincuencia organizada”, asegura.

Sicilia sostiene que el gobierno de Morelos intenta escapar a su responsabilidad en los crímenes de su administración, además de los crímenes que se cometieron en otras administraciones.

“Los crímenes son deudas de Estado, los crímenes de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu que son en su administración se suman a los crímenes de las administraciones pasadas, corruptas e igual de degeneradas que las de él. Es decir, tiene una deuda triplicada, porque quien asume la representación del Estado carga con esos crímenes y tiene que resolverlos, y no ha resuelto más que el uno o dos por ciento. No somos cajas, somos seres humanos y el Estado tiene una responsabilidad con todos esos seres humanos”, señala.

“Con una ley inoperante y la creación de un Mando Único para, supuestamente, acabar con el crimen, Graco en realidad no ha hecho justicia a las víctimas y, lejos de hacer disminuir el crimen, lo ha aumentado agregándole graves violaciones a los derechos humanos”, dijo.

Sicilia Zardaín se refirió al tema de las fosas de Tetelcingo, “Graco quiere negar que ahí hay crímenes, cuando desde el principio hubo una negligencia criminal, porque enterrar seres humanos como lo hacen los delincuentes y decir que eso es una práctica común, es ser un delincuente”.

 

Atrocidades

 

Entre las atrocidades encontradas en Tetelcingo, está el hecho de que se encontró un cuerpo más de la cifra oficial que manejó la Fiscalía, siendo 117 y no 116 cuerpos exhumados de las fosas; además de los restos de otras 12 personas, de los cuales “no existía registro alguno y a los que se les abrió carpeta de investigación”.

Pero además el informe señala que la cifra original de la exhumación, según la familia de Oliver Wenceslao, comerciante asesinado que fue inhumado a pesar de estar plenamente identificado, quienes afirman que se inhumaron 150 cuerpos. Lo que se corrobora en una tarjeta informativa de la Dirección de la Policía Preventiva Municipal, Mando Único de Cuautla. Presume el informe, “los cuerpos restantes, presumiblemente estarían depositados en una tercera fosa, de acuerdo con el expediente de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández y con la mencionada tarjeta informativa”.

También, de los 117 cuerpos, “34 no tenían o no estaban vinculados a carpeta de investigación alguna, por lo que se les asignó un número de carpeta de investigación”; a lo que se agrega el hecho de que “algunos cuerpos no tenían la necropsia de ley; otros más habían sido mutilados y/o presentaban huellas de malos tratos, inhumanos y degradantes. Otros presentaban heridas por proyectil de arma de fuego; otros de ellos, conservaban sus ropas y pertenencias personales que son fundamentales para su identificación y la persecución del delito”.

Todo eso sin contar con que el cuerpo de Oliver Wenceslao, y del de otra persona, no eran los únicos identificados, se encontraron otra media docena con los datos de identificación, “con nombre y apellidos, de los cuales se conocía su procedencia. La Fiscalía nunca ha informado qué acciones llevó a cabo para dar con el paradero de sus familias”.

Previo a la presentación del informe, se proyectó un video difundido hace unos días por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, en el que afirma que lo ocurrido en Tetelcingo “es normal”, que en realidad se trata de “fosas comunes, aunque hay algunos que quieren hacer creer que son clandestinas, por su ignorancia o su mala fe”. En el video, el tabasqueño reconoce al fiscal Javier Pérez Durón por “dar legalidad” a las fosas y corregir “las fallas de forensia” (sic).

No obstante, a pesar de este intento por naturalizar lo ocurrido en Tetelcingo, Sicilia señaló que abrir las fosas clandestinas no fue una “graciosa concesión” de Graco, “en realidad el gobierno de Morelos se vio obligado a abrir las fosas por la lucha de las familias de víctimas que se dio en el terreno jurídico y de la defensa de sus derechos”.

En las conclusiones y exigencias del informe, se afirma que Graco “mintió respecto a la legalidad y número de fosas, así como al hecho de que todos los cadáveres tenían carpetas de investigación. Insistió en que todo se encontraba de acuerdo con la legalidad y con los protocolos establecidos”.

Se dice que con ello, junto con otros funcionarios de la Fiscalía y del gobierno de Morelos, incurrieron “en delitos de encubrimiento, negligencia y obstrucción de la justicia”, por lo que “deben ser investigados y sancionados conforme a derecho, y se debe garantizar la justicia restaurativa a las víctimas”.

Pero también estos actos, dicen, pueden “configurar delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, mismos que también deben ser investigados y sancionados por organismos internacionales”. A ello se suma la exigencia de que aquellas personas que fueron asesinadas y se encontraron en esas fosas, no han tenido justicia, pues sus crímenes no fueron investigados y no hubo castigo a culpables, por lo que la Fiscalía “debe investigar los hechos, poner a disposición de un juez a los responsables y garantizar que se haga justicia verdadera”.

Demandan también las familias de las víctimas que se apliquen protocolos forenses con estándares internacionales para erradicar “las aberraciones del gobierno del Estado de Morelos evidenciadas en la diligencia de Tetelcingo”. Aclaran que las fosas no fueron “un error garrafal”, “como afirmó el gobernador el pasado 17 de junio”, por el contrario, son “actos criminales al inhumar personas, ilegalmente y en fosas clandestinas, sin cumplir con los protocolos para la identificación humana”.

 

Se entregan dos cuerpos

 

Unos meses después de la apertura de las fosas de Tetelcingo y de la exhumación de los cuerpos, dos familias pudieron recuperar a sus familiares, quienes habían sido reportados como desaparecidos hace algunos años.

Israel Hernández Torres, joven comerciante de materiales de construcción, quien fue secuestrado el 24 de julio de 2012 y aunque su familia negoció con sus captores, nunca apareció. Su familia lo buscó incansablemente en hospitales, morgues, montes, barrancas y en todo lugar donde se enteraban que los grupos del crimen “tiraban cuerpos”.

Cuando supieron de las fosas clandestinas de Tetelcingo se acercaron a la UAEM e hicieron alianza con otras familias de víctimas de desaparición. Impulsaron como familia la exigencia a las autoridades de que se abrieran las fosas y dieron muestras clínicas para la elaboración de sus perfiles genéticos.

Tanto María Félix Torres Peralta como Edith Hernández Torres, madre y hermana de Israel, acudieron todos los días a Tetelcingo, mientras eran exhumados los 117 cuerpos. Uno de ellos resultó ser el de Israel. El 30 de septiembre pasado les informaron. Apenas este jueves 20 de octubre se llevó a cabo la audiencia judicial en la que la juez María Luisa Cadena, ordenó que les sea entregado el cuerpo de su familiar. El próximo lunes 24 de octubre, Israel Hernández Torres por fin regresará a casa para ser velado e inhumado por su familia.

“Pero, ¿te imaginas cuántos casos más debe haber en estas condiciones?”, se pregunta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y uno de los principales impulsores de la apertura de las fosas. “Por eso tenemos que abrir todas las fosas que este gobierno y el crimen organizado, tienen en Morelos. Ya se habla de que fue localizada otra fosa en Tetelcingo, están las de Jojutla y otras más de las que tenemos información”, sostiene con un rictus de dolor. “¿Quién sabe qué destapamos en Tetelcingo?”, se pregunta a sí mismo y mueve la cabeza.

El otro caso es el de la señora María Dolores Juárez, oriunda del Estado de México, quien habría sido secuestrada en marzo de 2013, presumiblemente en los límites con el estado de Morelos y a pesar del pago del rescate, nunca apareció.

Su cuerpo también fue encontrado en las fosas de Tetelcingo y a finales de 2016 o principios de 2017 fue entregado por las autoridades del gobierno del estado de Morelos a su familia, misma que no quiso hacer público sus dolor y su tragedia.

La entrega de estos cuerpos confirma, según especialistas, que el gobierno de Morelos, que encabeza Graco Ramírez Garrido, puso en esas fosas a personas reportadas como desaparecidos por sus familias.

 

Carmen Aristegui sobre las fosas

 

“Lo que nos demuestra Tetelcingo es la total ausencia o el rompimiento de los códigos fundamentales del tratamiento de los seres humanos, poner cuerpos de manera indigna entre la tierra, algunos con cabeza, otros sin ella, ahora sabemos que también hay niños. Es indignante y nos parece que se han roto todos los códigos de lo humano”, lamentó Carmen Aristegui, el 3 de junio de 2016, durante la presentación del libro sobre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, justo a unos metros de las fosas.

La periodista señaló: “Estar aquí, estremece. Estar aquí a unos metros de las fosas de Tetelcingo, estremece. A unos metros de la fase del proceso de exhumación de estos cuerpos que fueron ahí enterrados de manera terrible, estremece. Es la suma de los horrores y más. Volver a preguntarnos dónde estamos parados. Es pararse frente al espejo. Es recordar el inicio del Movimiento por la paz”.

“La muerte de Juan Francisco que provocó la necesidad de organizarse, de encontrarse. Javier Sicilia que tuvo la magia de tocar esas puertas, de decirlo y de convocar a tantos con su propia historia. Este libro nos vuelven la mirada a ese momento en el que Javier Sicilia perdió a su hijo. Eso que logró lo que nadie hasta ese momento, hablar de las víctimas. Que hizo posible dejar de poner en el mismo saco y de decir prácticamente, “se lo merecían’”, señaló.

Aseguró que “las conciencias siguen sacudidas. Las fosas de Tetelcingo son esta expresión extrema de lo que puede suceder con el tratamiento de los seres humanos. Estas fosas de Tetelcingo nos recuerdan que las peores cosas siguen sucediendo y saber que hay fosas por todos lados en México. Hay que agregar a las fosas criminales las que tienen un componente oficial, las fosas en las que fueron depositados sin orden, ilegalmente, criminalmente”.

Luego citó el texto “Carta abierta a políticos y criminales”, escrito por el poeta Javier Sicilia, el 3 de abril de 2011, unos días después del asesinato de su hijo Juan Francisco y publicado en la edición 1976, de la revista Proceso, y retomado como parte del libro El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

“Estamos hasta la madre de ustedes, políticos –y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos–, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han sido incapaces –a causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el poder– de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendrá salida”, citó la periodista para concluir su intervención.

Antes, el poeta Javier Sicilia había dado la bienvenida a los presentes: “Bienvenidos al infierno y a un acto de dignidad que es haber exhumado estos cuerpos y buscar a quien pertenecen. Este Movimiento no se ha detenido, cuyo objetivo es darle dignidad a las víctimas, volverlas sujetos sociales; porque el objetivo del gobierno es criminalizarlas. Quiso reivindicar a las víctimas”.

Y siguió: “Estas fosas tienen que ver con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en otro sentido. El mismo día en que se conmemoraba el inicio del movimiento, después de tres años de lucha, ese mismo día el gobierno de Graco Ramírez estaba abriendo estas fosas. Es una afrenta no sólo a las víctimas, sino al Movimiento. Este libro fue financiado por ellos porque su discurso tomó el camino de las víctimas, pero después traicionó a las víctimas”.

Luego agradeció al rector Jesús Alejandro Vera Jiménez por su acompañamiento. “La UAEM y su saber ha salido a dar la cara por el movimiento y a través del movimiento hemos salido a dar la cara con la gente. Si eso no es trabajar universitariamente, no entiendo para qué chingados sirve la universidad. Esto es pedagogía, esto es ciencia política, esto es práctica forense. Si me dicen que la universidad es las aulas, yo les digo no quiero esa pinche universidad. Debe estar al servicio de la sociedad, respondiendo a sus necesidades y a sus problemas”.

Porque “si reducimos la universidad al servicio de quienes quieren usarnos para aumentar los bienes de capital, estamos traicionando a la Universidad, eso no es una universidad. Llevé a la UAEM conmigo, con un chaleco o una chamarra que decía atrás, mientras caminamos este país. Llevé a mis amigos de la Universidad conmigo mientras caminé al país”, recordó al tiempo de señalar que siempre vistió prendas con la leyenda universitaria de Morelos.

De su lado, el rector Vera, expresó que “la UAEM participa activamente en el MPJD toda vez que Javier Sicilia es miembro distinguido de la comunidad universitaria, fungiendo como profesor y como funcionario. De hecho la movilización que detona en 2011 el surgimiento del movimiento fue acompañada por la comunidad universitaria, en ese entonces era rector Fernando Bilbao Marcos. Por lo tanto este movimiento es parte fundamental de los académicos”.

Luego sostuvo que las causas del Movimiento por la Paz encabezado por Sicilia “siguen vigentes e implican una lucha política frente a una realidad que queda evidenciada en las fosas de Tetelcingo”, por lo que “lanzarle el movimiento a las víctimas de que estamos usando a las víctimas con fines electoreras, es negarle a las familias el derecho de encontrarse con otros”.

En algún momento, la señora Carmela Hernández Mena, abuela de Oliver Wenceslao, comerciante asesinado e inhumado clandestinamente en las fosas de Tetelcingo, relató con lágrimas en los ojos, “desde que nuestros hijos van al colegio, ¿quién compone las aulas?, los padres. Los mandamos (a nuestros hijos) a la escuela, ¿y para qué?, para que nos los quiten, no señor. Por qué me hizo Dios esto de quitarme a mi nieto. Por favor, mándame a mi nieto, vivo o muerto, para darle cristiana sepultura. Hay gentes más pobres qué uno que desapareció y ya. Así que señor Sicilia muchas gracias, rector, muchas gracias”.

 

IV

 

En el panteón municipal de Jojutla, ubicado en la colonia Pedro Amaro, el aroma de flores secas y tierra mojada se confunden de pronto con el picante olor a muerte. Al fondo, un terreno de unos 120 metros ha sido delineado con cal. Ahí se encuentran los rastros de dos fosas, al menos, en cuyo interior se tejen una serie de contradicciones entre las versiones oficiales y lo que dicen los vecinos.

De acuerdo con el gobierno del estado y la administración municipal 2012-2015, en ese lugar se ha realizado una sola inhumación de cuerpos por parte de la Fiscalía General de Morelos, ocurrida el 14 de julio de 2014. Sin embargo, vecinos y una fuente que entonces se desempeñaba como autoridad municipal consultados por este semanario, aseguran que las inhumaciones ocurren desde hace más de 10 años.

De hecho, a la inhumación de 39 restos de personas, ocurrida en 2014, le anteceden al menos otras dos de 45 y 75 cuerpos, realizadas en la administración del alcalde priísta Enrique Retiguín (2009-2012), cuando gobernaba Morelos el panista Marco Antonio Adame Castillo. Aunque todos coinciden en que de esas inhumaciones no se tiene registro ni en el ayuntamiento ni en el gobierno del estado. Sin embargo, vecinos, exautoridades municipales y hasta reporteros de la zona, coinciden en que ocurrieron dichas inhumaciones.

El reportero pudo confirmarlo recabando testimonios: “Seguido vienen a echar cuerpos ahí. Desde la administración de Nelson (Torres Mondragón, 2003-2006). Llegan con la máquina y luego ahí nomás los tiran. Aunque nos hemos quejado del mal olor que despiden las fosas, no nos hacen caso. En el ayuntamiento no hacen nada. Y en la Procuraduría, nadie quiere meterse con los judiciales. Ya ve cómo son. Y luego, pues están los malos, con esos nadie se mete”.

Según documentos oficiales, a los que tuvo acceso Proceso, el 14 de julio de 2014, a las 7:30 de la noche, personal adscrito a la Fiscalía Regional Sur-Poniente se presentó en las oficinas de la Coordinación de Servicios Periciales de Jojutla para acompañar el traslado de los cuerpos y su posterior inhumación en el predio “donado” por el Cabildo de esa localidad. El procedimiento en el panteón inició a las 10 de la noche y concluyó en la madrugada del 15 de julio.

Se trata de los restos de 39 personas que se encontraban en las cámaras frigoríficas de la Fiscalía Regional Sur-Poniente, de los que existen varias carpetas de investigación locales y averiguaciones previas federales. Según el listado oficial se trata de 27 hombres, cinco mujeres, cuatro osamentas, dos restos óseos y una cabeza, con fechas de levantamiento de los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

De acuerdo con la entonces alcaldesa de Jojutla, la perredista Hortencia Figueroa Peralta, todo se hizo “conforme a derecho”. En entrevista, realizada en su casa de gestión, la actual presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, asegura que la inhumación de cuerpos en el panteón municipal fue aprobada por unanimidad por parte de los integrantes del Cabildo.

La aprobación ocurrió en la sesión ordinaria del Cabildo de Jojutla el 14 de mayo de 2014, es decir, dos meses antes de que ocurriera la inhumación, en ella participaron además de la propia Figueroa Peralta, el síndico municipal Manuel Valentín Juárez Policarpo, y los regidores Gerardo Sánchez Mote, Abel Martínez Salgado, José Guadarrama Cárdenas, Guillermo Andrés Ramírez Ocampo, Norma Elvia Bucio Contreras, Atanasio Pérez Villalobos y Yazmín del Rosario Pastrana Sánchez.

La petición formal de la Coordinación Regional de Servicios Periciales de la Zona Sur Poniente sobre la inhumación de cadáveres no identificados, fue aprobada “por unanimidad”. Además se aprobó “la condonación del pago de inhumaciones de los 38 cadáveres, (apoyo con el) trascabo para la realización de la Fosa Común en el panteón municipal de la Col. Pedro Amaro, hojas de triplay tipo Cimbra de 1.22 x 2.44 metros”.

La exalcaldesa asegura que el Cabildo tuvo siempre la disposición a apoyar la petición de la Fiscalía General de Morelos entonces a cargo de Rodrigo Dorantes Salgado, el mismo que ordenó el procedimiento de las fosas clandestinas de Tetelcingo, y que hoy se desempeña como delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Durango. Sin embargo, una fuente que trabajó en esa administración municipal asegura que a Hortencia Figueroa le costó trabajo “convencer” a los regidores, pues la mayoría se opuso a la inhumación de cuerpos.

No obstante, la perredista advirtió a sus compañeros ediles que era obligación de los municipios coadyuvar con la Fiscalía. “De todos modos se va a hacer, con su aprobación o no”, les soltó la entonces alcaldesa, asegura la fuente, quien relata que la reunión previa al Cabildo de aprobación fue ríspida. No obstante, al final, todos los regidores votaron a favor a condición de que sólo ocurriera una ocasión.

El 14 de julio de 2014, el trascabo llegó al lugar después de las 9 de la noche. Además del personal adscrito a la Fiscalía Regional Sur Poniente, había dos funcionarios municipales y un representante de los Servicios de Salud de Morelos. Carlos Camarena Cortés fue comisionado por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Jojutla, Adalberto García Orduño, “para trasladarse a Procuraduría ubicada en C. Del Pochote S/N colonia del Zapatito, Jojutla, Morelos”, con objeto de “asistir a acto de sepultura de 38 cadáveres que se encuentran en calidad de desconocidos”.

Los cuerpos fueron trasladados dentro de bolsas color negro en camionetas de la propia Fiscalía. El trascabo comenzó a cavar en el lugar y cuando llevaba un metro, salieron entre la tierra restos de los cuerpos colocados ahí con anterioridad. Ello confirma las anteriores exhumaciones. De estas exhumaciones también dan cuenta números de carpeta de investigación de 2002, escritos sobre la barda que circunda el panteón.

Los restos exhumados el 14 de julio de 2014, previo a la inhumación de los 39 cuerpos, consistieron en quijadas humanas, costillas, restos óseos y cuero cabelludo. También fueron extraídos restos de bolsas, guantes y cubrebocas. El personal de la Fiscalía le pidió al maquinista continuar su labor. Cuando la fosa tuvo la profundidad deseada, los cuerpos fueron inhumados y acomodados en tres camas,  mientras que lo extraído fue esparcido por la zona como si fueran restos de animales, o basura.

De hecho, el ayuntamiento de Jojutla confirmó que en esas fechas, se tuvo que regar con cal toda la zona, ante la queja de los vecinos por los malos olores que quedaron en el lugar. Algunos de quienes participaron en esa ingrata tarea recuerdan que fueron encontrados los restos humanos esparcidos por el lugar. En un recorrido realizado en las inmediaciones de las fosas, fue localizada lo que parece ser el pedazo de una quijada humana con el canino, los dos premolares y dos molares, a casi dos años de la inhumación.

 

Los cuerpos

 

En julio de 2014, los cuerpos fueron apilados de la siguiente manera, según los documentos a los que Proceso tuvo acceso: primero fueron inhumados nueve cuerpos correspondientes a una misma averiguación previa federal, lo que puede implicar que fueron asesinados en los mismos hechos. El número de averiguación previa es el siguiente: PGR/SIEDO/UEIDCS/425/2010, es decir, de la PGR, la entonces Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS), es decir, los hechos estarían relacionados con el narcotráfico.

En la siguiente cama fueron acomodados 14 cuerpos de 2011 y 2012, cuyos números de carpeta de investigación son de la Fiscalía Regional Sur Poniente. Según los registros hay hechos correspondientes a Jojutla, Mazatepec, Amacuzac, Puente de Ixtla, Zacatepec, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Miacatlán, entre otros.

En la siguiente cama fueron depositados los 10 cuerpos correspondientes a 2013, así como restos óseos, cuatro osamentas y una cabeza humana. Todas las carpetas de investigación relacionadas con estos cuerpos y restos corresponden a números de la propia Fiscalía Regional. Por ejemplo, la cabeza humana fue localizada el 4 de agosto de 2010, en la calle Abasolo número 6 del poblado de Cuauchichinola, en el municipio de Mazatepec, al poniente de Morelos. Tiene asignado el número de averiguación previa TC01/444/2010.

En tanto, hay los cuerpos de dos mujeres que fueron levantados en el mismo hecho con la carpeta de investigación JO01/1929/2011 del 26 de octubre de 2011, ocurrido en el paraje del Captri Mocho, en el poblado de Rancho Viejo, en el municipio de Tlaquiltenango. 

Del año 2013, también hay los cuerpos de cuatro hombres que habrían sido asesinados en el mismo hecho. Se trata de la carpeta de investigación FPI/1007/2013 que da cuenta del hecho el 10 de diciembre de 2013, en el paraje Puente de Tierra Ahuatitla, en la comunidad de Huajintlán, en Amacuzac, municipio del que es originario Santiago Mazari, alias El Carrete, líder del grupo delictivo Los Rojos.

Entre los documentos a los que se tuvo acceso, hay dos que demuestran las carencias en los laboratorios de servicios periciales para llevar a cabo los procesos de identificación humana, con lo que se confirma que los cuerpos fueron inhumados sin necesariamente contar con los perfiles genéticos. Se trata de los oficios del 22 de febrero y del 12 de abril de 2014, firmados por la genetista Gabriela Aguirre Crespo y dirigidos a la directora de Servicios Periciales de la Fiscalía General Ana Lilia Guerrero Moreira, en los que explica que no es posible hacer estudios para confronta de muestras de dos cuerpos por falta de reactivos y por descompostura de los equipos.

Dice textual en ambos: “NO es posible dicho informe en virtud de que las carencias del laboratorios (sic) de genética forense no solamente atienden al desabasto de material, el cual fue subsanado en su mayoría, pero no en su totalidad, sino que además se requiere del correcto funcionamiento de los equipos de aire acondicionado para poder tener una temperatura controlada y así poder contar con las condiciones necesarias para laborar, aunado a que el ultra congelador donde se almacenan los ADN genómicos se encuentra descompuesto, situación que complica el almacenamiento de los mismos”.

 

Nuevas pruebas y testimonios

 

En el panteón municipal de Jojutla, el gobierno de Morelos no sólo cavó una fosa. Son al menos tres, de acuerdo con el testimonio de una persona que pudo observar in situ las tres excavaciones. “Todavía no sacan ni la mitad de los cuerpos que fueron enterrados”, advierte en entrevista con Proceso.

Esta es la historia que nadie ha escuchado. O tal vez sí, pero que las autoridades prefieren callar. El testigo, quien solicitó mantener el anonimato, asegura que en los días finales de la gestión municipal del priísta Enrique Retiguín (2009-2012), se realizaron al menos dos fosas más. La primera “pequeña” para 19 bolsas, con un número incierto de cuerpos; y la segunda, “más grande”, para colocar “como animales, como basura”, otras 70 bolsas.

A esas dos se suma la tercera, la que se cavara el 14 de julio de 2014, durante el gobierno municipal de la perredista y actual diputada Hortencia Figueroa Peralta (2012-2015). En esta última “se colocaron 35 bolsas”, aunque para ésta sí se utilizaron placas de triplay para separar las distintas camas de cuerpos.

“Entre las tres excavaciones e inhumaciones que vimos, son una de 19 y otra de 70, de los últimos días de Enrique Retiguín. Y una tercera, de la licenciada Hortencia, donde fueron inhumados 35 cuerpos. En total, son 124 bolsas negras, no sabemos cuántos cuerpos, porque ahora sabemos que en las bolsas puede haber uno, dos o tres cuerpos”, asegura el testigo.

“Yo vivo ahí cerca y me tocó presenciar lo que ocurrió”, dice. “Nos percatamos que en los días finales del gobierno de Retiguín, llegó una máquina retroexcavadora y comenzó a trabajar. Hizo una fosa pequeña a seis metros de la barda perimetral y a unos centímetros de una cripta que se encuentra a un lado del (árbol de) guamúchil que está muy cerca de la puerta trasera del panteón”, afirma.

Para explicarle mejor al reportero, el testigo elaboró un croquis. Asegura que en esa primera fosa fueron colocados 19 bolsas con cuerpos. La máquina hizo la fosa y luego le llamaron a las camionetas del Servicio Médico Forense (Semefo) de Morelos. “Abrieron la puerta de las camionetas y aventaron los cuerpos” sin ningún tipo de organización. Eran los últimos días del gobierno estatal del panista Marco Antonio Adame Castillo y los primeros del actual que encabeza el perredista Graco Ramírez.

“Unos dos meses después, la máquina llegó otra vez a trabajar. A las 10 de la noche comenzó la excavación. Nosotros estábamos muy cerca y nos tocó observar. La máquina hizo la fosa y como a las 11 de la noche, los ministeriales (a cargo), llamaron por teléfono: ‘llámales a los de Cuernavaca, diles que se traigan sus camionetas’. Y luego: ‘llámales a los de Cuautla, que se traigan sus camionetas’. Y comenzaron a llegar.

“Vimos como llegaron varias camionetas. Eran demasiadas camionetas. Cada una de ellas traía 10 bolsas. Los ministeriales comenzaron a apilarlas dentro de la fosa. Esta tenía mayores dimensiones que la anterior, pero estaba ahí, a un lado de la primera. Hicieron una pila con 70 cuerpos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo que era aquello? 70 bolsas apiladas con cuerpos.

“Pero eso no fue lo peor. Cuando estaban apilados, le pidieron al maquinista: ‘extiéndelos con la mano’ de chango, la que tiene la retroexcavadora. Y comenzó la máquina a trabajar. Eso fue peor. Fue feo ver cómo estaba esparciendo los cuerpos en esa segunda fosa. Las bolsas se rompieron, algunos cuerpos estaban desmembrados y se salieron y no les importó. Le dijeron al maquinista que le siguiera y que luego cerrara la fosa”, sostiene en entrevista.

Asegura que además de los policías ministeriales, quienes no tenían traje ni cubrebocas, se encontraban también varios licenciados, quienes firmaban papeles, pero nunca se acercaron a las fosas. “Cuando llegaron las camionetas, la máquina misma les alumbraba. La camioneta al bordo de la fosa y los bajaban como animales. Los trabajadores de la fiscalía arrastraban los cuerpos y los aventaban. Las bolsas se rompían y no les importaban. Simplemente fueron formando una pila de cuerpos. Era 70 cuerpos en esa segunda fosa”.

“Eran demasiadas camionetas, traían muchas bolsas, pero nosotros escuchamos que eran 70 y además las contamos. Desde donde estábamos observando, nos percatamos de cómo los fueron echando y los fuimos contando. A lo mejor nos equivocamos, pero eran muchas bolsas”, asegura el testigo. “Yo vivo cerca. Escuchamos el ruido de la máquina y entonces fuimos a ver. Terminaron esa vez como a las 3-4 de la mañana”.

Las fosas que señala el testigo se encuentran justo en la entrada de la llamada “zona cero”. De hecho, durante la dirigencia, en esa zona se ha colocado una camioneta del Semefo para los cuerpos que se están exhumando, también están ahí las mesas donde limpian los cuerpos, los revisan, les toman la muestra genética y la parten en cuatro piezas para entregar una a la Fiscalía de Morelos, otra a la Procuraduría General de la República (PGR), una más a la división científica de la Policía Federal y finalmente, otra para el equipo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Las dos primeras fosas se encuentran al menos a 10 metros de la tercera, por lo que es imposible que al abrir ésta última dieran con los cuerpos de las dos primeras. “Están buscando cuerpos donde no es”, afirma. El testigo confirma lo que publicó Proceso en junio pasado, que las anteriores inhumaciones en esa zona, no se hacían con la profundidad requerida: “La gente de este lugar nos quejábamos por el olor fétido que salía de esa zona del panteón. Inclusive una vez descubrimos a un perro con un hueso humano en esa zona”, asegura.

Finalmente, el testigo recuerda y narra como, al abrir la segunda fosa, la que incluye 70 bolsas, un trabajador de la Fiscalía de Morelos le preguntó al maquinista: “¿Dónde ponemos esto?”; “¿Qué es?”, respondió. “Son cabezas y otras cosas”. Y esa bolsa la echaron en una esquina de la fosa.

 

La tercera fosa

 

“Después, ya en 2014, se abrió la tercera fosa, ya con la licenciada Hortencia (Figueroa), y ahí se enterraron 35 bolsas. En esa tercera las cosas se hicieron un poco mejor, porque ya les dieron trajes a todos los que participaron y tapabocas. Esa fosa no se abrió en la zona donde estaban las otras dos, fue más cerca de la esquina del panteón”. La localización que hace el testigo de esa fosa en el croquis, establece claramente que esa última es la que está siendo intervenida desde el 21 de marzo por los equipos forenses, en la esquina suroeste.

Pero entonces, aquel 14 julio de 2014 “ocurrió algo raro. La máquina comenzó a trabajar en una zona pero resultó que comenzaron a salir restos humanos. Vimos como rodaba algo, como una piedra. Pero no, era un cráneo en el montón de tierra. Entonces, la licenciada que estaba a cargo le dijo al de la máquina que mejor tapara ese hoyo y que hiciera otro a un lado”, narra.

“Esos restos humanos que salieron ahí, eran de inhumaciones anteriores, de otras gobiernos anteriores, pero que se hicieron de manera manual, con pala y pico y que no se cuidó nunca la profundidad a la que se dejaron esos cuerpos. Por eso cuando la máquina comenzó a rascar salieron los huesos”. Entonces se cavó una fosa de aproximadamente tres metros de profundidad con un diámetro de seis metros. “En esa fosa se inhumaron 35 bolsas, pero las cosas se hicieron mejor aquí. Se colocaron unas placas de triplay, luego se acomodaron 10 cuerpos y enseguida le pidieron al maquinista que le echara una capa delgada de tierra. Encima colocaron otras placas de triplay y luego otro piso de cuerpos. Y así hasta acomodar las 35 bolsas”.

-¿Dónde están excavando ahorita, cuál es la fosa que abrieron?

-La de la licenciada Hortencia Figueroa (alcaldesa de Jojutla entre 2012 y 2015), la tercera, donde enterraron 35 bolsas. Porque esa quedó como a metro y medio de distancia de la barda perimetral. Las otras fosas están como a seis metros de la barda, justo a un lado de una cripta. Ambas fosas fueron colocadas como en una letra L”.

Por eso, el testigo afirma que “no están rascando donde realmente están los cuerpos, porque ahí hay menos cuerpos, hay 35 bolsas, no sé cuántos cuerpos. En realidad yo creo que todavía les faltan más de la mitad de cuerpos por exhumar”, señala. Sin embargo, a pesar de que en esta tercera fosa “las cosas se hicieron mejor”, a pesar de que el fiscal de Morelos y el propio gobernador Graco Ramírez, habían dicho que sólo había 35 cuerpos correspondientes a 25 carpetas de investigación, el número de bolsas exhumadas, sólo en la primera fosa, es de 78 con un número aproximado de cuerpos de 85.

Desde el 21 de marzo, en esa primera fosa (que sería la última en tiempo, la más reciente), se encontraban estas 78 bolsas y todavía no culmina el trabajo. A pesar de que el jueves 27 de abril supuestamente se habían exhumado todos los cuerpos, al realizar pozos de sondeo en las orillas, se descubrieron otras bolsas a una profundidad distinta. El problema es que los cuerpos descubiertos, al menos dos visibles, se encuentran justo debajo de una tumba ocupada.

Ahora, el trabajo se detuvo en esa fosa porque al ser un lote privado y ocupado, las autoridades deben solicitar una serie de permisos, que incluye a la familia de la persona enterrada en esa tumba para que autorice la exhumación de su familiar y que sea inhumado en otra zona del panteón, para luego poder continuar con los trabajos de intervención en la primera fosa del panteón de Jojutla.

El testigo accede a platicar con el reportero y además, consiente ser videograbado cuidando su identidad. Lo hace porque le “molesta” que las autoridades, sabiendo que existen esas dos fosas, sólo se hayan avocado a la tercera. Lo hace porque las desapariciones en la entidad continúan. “Yo tengo un vecino a quien le desaparecieron un hijo. ¡Es importante que sepan dónde están sus familiares! Que quizás no estén vivos pero que al menos haya un lugar dónde decir: ‘ahí está mi hijo’, y llorarle, prenderle una veladora”.

 

La versión oficial

 

El fiscal Javier Pérez Durón, en entrevista, informó que se harán pozos de sondeo en otras áreas del panteón: “Donde digan las familias de las víctimas”. Dijo que no podía asegurar cuántas fosas existen en el panteón de Jojutla o en cualquier panteón de la entidad. “Nosotros no hicimos esta inhumación, lo que estamos haciendo es transparentarlo.

A pesar de que existen evidencias de que se ha llamado a declarar a trabajadores del ayuntamiento y la fiscalía, a través incluso de citatorio emitido por la Fiscalía Regional Sur-Poniente, Pérez Durón asegura que no es posible citar a la gente, porque antes de este proceso de exhumación no había ninguna carpeta de investigación. “No podemos citar a nadie hasta que no abrimos las fosas. Yo no puedo citar a declarar a la gente de (Servicios) Periciales y decirles: ‘A ver, creo que hay una fosa en el panteón de Jojutla, dime dónde está’, no puedo hacer eso”.

Sin embargo, informó que “ya con esta carpeta de investigación que hemos abierto a partir de esta exhumación, hemos girado oficios citatorio a todos los que estuvieron en Servicios Periciales, desde 2002, para que rindan declaración y nos expliquen qué pasó ahí y nos digan si hay más fosas”.

-¿Tenemos testimonios de personas que atestiguaron las inhumaciones, no tiene ningún registro de otras fosas?

-Ya se los he dicho varias veces, el fiscal que diga que no hay fosas en su estado, es una mentira. Lo que estamos haciendo aquí es transparentar el proceso y desde luego, acomodando todo lo malo que se hizo en administraciones pasadas, y no necesariamente hecho con dolo.

En resumen, el fiscal aseguró que se harán pozos de sondeo incluso en las áreas que, sin saberlo, señaló el testigo; negó que haya citado a declarar a personas relacionadas con las diligencias de inhumación en 2012 y 2014; y que no tiene registro alguno de otras fosas, pero no niega que existan.

 

Las víctimas

 

Familias de víctimas de Morelos y otros estados de la república han desfilado por el panteón municipal de Jojutla con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Algunos de ellos participan de manera directa en la observación de los trabajos. Muchas mujeres involucradas llevando su propio registro de lo que es exhumado de la fosa. Otras más, en la “zona tres”, conviven con reporteros, fotógrafos y camarógrafos, así como policías uniformados y ministeriales, e incluso con “orejas” de distintas agencias gubernamentales que, a veces discretamente, otras con más descaro, escuchan, graban, toman fotos y video de todos los presentes.

La temperatura en Jojutla resulta insoportable después del medio día. De las tres semanas de trabajo efectivo del 21 de marzo a la fecha, se han registrado 32, 34, 38, 40 grados a la sombra. Esa temperatura se multiplica exponencialmente en la zona cero, pues además los trabajos se realizan a profundidades donde el calor resulta mayor.

El proceso de exhumación de las fosas, “no es una graciosa concesión del Ejecutivo”, dice Javier Sicilia. En realidad, “es producto del trabajo de los colectivos de atención a víctimas y del acompañamiento de la UAEM. Por eso, este modelo de trabajo donde participan las víctimas, autoridades federales e instituciones académicas, debe ser implementado en otros estados, pero no olvidemos que de esto hay responsables y están en el Estado, son, para este caso, Graco y sus compinches”, sostuvo en entrevista.

El sonido de la máquina retroexcavadora se confunde con el perifoneo de un vehículo en la calle principal que invita a las familias a celebrar el Día del Niño. El sonido sordo de la máquina no evita que se escuche con claridad que el sábado 29 de abril, la exalcaldesa Hortencia Figueroa Peralta, actual diputada local, “invita” a los niños a celebrar su día, en la cancha de usos múltiples de la Ayudantía Municipal de la colonia Pedro Amaro, a un kilómetro de las fosas clandestinas del gobierno de Graco Ramírez, donde “todo está bien, todo es regular”, pero los cuerpos hablan y las víctimas exigen que se identifiquen y se les haga justicia.

 

La “basurización” de los cuerpos

 

La insistencia del gobernador Graco Ramírez y de su fiscal Javier Pérez Durón de que “ahora las cosas se hacen diferente, se hacen bien”, en el tratamiento de los cuerpos de personas que nadie reclama, contrasta no sólo con lo observado en las fosas clandestinas de Tetelcingo o las de Jojutla, si no también en las morgues de Morelos, en donde se sigue tratando a los cadáveres como “si fueran basura”.

Así se constató según un conjunto de fotografías que de forma anónima fueron hechas llegar a Proceso. Las imágenes, de junio de 2016, muestran el interior de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía Regional Sur Poniente de Morelos, donde se observan cuerpos tirados sobre el suelo, hacinados, mal embalados e incluso, algunos, con las bolsas abiertas o desgarradas.

A contracorriente de lo que Graco Ramírez difunde a través de sus cuentas de redes sociales, el trato a los cuerpos no es digno ni siquiera legal. Testimonios recogidos por el corresponsal, en las inmediaciones del Semefo, con vecinos, establecen que las instalaciones ni siquiera cuentan con vigilancia o restricción de acceso.

“Tenemos que andar cuidando a los niños, nosotros, los vecinos, porque a veces se han colado hasta la zona donde tienen a los muertitos”, señala una vecina, quien solicita guardar sus datos en reserva, “porque yo aquí vivo, y la verdad esos judiciales (en referencia a los peritos y a los Policías de Investigación Criminal) son malos, mejor ni meterse con ellos”.

Pero no son sólo niños. Hasta la zona donde están las cámaras frigoríficas y los gabinetes que deberían contener los cuerpos, se han observado perros callejeros o de la zona, mismos que incluso, según los testimonios recogidos, han roto las bolsas que contienen los cuerpos, depositados en el suelo, y desgarrado los cuerpos llevándose incluso parte de ellos. “Hasta los hemos visto jugar con partes de cuerpos” en las calles aledañas.

Es la historia de siempre. El gobierno del estado insiste en que las cosas “ahora sí” se están haciendo bien; pero en los hechos, las cosas siguen siendo igual. Se sigue dando un trato indigno a los cuerpos, no se respeta la cadena de custodia, no existen las medidas de seguridad mínimas para los restos humanos y la infraestructura que debería contenerlos, simplemente no funciona.

Las imágenes muestran al menos los restos de cinco personas que yacen, envueltas en bolsas negras, al parecer de las que se utilizan para la basura, atadas con sábanas azules, de las llamadas quirúrgicas, así como con la etiqueta color azul de la Fiscalía General de Justicia de Morelos en la que se lee: “Asegurado”, además de la inscripción de números de carpeta de investigación. Los cinco cuerpos se encuentran directamente sobre el suelo del Semefo.

Los números y demás inscripciones dan cuenta de la fecha, son cuerpos con número de carpeta de investigación y fecha de levantamiento del mes de junio pasado. Son imágenes de hace apenas una semana o dos. Tres de las bolsas se encuentran totalmente cerradas y sobre una de ellas se lee: “Osamenta. 03/06/2016. Carret. (carretera) Tehuixtla-La Tigra”, y correspondería, según la información de archivo consultada, al cuerpo de un hombre que habría sido reportado por campesinos en la comunidad de Tehuixtla, en el municipio de Jojutla, quienes lo habrían localizado en el paraje denominado Campo Rancho Viejo. El cuerpo fue localizado dentro de una bolsa de plástico, sin que se haya informado la causa y condiciones en las que fue encontrado.

Las otras dos bolsas sobre el suelo, que se observan junto a este cuerpo, tienen sellos de seguridad de la Fiscalía, pero las imágenes no permiten ver los números. Sin embargo, existen otras dos imágenes en las que se observa un cuerpo en cada una de ellas. Las bolsas de esos cuerpos están destrozadas y se pueden observar el cráneo y parte de restos, en la primera; y el cuerpo de la persona asesinada en la segundad.

La primera imagen se observa la bolsa con el cráneo de fuera tirada sobre el piso. Es una bolsa negra, tiene la etiqueta de la Fiscalía con la leyenda “Asegurado”, y sobre ella está el número de carpeta de investigación JO-UEF/1322/2016, así como la leyenda “Osamenta. Tlaltizapán, 3 de junio de 2016”. La bolsa tiene pegados otros papeles, una hoja color naranja y uno pedazo de papel tipo craft.

Este cuerpo, según la información de archivo disponible, correspondería al de una mujer que fue localizada en avanzado estado de descomposición, ubicada el pasado 3 de junio en la colonia Amador Salazar de Tlaltizapán. El número de carpeta de investigación confirma que se trata de una mujer, pues la clave JO, corresponde a la Fiscalía Regional Sur Poniente, por Jojutla; y UEF, significa Unidad Especializada de Investigación contra los delitos de Homicidios de Mujeres y Feminicidios, creadas en Morelos desde 2012.

Finalmente, está la otra imagen, donde aparece otra bolsa destrozada y en la que se puede observar parte del cuerpo que contiene. De hecho, lo que causo el destrozo en la bolsa, lo hizo justamente en donde se encontraba la etiqueta de la Fiscalía. Se observa la bolsa, la cabeza del cuerpo descubierta con algunos daños, así como una cartulina color naranja pegada sobre el pecho del cuerpo y sobre ella estaba la etiqueta. Sin embargo, esta parte se encuentra destrozada, por lo que no se pueden observar los números ni fechas de referencia.

Todas las imágenes muestran descuido, basura en las inmediaciones de los propios cuerpos, botellas de plástico vacías, polvo, etiquetas, etc. Al menos dos de las fotografías muestran además de las bolsas vistas generales del Semefo. En una de ellas se observa al fondo un escritorio lleno de papeles. Al acercar la imagen, se puede ver varios sobres amarillos amontonados con la leyenda: “Evidencia”.

En la otra imagen se muestra una mesa de trabajo con dos lavaderos. Sobre la mesa se observan varias cajas de cartón utilizadas para archivo muerto, además de cuatro bolsas color rojo, presumiblemente con más restos humanos. Esas bolsas regularmente se utilizan para restos que son desechados por hospitales. Se observa además un sobre amarillo con la leyenda “Evidencia”.

En el entrepaño debajo de esa mesa se observa calzado. Se observan unos huaraches de correa, una botas de trabajo color negro, unos tenis negros de bota y otros tres pares de botas de trabajo. Todos tienen apariencia de usados y algunos de ellos sucios con polvo. También se observan varias charolas o camillas.

 

Y hay una tercera en Tetelcingo

 

La tercera fosa en Tetelcingo no es un mito, existe. Se encuentra ubicada a 500 metros de donde fueron localizadas las primeras dos. Se trata de una fosa clandestina, que no tiene más que una cruz de hierro negro sin ninguna leyenda, pero que vecinos de la zona confirmaron se encuentra ubicada en el panteón de la colonia Cuauhtémoc.

El predio El Maguey, de 30 mil metros, donde se encuentra el panteón irregular y sin licencias de Tetelcingo, alberga además, separados por bardas de bloc de granito o ladrillos, los cementerios -también irregulares- de las colonias Cuauhtémoc y 19 de febrero, ambas pertenecientes al poblado. Esta tercera fosa, también de la Fiscalía General de Morelos, también clandestina, se encuentra ubicada en un predio de tres mil metros rodeado por una barda de block de granito a 500 metros de las otras dos fosas.

Vecinos del lugar aseguraron a este reportero que la fosa fue donada por la propia colonia Cuauhtémoc a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) en el gobierno de Sergio Estrada Cajigal, allá por 2003-2004. Sin embargo, la primera vez que se usó fue en el gobierno del también panista Marco Antonio Adame Castillo, después de 2009, justo después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, alias El Barbas, líder del cártel que lleva su nombre y quien cayera en un operativo de la Marina en las torres Altitude en Cuernavaca.

Pero existen otros indicios. Por ejemplo, la declaración del dueño del predio, Socorro Tlapala Becerro, que forma parte de la carpeta de investigación SC01/10193/2015, referente al caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, joven secuestrado y asesinado en 2013 y luego inhumado clandestinamente en 2014 en las fosas de Tetelcingo.

En el documento se le pregunta a Tlapala Becerro cómo se hizo la donación de las fosas a la entonces procuraduría. Dice entonces que lo ha hecho hasta en tres ocasiones: “Ahora bien, no es la primera vez que apoyo a esta institución (la PGJ), ya que es la tercera vez porque en el año 2003 done al DR. JOSE DE JESUS MENDOZA MORENO, en ese entonces coordinador general servicios periciales también una fosa para inhumar cadáveres…”

Ya en el gobierno de Adame Castillo, posterior a diciembre de 2009, se habría llevado a cabo la inhumación de entre 20 y 30 cuerpos, según los testimonios recogidos entre los vecinos. “Esa vez vinieron en la noche. Se armó una revolución. Vinieron en la noche y la gente de la (colonia) Cuauhtémoc se enteró y vino, con antorchas y todo, a ver qué estaba pasando en el panteón. Al principio se puso fea la cosa, pero ya después se supo que era la policía judicial que venía a enterrar unos cuerpos en la fosa”, dice un vecino que recuerda el hecho y pide guardar el anonimato.

En el extremo oriente de este panteón, pegada a la barda de block, se encuentra un terreno lleno de vegetación donde se levanta una cruz de fierro color negro, con una placa para epitafio, misma que está vacía. Uno de los vecinos confirmó al reportero, en el lugar, que ahí se encuentra la tercera fosa de Tetelcingo. Nadie sabe cuántas veces ha sido utilizada por la Fiscalía, nadie sabe cuántos cuerpos están en ella, pero ahí está.

Entre las “irregularidades” más alarmantes está el hecho de que 21 cuerpos estaban identificados plenamente y no se entregaron a sus familias ni se hizo algo para localizarlas. También está el hecho de que fueron inhumadas dos niñas, o que hubo varios cuerpos sin necropsia de ley o más de 80 cuerpos con huellas de tortura o malos tratos. Un año después de que se hiciera público el caso, hasta el momento sólo hay dos personas sometida a proceso. En este sentido, la recomendación de la CNDH habla de la necesidad de deslindar responsabilidades de 42 funcionarios y exfuncionarios relacionados con el caso.

Como parte de los acuerdos que se tomaron en el grupo interinstitucional que ha trabajado desde principios de este año para abrir las fosas en Tetelcingo, se estableció que el pasado 30 de septiembre se harían unos pozos de sondeo, para verificar que no existen más fosas en el panteón de Tetelcingo, sin embargo, esta acción no se realizó. Los familiares de víctimas están exigiendo que se haga a la brevedad. Ahora, las organizaciones deberán pugnar porque estos fosos no sólo se realicen a unos metros de las dos fosas ya intervenidas en junio, si no que el sondeo alcance los 500 metros y se realice un pozo en el panteón de la colonia Cuauhtémoc, para poder localizar la tercera fosa.

 

Morelos, violencia creciente

 

La historia de las fosas clandestinas e irregulares de la Fiscalía General de Morelos tiene relación con la creciente violencia que ha vivido la entidad. Durante el gobierno de Jorge Carrillo Olea (1994-1998), los altos índices de secuestros y el involucramiento de los cuerpos policiacos con las bandas de plagiarios, provocaron que debiera abandonar el cargo dos años antes de terminar su periodo.

Luego, con la llegada del PAN al poder, en el gobierno de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006), se agudizó la presencia de varios cárteles en la entidad. De hecho, el jefe de la Policía Judicial de aquel entonces, Agustín Montiel López, fue apresado en abril de 2004 acusado de brindar protección al líder del Cártel de Sinaloa, Juan José Esparragoza, conocido como El Azul. Esto provocó un juicio político al gobernador panista del que salió librado gracias a la protección del gobierno federal de su correligionario Vicente Fox Quezada.

Con la llegada de Marco Adame al gobierno de Morelos (2006-2012), la violencia comenzó a agudizarse por la pugna entre diversos cárteles. Sin embargo, lo que disparó de manera brutal los índices de homicidios y el incremento en la saña y crueldad para llevarlos a cabo, fue la muerte de Marcos Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel que lleva su nombre. El 16 de diciembre de 2009, en el residencial Altitude de Cuernavaca, un operativo de la Marina copó y dio muerte al llamado Jefe de Jefes.

A partir de ahí, según diversos análisis, la pugna por controlar la plaza de Morelos superó cualquier índice conocido hasta ese momento por los morelenses. El número de asesinatos se disparó de forma alarmante. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP),  de 2006 a 2008, cada año se cometieron 132 asesinatos en promedio, a partir de 2009 el número se disparó a 317, luego a 559 en 2010, a 583 en 2011 y se elevó hasta 862 en 2012.

Fueron los tiempos de la aparición de cuerpos descabezados, o de los “colgados”. El 9 de abril de 2010, los cuerpos de dos personas fueron colgados del puente de la autopista a la altura del centro comercial Galerías en Cuernavaca; en julio de ese mismo año, tres cuerpos fueron dejados en similares circunstancias, uno colgado en el puente de la avenida Vicente Guerrero, los otros dos en Galerías, de nueva cuenta.

La situación se salió de control cuando el 16 de abril de ese año, luego de la divulgación de un correo electrónico en el que se advertía que esa noche las bandas del crimen organizado en pugna dirimirían sus diferencias en las calles, “a balazos”, la psicosis social sumada a la inacción e inoperancia del gobierno panista, provocó que la ciudad se autoimpusiera un “toque de queda”. A las 7:30 de la noche y ante la amenaza virtual de la guerra en las calles, las plazas comerciales, la UAEM y las oficinas de gobierno enviaron a todo mundo a sus casas. Escenas nunca antes vistas ocurrieron esa noche, como que las calles, plazas y antros se vaciaran, luciendo Cuernavaca como una especie de ciudad fantasma.

El incremento en el número de homicidios dolosos hizo que los frigoríficos de los Servicios Médicos Forenses se vieran rebasados y por lo tanto comenzaron a abrirse fosas en las que, sin respetar el más mínimo protocolo forense o incluso, la ley, se inhumaron, muchas veces de forma clandestina, los cuerpos de personas que incluso habían sido reportadas como desaparecidas por sus familias, quienes desde entonces las buscan.

 

Las otras fosas

 

A unos 10 kilómetros del predio el Maguey, en Tetelcingo, se encuentra la colonia Año de Juárez. Justo a la orilla de la autopista que conduce de Oaxtepec a Cuautla, se encuentran dos terrenos que son utilizados como panteones. Según la información del ayuntamiento tampoco se encuentran regularizados, sin embargo, se observan más de dos centenares de tumbas organizadas en conjuntos más o menos equilibrados.

Al fondo del segundo cementerio, el conocido como 3 de mayo, hay dos fosas señaladas con cruces de hierro negro en las que se lee: “Propiedad de la Subprocuraduría General de Justicia Zona Oriente. 30 de agosto de 2007” y “Propiedad de la Subprocuraduría General de Justicia Zona Oriente. 22 de Sep. del 2002”.

Estas dos fosas existen en este lugar desde hace nueve y 14 años, respectivamente, durante los gobiernos de los panistas Estrada Cajigal y Adame Castillo. Sin embargo, la Fiscalía General de Morelos ni siquiera tiene registrada su existencia. Al menos así lo manifestó el titular de la dependencia Javier Pérez Durón, quien en entrevista ha señalado que todavía no tienen completa la información del número y ubicación de las fosas que existen en la entidad.

La Fiscalía anunció a principios de diciembre que a más tardar en febrero de 2017, “podrían iniciar las diligencias para abrir la fosa de Jojutla y comenzar con el trabajo de identificación de los cuerpos que ahí se encuentren”. Confirmó que las mismas instancias que participaron en Tetelcingo estarán presentes en Jojutla.

No obstante, el trabajo de abrir las fosas e identificar los cuerpos no es todo. Es un punto de partida para la búsqueda de los familiares y el trabajo que implica garantizar la justicia a las víctimas castigando a los responsables. Sin embargo, el gobernador Graco Ramírez parece muy complacido con lo ocurrido en Tetelcingo, tanto que continúa diciendo que Morelos “es un ejemplo”.

“Es un ejemplo de cinismo y de desvergüenza”, dice molesta Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao y motor fundamental en las acciones para abrir las fosas de Tetelcingo. “¿Cuántos muertos más se necesitan para que entienda? ¿Cuántos cuerpos son necesarios para parar a este desgraciado? ¿Qué se necesita hacer para que tenga tantita sensibilidad y deje de burlarse de nosotras?”, dice conteniendo la rabia.

 

La versión de Graco

 

Para el gobernador Graco Ramírez, lo ocurrido entre el 23 de mayo y el 3 de junio en Tetelcingo fue un proceso de “ordenamiento”, de rectificación de “serias fallas” en “materia de forensia” (sic). En un video difundido a través de sus redes sociales el pasado 17 de junio, el mandatario hace un reconocimiento al fiscal estatal Javier Pérez Durón por “afrontar” el problema.

El video fue tomado a partir del discurso pronunciado por el mandatario en el evento de inauguración del nuevo edificio de las Unidades de Medidas Cautelares, aledaño al Centro de Readaptación Social (Cereso) en el poblado de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec. Editado, el video muestra a un Graco feliz. De hecho, en el evento, el mandatario casi gritó en tono de fanfarria: “Muchos especularon y hablaron, y la determinación del fiscal fue hacerlo; ¡en buena hora! Mi reconocimiento a él”.

El video tiene incluso música de fondo. Muestra a un Graco con pantalón claro de vestir, una camisa blanca con rayas azules, sin corbata. Sobre un fondo con los colores del arco iris, y en la esquina superior derecha el logo de la “Visión Morelos”, eslogan de la segunda mitad de su gobierno, Graco gesticula y micrófono en mano dice: “Mi reconocimiento al fiscal por ordenar lo que son las fosas comunes como fosas legales. Que algunos quieren presumir que son clandestinas, por su ignorancia o por su mala fe. Las fosas comunes existen en todas las entidades federativas. Yo me preguntaría, ¿cuál es la situación de forensia (sic)?, ¿la situación de certeza en las fosas comunes, si se cumplen los procesos debidamente?”

Las imágenes de Graco dirigiéndose a sus interlocutores se mezclan con las de la diligencia realizada en Tetelcingo, además de las leyendas: “Dignificación”, “transparencia”, “legalidad”, “un trabajo realizado de frente a la sociedad”. Continúa el mandatario: “Con gran decisión el fiscal Pérez Durón afrontó el tema a partir de un garrafal error por depositar a una persona en fosa común y ordenar como es debido todo el proceso de forensia en la fosa común, que no clandestina, pero que tenía serias fallas en toda la materia de forensia. Y dar certeza a las personas de que quien se encuentra ahí fue identificado. Sabemos por lo pronto desde el punto de vista forense, por qué está aquí, quién es”.

 

V

 

Mientras en las fosas clandestinas de Tetelcingo, se exhumaba el cuerpo número 100, el jueves 2 de junio de 2016, a las 11 de la mañana; en la comunidad de Oacalco, en Yautepec, a sólo 13.9 kilómetros, el gobernador Graco Ramírez encabezaba el inicio de una obra de ampliación de una calle.

El dolor de las familias que continúan llegando a Tetelcingo, con la foto de sus familiares desaparecidos y la esperanza en el rostro, en la mirada, “a ver si aparece, pues”; contrasta con el jolgorio y los gritos mecánicos de un grupo de familias y estudiantes “invitados” (acarreados) a la obra de la calle Juan Novoa, en Oacalco; la banda de viento y los chinelos enmarcan el discurso festivo del tabasqueño que sin rubor declara a Morelos, “el estado más seguro del país”.

Es Graco Ramírez, quien durante esos días sólo hizo una referencia forzada al tema de las fosas, aunque tuvo al menos dos eventos en las cercanías. En Cuautla, en el Balneario El Almeal, presidió la entrega de apoyos a familias, el miércoles 25, 48 horas después de iniciada la exhumación. “Es una diligencia judicial, pregúntale al fiscal”, respondió lacónico ante la pregunta.

Ese jueves 2 de junio, acudió a Oacalco, y habló de las “bondades” de su gobierno. Del turismo que “se incrementará con la llegada de las nuevas inversiones”, por ejemplo, “el nuevo parque Six Flags que ya se construye en el Parque Acuático Oaxtepec, abandonado por años”. Los demás días, Ramírez Garrido ha estado en campaña. Se ganó incluso, una reprimenda del Instituto Nacional Electoral “por hacer proselitismo en día hábiles”.

Los fines de semana ha acudido lo mismo a Tlaxcala que a Quintana Roo a apoyar a los candidatos del PRD o de las alianzas con el PAN, que buscan ganar nuevas gubernaturas para su causa. Videos donde aparece Graco se multiplican en las redes sociales hablando de los programas insignia de su gobierno: la beca salario a los estudiantes de tercero de secundaria en adelante y el Mando Único policial, como panacea de la seguridad.

Pero en el “estado más seguro del país”, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios se multiplican, los cárteles en pugna establecen corredores de la muerte, los secuestros se disparan, y es la única entidad del país, hasta ahora, en que se ha comprobado que el propio gobierno tiene sus fosas clandestinas, tiraderos de cadáveres donde se amontonan como basura, sin carpeta de investigación, sin necropsia y violando los protocolos más básicos a nivel nacional e internacional.

El “#Goberpanteonero”, como lo llama el padre Alejandro Solalinde en Twitter, sonríe, saluda, camina entre la gente “invitada”, en un escenario controlado por su extenso equipo de seguridad; mientras en Tetelcingo, los elementos del Mando Único que circundan el perímetro de seguridad de las fosas clandestinas, no tienen ni cubrebocas. Las propias madres de las víctimas se han preocupado varios días por conseguir algunos y proporcionárselos.

Los cuerpos se exhumaron uno a uno y el horror “es más grande de lo que pudimos haber esperado”, dice apesadumbrado el poeta Javier Sicilia. No sólo se encontraron unos 40 cuerpos sin carpeta de investigación; cerca de una decena sin la necropsia de ley; unas 15 bolsas con restos humanos, partes, piernas, pies, manos, huesos, dedos; el horror alcanzó para encontrar el cuerpo de algunos menores de edad. “¿Quién coloca en una fosa clandestina, cuerpos de niños; qué nadie los buscó?”, se pregunta con rabia uno de los integrantes de los equipos periciales.

En este sentido, Sicilia advierte que hay “delitos de lesa humanidad, hay elementos de gravedad como los cuerpos sin necropsia, cuerpos golpeados. Hay cuerpos que pueden tipificar el delito de desaparición forzada, porque es gente que está buscando sus familias y que está en una fosa. Hay negligencia o complicidad criminal. Ya el hecho de tirar como basura a la gente, en un país donde hay más de 30 mil desaparecidos, es un acto de delincuentes. Parecen los sepultureros de la delincuencia organizada”.

Y sigue: “Cuando uno ve estas fosas, y piensa uno en que es una práctica de todas las fiscalías (del país), uno empieza a entender de dónde aprendieron los criminales. Fueron las fiscalías, las autoridades, las que enseñaron al crimen organizado a ‘basurizar’ los cuerpos, a tratarlos como basura en fosas clandestinas”. Y advierte, “si no nos bastamos como federación, tendremos que acudir a los organismos internacionales” para que se juzgue a los culpables. Por lo pronto ya hay una denuncia lista para ser presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sólo están a la espera de tener el informe completo de las exhumaciones.

Y apunta a Graco: “Yo sí le hago una pregunta a (Agustín) Basave (líder nacional del PRD), ¿van a tolerar a otro criminal en el poder? (en referencia a Ángel Aguirre y Ayotzinapa). Porque (Graco) es de su partido, y estamos evidenciando los crímenes de un gobernador de su partido. Tienen que empezar a poner orden si quieren volver a tener cierta credibilidad. Se lo pido a Basave, que creo que hasta hace poco era una gente decente. Lo conozco bien. Creo que es un hombre de principios. Aquí tiene cómo demostrar los principios y rescatar lo poco de dignidad que le queda a ese partido”.

En tanto, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, señala directamente al Graco Ramírez como responsable principal de los crímenes que se “comprueban con las fosas clandestinas de la fiscalía”. “Desafortunadamente, las partidocracias tienen secuestrada a la democracia. Pero en Morelos las cosas son más graves, porque el partido político en el poder (PRD), está secuestrado por una familia”, dice en referencia a Graco Ramírez, su esposa Elena Cepeda y el hijo de ésta, Rodrigo Gayosso, dirigente estatal del sol azteca.

“Esto ha traído como consecuencia que no sólo el aparato gubernamental, la Fiscalía (del estado) incluida, estén operando al servicio de esta familia, particularmente del gobernador, sino que tengamos un Congreso ovino que está controlado por el PRD y sus aliados, que tiene sometidos a los demás partidos que se han entregado por migajas. De ahí que en lugar de reaccionar a tiempo por el tema de las fosas clandestinas, justo unos días antes de comenzar la exhumación, hayan reaccionando pero con la amenaza de una auditoría a las finanzas de la UAEM”, señala en entrevista.

El martes 24, un día después de iniciada la exhumación de los cuerpos, el Congreso local aprobó con los votos suficientes, una revisión de las finanzas universitarias. “No tememos a las auditorías. Somos el ente con más revisiones a sus finanzas del estado. En todas hemos salido bien y no tenemos nada qué esconder. Pero el Congreso debería estar llamando a cuentas a los responsables de estos delitos de lesa humanidad. Conformaron una Comisión especial, pero hasta una semana después de que inició la exhumación, cuando se conoce este tema desde hace más de seis meses. Luego, (los diputados) hicieron una visita de 30 minutos y con eso ya quieren deslindar de responsabilidades a Graco”, sostiene.

“Aquí los responsables tienen nombre y apellido. El anterior fiscal (Rodrigo) Dorantes Salgado que hoy está premiado como delegado de la PGR en Durango, es responsable. Pero no se mandaba solo. Detrás de él estaba el gobernador Graco Ramírez que sabía desde hace mucho de este tema. Lo sabía porque se lo hicieron saber los familiares de las víctimas. Yo personalmente se lo dije. Pero ha demostrado que es indolente y ha sido negligente o, incluso, cómplice de los crímenes que aquí se comprueban”, denuncia.

Amalia Hernández, por su lado, tía de Oliver Wenceslao, relata: “En alguna ocasión, durante 2015, estuve en un evento con el gobernador. Al terminar, me acerqué y le conté en resumen lo que había ocurrido con mi sobrino y con los otros cuerpos enterrados en las fosas. Rápidamente cortó la conversación y me dijo que eso estaba arreglado, se dio la vuelta y se fue”.

“Todo parece indicar que existe un pacto de impunidad de Graco con el gobierno federal”, señala Sicilia. El lunes 30, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, estuvo en Morelos como ya se dijo. Ahí, intentó lavar la cara a Graco señalando que la inseguridad bajó en Morelos. En un escenario controlado, es decir, con la presencia de familias de Cuernavaca y Jiutepec “invitadas” al evento, el funcionario federal endureció el rostro cuando algunos de los presentes desmintieron a gritos la danza de las cifras alegres.

Las muestras de inconformidad subieron de tono y lo que comenzó con un tímido “no es cierto”, “las cosas siguen igual” en materia de violencia, terminaron en un abierto grito de protesta: “Fuera Graco, fuera Graco”. Osorio Chong salió al paso señalando que la confrontación no es la salida a los problemas, mientras el gobernador de Morelos sumía la cabeza entre los hombros y perdía la mirada en el suelo. Detrás, el alcalde de Cuernavaca, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, mantenía la expresión ausente que lo caracteriza en los actos públicos, propios o ajenos. 

“Es claro que Osorio Chong busca la presidencia de México, busca ser el candidato. El pacto de impunidad con Graco, que es el tonto útil de (Enrique) Peña Nieto, le puede costar muchísimo a (Osorio) Chong. Cada día que pasa comprobamos más las atrocidades de las que ha sido capaz. Cada cuerpo que es exhumado de las fosa clandestinas de Tetelcingo, no sólo le cuesta más a Graco, le cuesta también a Chong que vino a respaldarlo. Ese espaldarazo le va a costar, porque no se ha dado cuenta de que vino a respaldar a un criminal”, declara el poeta Sicilia.

Por lo pronto, no sólo la sociedad civil ha reaccionado frente al caso de las fosas de Tetelcingo, no sólo fueron Cuauhtémoc Cárdenas, Juan Villoro, Alejandro Solalinde, Carmen Aristegui o los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los que acudieron a solidarizarse con las víctimas y a condenar a Graco. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió a cuatro observadores ese mismo lunes 30, quienes se reunieron con las víctimas, con Sicilia y Vera, con el fiscal Pérez Durón, e incluso con el secretario de Gobierno Quiroz Medina, quien resbaló y primero negó la presencia de los representantes de la ONU y luego reculó e incluso dijo que el gobierno había pedido la presencia del organismo multilateral. Su presencia confirmó la preocupación por el caso Tetelcingo en Ginebra.

Las vueltas que da la vida, hace 20 años, Graco Ramírez se convirtió en la cabeza más visible del movimiento que impulsó la caída del entonces gobernador priísta Jorge Carrillo Olea en Morelos. Era otros tiempos, el tabasqueño decía a quien lo quisiera escuchar que había sido dirigente en el Movimiento del 68. Encabezaba marchas y promovía consultas populares contra el gobierno del general. Algunos participantes del Movimiento del 68, califican a Graco más bien como “el gran traidor”. Hoy, su gobierno es calificado como “el peor de todos”, por abogados, empresarios, comerciantes, transportistas, organizaciones civiles, periodistas.

Y parece que no les falta razón. Informaciones periodísticas advierten que su gobierno duplicó la deuda pública en menos de dos años. En seguridad, un comparativo de los números del Sistema Nacional de Seguridad Pública demuestra que los secuestros han aumentado en más de 300 por ciento, en relación con la gestión del panista Marco Adame Castillo. En tanto, que según el Coneval, durante los tres primeros años de su gestión, Morelos fue el estado en donde más creció la pobreza. “Corrupción, violencia, represión y pobreza, son los signos principales de este gobierno”, dice un líder empresarial, quien pide guardar el anonimato “porque este cabrón es peligroso y muy rencoroso”. No agrega más.

La banda de viento interpreta la danza de los chinelos en Oacalco. Los danzantes tradicionales morelenses brincan en medio de la gente. Graco sonríe, saluda, se le ve feliz y tranquilo. Parece que ya olvidó los gritos de Jiutepec del lunes pasado; de las fosas, ni se acuerda. Acaba de echar a andar una obra carretera. Luce igual que en el espot electoral que grabó para apoyar a su candidato en Quintana Roo. El reportero gráfico le dice “adiós gobernador, adiós”. Graco abre la puerta y sube al estribo de su camioneta blanca blindada, como reina en carnaval, levanta la mano, sonríe y dice adiós. A menos de 14 kilómetros, el único sonido que se escucha es la máquina excavadora exhumando otro cuerpo, el jueves han sido, entre otros, los de tres niños.

“Por menos que esto (las fosas) se fue (Jorge) Carrillo Olea. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a este cabrón?”, dice un indignado Ernesto Hernández, tío de Oliver Wenceslao, víctima de la violencia e inhumado clandestinamente en estas fosas. Al igual que María Concepción y Amalia, sus hermanas, se la ha pasado en Tetelcingo desde el lunes 23. Ellas en la zona crítica, observando todos los movimientos de los peritos de la Fiscalía. Él, afuera, trayendo agua, comida, tomando fotos, cuestionando a cada funcionario que ha ofrecido conferencia de prensa en el lugar. Con los ojos enrojecidos, dice al reportero con rabia: “No podemos aguantar esto, la gente tiene que organizarse. Ya demostramos que se puede obligar al gobierno a abrir las fosas”. La voz se le quiebra: “¡Carajo, hagan algo! ¡Esos de ahí, son sus hijos!”, señala la fosa.

 

Mecanismo criminal

 

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, principal impulsor de la Constituyente ciudadana, aseguró que las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Morelos, que se ubican en esta comunidad al norte de Cuautla, representan una muestra más de que este gobierno tiene un “mecanismo criminal para aterrorizar a la población”; sostuvo que los gobernadores del país, deben pensar que el gobierno de Morelos “es estúpido”, por destapar esta cloaca.

De visita en Tetelcingo en diciembre de 2015, acompañado por Concepción y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao, quien fuera inhumado en las fosas el 28 de marzo de 2014, y del poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Vera López, demandó justicia para las familias de las víctimas, lo que debe ocurrir con la apertura de las fosas y la identificación de las 150 personas que se encuentran enterradas.

“Antes decíamos que los médicos y los gatos se parecen en que tapan con tierra sus cochinadas. Ahora, vemos como el gobierno de Morelos se parece a los gatos, aquí están las fosas, quieren echarle tierra a sus cochinadas, a sus formas criminales de desaparecer a las personas”, sostuvo enfático el obispo.

Aseguró que las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos, le recordaron lo ocurrido en 2006 con los mineros que quedaron sepultados en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, pero sobre todo porque los gobiernos estatal y federal quisieron “encubrir” ese crimen. “Hasta el día de hoy, siguen diciendo que los restos de esos mineros van a hablar y van a decir los malos modos de tratarlos. Es exactamente lo que está pasando aquí (en Tetelcingo), estos cuerpos están hablando, están gritando”, sostuvo.

“Los cuerpos no están diciendo que la violencia y el horror son instrumentos que el gobierno mexicano está utilizando contra el pueblo de México, para que nosotros, el pueblo, no nos organicemos. Para que nosotros vivamos en la zozobra, para que no nos demos cuenta de todo el modo criminal en que están destazando a este pueblo”, aseguró.

Las autoridades “son cómplices de toda esta criminalidad. Esto lo han dejado en claro. La sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos ha dejado claro esto, pues dice: no sería posible el grado de destrucción que nuestro país tiene, concretamente hablando de la violencia, de los desaparecidos, de las ejecuciones extrajudiciales, sin la participación del Estado. El Estado mexicano está dentro de esta dinámica. Es esto lo que nos están diciendo estas personas” inhumadas en Tetelcingo, señaló.

Lo peor, dijo, es que “ni siquiera las quieren identificar”. Sacó a colación, como otro ejemplo, el caso de Julio César Mondragón, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, mismo que apareció desollado en septiembre de 2014, “el colmo es este caso”, porque “no han querido hacer la prueba genética para encontrar el ADN” para que sea plenamente identificado.

“Pero además, estos que deberían protegernos, se les olvida que cobran un salario para protegernos, para proteger nuestra vida, además, se tragan nuestro presupuesto. Ya lo dijo el Tribunal Permanente de los Pueblos: El Estado mexicano ha despojado de sus derechos a este pueblo. Y todo para saquearnos, para mantenernos a raya, en una situación de amenaza continua”, advirtió.

Calificó como una estupidez el hecho de tener las fosas clandestinas. Dijo: “los demás gobernantes del país y las demás autoridades, deben estar llamando ‘estúpido’ (al gobierno de Morelos), porque le dirán: ‘cómo permitiste que se descubrieran las fosas, ahora nos traerán en jaque a todos, nos pedirán cuentas por nuestras fosas por donde quiera’. Yo creo que ahorita los demás gobernantes lo tienen en enemigo”.

“Esto que ocurrió en Morelos es una sinvergüenzada. No sabemos cómo llamarles a estos gobernantes, no hay calificativos. No hay palabra, porque compararlos con los seres irracionales, compararlos con las bestias, es ofender a las pobres bestias. Porque las bestias están actuando según su natural forma de ser, pero estas personas no tienen un calificativo. Son unos entes que deberían ser entes de razón, pero no lo son”, sostuvo.

Demandó que las fosas sean abiertas y que los 150 cuerpos que fueron inhumados ilegalmente el 28 de marzo de 2014 sean identificados, y debe ser a la brevedad. “Dijo que las fosas son una denuncia fortísima (…) y debe ser la sociedad mexicana se debe desligar de esas complicidades. Por ello, desde la ciudadanía herida y marcada, está caminando en orden para refundar México, para restablecer la justicia, a través de la Constituyente, para sacudir la conciencia y enfrentarnos a estos gobernantes insensibles”, convocó.

Sostuvo que está contemplado informar al Papa Francisco, ahora en la visita a México, de lo que pasa en el país. Informó que se está preparando un informe completo de lo que ocurre en México, en el que estarían tomando en consideración la información de los colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial.

A pregunta expresa, el obispo de Saltillo dijo que juzgar al gobernador de Morelos, Graco Ramírez y a otras autoridades en el país, por sus crímenes, depende de la propia sociedad. “Pues depende de ustedes. Depende de ustedes juzgar a Graco, y a tantos otros que tenemos que juzgar, comenzado con Carlos Salinas de Gortari, hasta los actuales gobernantes. Deben ser las víctimas las que juzguen y castiguen a estos reos de lesa humanidad”, dijo. “El señor Graco (Ramírez, gobernador de Morelos) ya se puso en la cola para el juicio político”, sostuvo.

Lo único que están haciendo los gobernantes “echándole tierra” a estos hechos, es decir “a los criminales, a los que están haciendo estas sinvergüenzadas: ‘pueden seguir haciéndolo libremente, el gobierno los protege, el gobierno tapa todo’. Este es el anuncio que subyace a las fosas. Pero además se tragan nuestros impuestos, se tragan nuestro presupuesto impunemente y con una desvergüenza. Cobran ques’que por protegernos. No puede ser”

Vera López felicitó a la familia de Oliver Wenceslao, por su resistencia a los criminales en defensa y bien de toda la sociedad, además de que dijo que llevará en sus oraciones. Realizó luego una oración en las fosas y pidió para que las personas que están inhumadas en las fosas clandestinas, sean identificadas y regresen con sus familias para que les den cristiana sepultura.

Familias de desaparecidos de Morelos, Michoacán, Distrito Federal, Iguala, y otros lugares, acudieron también a la visita, felicitaron y agradecieron a la familia de Oliver por su lucha, demandaron al gobierno de Morelos protección para ellas y que acceda a abrir las fosas para que sean identificados los cuerpos entre los que podrían encontrarse sus familiares.

 

Que se largue Graco

 

Alejandro Solalinde, el sacerdote que defiende los derechos humanos de los migrantes, advirtió a Graco Ramírez que debe investigar lo que encierran las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos, “pero si no puede, o no quiere, mejor que se largue, porque un día el brazo de la justicia lo alcanzará.

Exactamente un año después de que Oliver Wenceslao Navarrete Hernández fuera enterrado por su familia, luego del vía crucis que implicó su secuestro, asesinato e inhumación en una de las fosas de Tetelcingo, el sacerdote fundador del albergue Hermanos en el Camino propició una reunión con el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Concepción y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver.

Durante el encuentro, el obispo respaldó la lucha de las hermanas Hernández y consideró que tienen una misión, la de conseguir la justicia para las familias de las personas que están en las fosas.

Señaló que la familia es un ejemplo y un modelo “de cómo debería ser la ciudadanía en México. Son personas que aman y que por ello buscan la justicia. Si tuviéramos más ciudadanas como ellas, México sería otro”, sostuvo.

Afirmó que Graco Ramírez, el gobernador de Morelos, “debería hacer un examen de conciencia de lo que está haciendo en Morelos, debería explicarle a la gente por qué hay fosas clandestinas, por qué hay secuestros, por qué hay desapariciones y asesinatos, y si no puede explicar, no puede investigar, mejor que haga sus maletas y que se vaya, porque un día, la justicia lo alcanzará y terminará en la cárcel”

Dijo que son las mujeres y los jóvenes quienes tienen la respuesta a lo que está pasando en el país. “Si las mujeres y los jóvenes luchan, este país va a cambiar”, sostuvo. Porque lo que este país necesita es que “la sociedad pierda el miedo, así como ellas, como la familia de Oliver, por eso insisto en que son nuestro modelo, nuestro ejemplo”.

 

Recomendación de la CNDH

 

En octubre de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Graco Ramírez en Morelos, a su fiscalía y al ayuntamiento de Cuautla, respecto de las fosas clandestinas de Tetelcingo.

A la fiscalía le pidió que investigara a 42 funcionarios y exfuncionarios de todos los niveles, involucrados en el caso de las fosas, de lo que se deriva la inhumación irregular de 119 cadáveres en Tetelcingo.

Pidió también al gobernador perredista “brindar la reparación integral del daño, que contemple atención médica y psicológica” a cuatro familias de víctimas –ya identificadas– que fueron enviadas a las fosas de Tetelcingo, y que en un plazo de seis meses “se recabe información respecto de los terrenos donde se advierta o presuma que están siendo utilizados como panteones de manera irregular”, para su resguardo y preservación.

También, la recomendación 48/2016 instruyó al fiscal Javier Pérez Durón a dar una disculpa pública a las familias de las víctimas, lo que ocurrió unos días después, ello a pesar de que la familia de Oliver Wenceslao exigió que debía ser el gobernador Graco Ramírez el que ofreciera la disculpa pública. El tabasqueño sólo abrió la boca para interpretar la recomendación de la CNDH: “ya dijo que no son fosas comunes”, dijo.

El documento de Derechos Humanos se quedó corto, según las familias de las víctimas, pues le atribuyó mínimas responsabilidades al gobernador por el asunto de las fosas clandestinas de Tetelcingo. A pesar de los señalamientos, el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama dijo que ello “rebasa el trabajo de investigación jurídico con el enfoque de derechos humanos que le compete a la CNDH”.

La recomendación de la CNDH hace un análisis de la condición de los 119 cadáveres inhumados el 28 de marzo de 2014, de los cuales dos fueron recuperados por sus familiares en diciembre de 2015 y dos más en los últimos meses de 2016. En las posteriores exhumaciones de mayo y junio de este año se registraron 117 cuerpos y 12 bolsas con restos humanos diversos.

De la exhumación, el documento refiere que se realizó fuera de los protocolos establecidos, además de que “se abrieron 47 carpetas de investigación, nueve de ellas para cuerpos que no contaban con carpetas de investigación ni dato alguno de identificación, 23 cadáveres que tenían etiqueta con datos ilegibles y 12 para partes de cuerpos que fueron localizados en bolsas dentro de otras que contenían cadáveres”.

La CNDH consideró indignante que las fosas en las que fueron depositados l19 cadáveres tuvieran dimensiones de seis por tres metros, con una profundidad de 3.5 metros, medida “destinada para tres cuerpos”, además de que el terreno no estaba regularizado para ser usado como panteón.

Tras señalar que el 25 de noviembre de 2015 la CNDH atrajo la investigación, el documento refiere que al solicitar información a la FGE sobre los 119 cuerpos inhumados en 2014, la dependencia le entregó 99 carpetas de investigación.

Del análisis de esas carpetas, el organismo de derechos humanos detectó que había 21 cuerpos que estaban identificados, pero que no hubo acciones contundentes por parte de las autoridades para localizar a sus deudos.

De las irregularidades detectadas por la CNDH, dice que “la mayoría de las carpetas de investigación no tiene su respectiva constancia en la que se establezca que el cuerpo de la persona no fue identificado (63), ni el acuerdo en el que se solicita la inhumación al Registro Civil a través de la Coordinación de Servicios Periciales (30), ni su respectiva fijación fotográfica, además de que durante la inhumación del 28 de marzo no hay constancia de que el Ministerio Público responsable estuviera presente para dar fe y llevar un control para clasificar por sexo y edad los cadáveres”.

A ello se sumó que en seis casos los permisos de inhumación se otorgaron después de que los cuerpos ya habían sido depositados en las fosas el 28 de marzo de 2014; en 67 no cuentan con informe de genética; en 33 casos se señala la hora de inicio de investigación 60 minutos antes de la hora del levantamiento del cadáver, en tanto que en otros 35 la determinación de la no identificación del cadáver es extemporánea

De las 99 carpetas de investigación, 44 correspondían a muertes violentas en las que no hay señales de haberse investigado las causas de su muerte ni la identidad de las víctimas, en tanto que en 15 ni siquiera se realizó la necropsia de ley.

Al ayuntamiento de Cuautla se le instruyó a crear y aprobar un reglamento de panteones, verificar que las concesiones que el ayuntamiento otorgue a los particulares para prestar el servicio público de panteones cumplan con los requisitos de ley, y coordinarse con el gobierno del estado para la ubicación de otras fosas irregulares en el municipio.

De acuerdo con Guadarrama, el caso de las fosas de Tetelcingo “pone en evidencia la necesidad de que se establezcan en todo el país protocolos y normas de actuación unificadas, conforme a estándares internacionales, para el cuidado, preservación y manejo de restos humanos”.

Urge contar con un banco genético de datos, un registro nacional que permita esclarecer los casos de desaparición, así como “revisar el marco normativo aplicable a los panteones y lugares de inhumación en nuestro país, y lo mecanismos para vigilar su cumplimento y sanciones para los infractores”, concluyó.

 

El informe preliminar

 

De las irregularidades dadas a conocer por el equipo de identificación humana de la UAEM, las que más llaman la atención son el hecho de que la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández asegura que fueron 150 cuerpos los inhumados en las fosas clandestinas de Tetelcingo.

Lo mismo fue confirmado por la Policía Preventiva Municipal de Cuautla, en una tarjeta informativa del 28 de marzo de 2014. En ese documento, como se ha expresado antes, la policía afirma que eran 150 cuerpos los inhumados en las fosas clandestinas.

Los cuerpos restantes podrían estar inhumados en la tercera fosa de Tetelcingo, misma que se encuentra a 500 metros de donde están las primeras dos intervenidas ya entre el 23 de mayo y el 3 de junio de 2016.

Finalmente, ese 3 de junio, fueron exhumados 117 cuerpos, uno más de los esperados por la Fiscalía, que había dicho que en las fosas habían sido inhumados en marzo de 2014, 118 cuerpos. Si en diciembre de ese mismo año fueron entregados el de Oliver Wenceslao y el de una maestra, ¿cómo es posible que sean 117 los exhumados a medidas de este año. Además de esos cuerpos fueron exhumadas nueve bolsas con 12 restos humanos de otros cuerpos, de los cuales no se encontró registro por ningún lado.

De los cuerpos exhumados en mayo-junio de 2016, 34 no tenían carpeta de investigación, pues las autoridades los inhumaron sin realizar ninguna indagatoria sobre por qué y en qué condiciones fueron asesinados. Esta es una de las irregularidades más graves, pues detrás puede estar el hecho de que esos cuerpos podrían ser víctimas de desaparición forzada.

También, 12 cuerpos de los exhumados en el proceso de este año, fueron sepultados e las fosas clandestinas de Tetelcingo sin que se les practicara la necropsia de ley. De estos 12 cuerpos, nueve presentan huellas de violencia, como puede ser tiro de gracia o señales de que recibieron tortura o malos tratos.

Pero no son los únicos. En total fueron 84 cuerpos de los 117 los que fueron enterrados ilegal y clandestinamente con signos evidentes de tortura, lo que también estaría encubriendo delitos por parte de las autoridades de Morelos. Así que, según los expertos, el asunto de las fosas clandestinas de Tetelcingo podría ser un modus operandi para esconder crímenes como desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, tortura y malos tratos, así como secuestros donde las propias autoridades están involucradas.

También podría tratarse de redes de trata de personas o de tráfico de órganos. Por ejemplo, cuatro cuerpos no tienen cráneos, además de que existen cuerpos con órganos extirpados y amputaciones sin señales de traumatismo. Todo ello no tiene ninguna explicación forense.

Hay ocho cuerpos que tenían datos de identificación concretos. Incluso tenían nombres a partir de la portación de credenciales o recetas médicas. Sin embargo, las autoridades no pueden demostrar que hayan realizado algún tipo de acción para dar con el paradero de sus familias. Al final, las familias siguen buscando a sus desaparecidos, mientras que el Estado, en este caso, el gobierno de Graco, los oculta, los entierra, les echa tierra, literalmente.

Las fosas de Tetelcingo son similares a las cavadas por los grupos del crimen organizado, “en particular Los Zetas”. Según Eliana García Laguna, exsubprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, las condiciones en las que se colocaron los cuerpos sepultados en Tetelcingo “dan cuenta de una inhumación con características de clandestinaje, similares al patrón de inhumaciones ilícitas realizadas en zonas controladas por grupos criminales”.

En las fosas clandestinas fueron inhumados los cuerpos de tres menores de edad. En el caso de los tres, existía la carpeta de investigación original. En el primer caso, se encontró un bebé que apenas nació fue tirado a la basura en un contenedor ubicado en la colonia Alta Vista de Cuernavaca.

También fue localizada una menor de dos años, misma que “fue tratada como basura desde el momento de su nacimiento”. Su cráneo estaba fragmentado y todo el cuerpo desarticulado debido a la presión del peso de la tierra y de los cuerpos que se encontraban encima de éste en las fosas clandestinas de Tetelcingo.

“La niña fue tratada como basura al momento de nacer por quienes le quitaron la vida y posteriormente, el 28 de marzo de 2014, fue nuevamente tratada como basura por la Procuraduría General del Estado de Morelos”, señala el informe de la UAEM.

Pero el caso que más llamó la atención fue el de una niña de siete años, que según la carpeta de investigación, fue localizada totalmente desnuda bajo un puente en el río Apatlaco, en el municipio de Xochitepec, al sur del estado de Morelos. El informe del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM señala que el informe de la Fiscalía: “no menciona que la niña fue privada de la vida al ser arrojada desde un puente de aproximadamente 20 metros de altura”; “tampoco menciona que fue encontrada completamente desnuda”.

El informe advierte que la niña presentaba las uñas pintadas con esmalte. “La Fiscalía debió investigar el caso como una posible víctima de trata y/o feminicidio, además de obtener su perfil genético, como con cada uno de los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de Tetelcingo (…), y subirlo inmediatamente a las bases de búsqueda de personas desaparecidas de la PGR, acción que no llevó a cabo”.

Finalmente está el hecho de que las autoridades del gobierno de Graco Ramírez no cumplieron con su deber en Tetelcingo, “con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas a sus familiares” pues hay “múltiples fallas y vacíos” en el manejo y la identificación de los cuerpos, y que se omitió resguardar las ropas y otros elementos que podrían conducir a la identificación de las víctimas.

También, no existen protocolos o no se aplican en el manejo de los cuerpos, lo que además queda de manifiesto con la forma en la que se siguen tratando los cuerpos en los Servicios Forenses de Jojutla. Al final, las autoridades nunca hicieron esfuerzos para localizar a sus familiares, con ello se ocultaron ilegalmente y se violaron sus derechos.

 

¿Delitos de lesa humanidad?

 

Jacobo Dayán, consultor en Derechos Humanos, coincide en que lo ocurrido en las fosas clandestinas de Tetelcingo podrían constituir delitos de lesa humanidad. Desde su punto de vista, el Derecho Penal Internacional dentro del Estatuto de Roma, entiende como crímenes de lesa humanidad: “a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”.

Además, están también, “h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Pero estos delitos deben reunir al mismo tiempo las características de cometerse como un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

De acuerdo con Dayán, las fosas clandestinas de Tetelcingo trazan “una línea clara para vincularse ese caso como uno más de las prácticas generalizadas o sistemáticas” que se reproducen en el país en medio de la guerra contra las drogas, pues “mantienen los elementos que han sido diagnosticados a nivel nacional por distintos instituciones y organizaciones, y que forman parte del patrón generalizado a que hacen referencia”.

Este patrón establece que “las autoridades no cumplen con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas con adecuada diligencia”, también, “hay múltiples fallas y vacíos en el manejo e identificación de cadáveres, y en la asistencia y protección de los familiares de las víctimas”, tampoco “se hace un esfuerzo claro por localizar a los familiares de las víctimas identificadas. Los familiares siguen buscando a sus desaparecidos mientras el Estado los oculta”.

Y la lista sigue: “Hay una falta de aplicación de protocolos para el manejo de cadáveres, restos y fosas. El Estado carece de registros adecuados; no se realiza el trabajo necesario para identificar todos los cadáveres y restos humanos encontrados y se continúa enterrando sin certificados de defunción oficial; el país vive una crisis humanitaria sin precedentes un nuestra historia. Cientos de miles de víctimas son olvidadas por el Estado”.

Por ello, Dayán coincide con el informe que presentó a mediados de 2016 la organización Open Society Justice Iniciative, titulado: “Atrocidades Innegables: Confrontando Crímenes de lesa humanidad en México”, al presentar la alternativa ante crímenes como los que se reproducen en las fosas clandestinas de Tetelcingo:

“La creación de una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción… Este órgano también puede brindar asistencia técnica a la Procuraduría General de la República / Fiscalía y a la policía de investigaciones; desarrollar propuestas de reforma para el sector judicial para su consideración por parte del gobierno mexicano, el Congreso y el público; y elaborar informes públicos sobre el estado de las reformas del sector judicial y el estado de derecho en México”.

 

Descargar documento>>